Programa de la Declaración de

Morro Alto

Agotada la cuarta edición brasileña de “Reforma Agraria, Cuestión de Conciencia”, la polémica continuaba. El mismo equipo hizo entonces una nueva aportación doctrinal, igualmente muy difundida con el nombre de Declaración de Morro Alto. Reproducimos su Programa de Política Agraria.

Queremos consignar previamente que el presente análisis de la situación agraria brasileña y la elaboración del programa que de él deriva fueron hechos teniendo en cuenta particularmente el principio de subsidiariedad, el papel del cooperativismo y la importancia de la colaboración entre la iniciativa privada y el Poder Público.

Con ocasión de recrudecerse entre nosotros la campaña para la realización de una reforma agraria, es preciso reafirmar que una mera alteración de la estructura de la propiedad rural en el País dejaría intactos los principales problemas con que se enfrenta la producción agropecuaria nacional, tales como los de las semillas seleccionadas, fertilizantes, insecticidas, máquinas, crédito de entre-cosecha y para inversiones, precios compensadores, almacenamiento, comunicaciones adecuadas para una fácil y rápida evacuación de las cosechas, etc. Examinemos un poco tales dificultades.

La causa básica de la posición de inferioridad en que se encuentra el productor rural frente al urbano reside en el carácter aleatorio de su producción. En primer lugar, la cosecha comercializable del agricultor depende de las condiciones climáticas. Además, la renta monetaria de la actividad rural está en dependencia de los precios de mercado de sus productos, que presentan un comportamiento oscilatorio, bajando en las épocas de la cosecha y subiendo en las intermedias. Este fenómeno puede suceder muchas veces por maniobras de los intermediarios. Su causa fundamental, sin embargo, es otra. Radica en la estructura del mercado de los productos agrícolas, la cual se puede observar en todo el mundo.

En realidad, el mercado de los productos agrícolas es competitivo (muchos ofertantes), para el productor rural, y oligopolístico (pocos demandantes), para el comerciante intermediario. En otros términos, la oferta de cada productor rural es relativamente pequeña para influir por su volumen en la determinación de los precios del mercado. Por otra parte, siendo la producción extraordinariamente dispersa, compete a la fase intermediaria promover la formación de depósitos para el abastecimiento regular de la población durante largos períodos.

En estas condiciones, si del lado de la oferta son muchos los participantes en el mercado, del lado de la búsqueda el número es mucho menor, lo cual hace que, en el cómputo general, quepa a los intermediarios mayor influencia en la determinación del precio final, especialmente si ellos pasan a adoptar un comportamiento uniforme, mediante acuerdos tácitos o explícitos.

Hay que notar que, después de todo, los intermediarios, en calidad de empresarios, no controlan el mercado de productos primarios a su gusto. Sus operaciones están en gran parte condicionadas por presiones que nacen del mercado monetario, del sistema crediticio y de las innumerables alternativas de aplicación de recursos que existen en un sistema económico en expansión.

La Declaración de Morro Alto tomó el nombre de la “fazenda” donde fue redactada (foto). Situada en el Municipio de Amparo, Estado de São Paulo, pertenecía entonces a dos directores de la Sociedad Brasileña de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad (TFP).

 Como resultado del fenómeno descrito, o sea, como repercusión del carácter aleatorio de sus rentas, el agricultor tiene difícil acceso al crédito bancario. A causa de este hecho, es muy pequeña la parte de los depósitos de los bancos privados que se dedica al financiamiento de las actividades rurales. Igualmente se comprende que tales establecimientos no quieran arriesgar los recursos de sus depositarios, ante los cuales son responsables, en actividades donde el propio volumen físico puede ser afectado por condiciones climáticas adversas y donde el nivel del precio que se ha de obtener es incierto, por ausencia de una política eficaz de precios mínimos. Por esta razón, es casi exclusivamente el Poder Público quien actúa en ese sector del crédito.

Como consecuencia de varios factores, la producción rural, aunque creciendo globalmente, presenta en los cultivos anuales, individualmente considerados, alternativas de cosechas abundantes y escasas. Si en un año determinado el precio fue satisfactorio como consecuencia de lo reducido de una cosecha, normalmente en el año agrícola subsiguiente la oferta del producto será abundante y su precio bajo. A esa cosecha sucederán una o dos de dimensiones reducidas, las cuales provocarán una elevación de los precios y serán seguidas de nuevas cosechas de grandes proporciones, iniciándose un nuevo ciclo. De esta forma, si en un año existe el problema de la absorción de cosechas excepcionales de maíz, en el año siguiente de cacahuete, después de algodón, etcétera, en otros hay el problema de la escasez de esos mismos productos.

Si el Gobierno pretende, como todos desean, estimular la productividad rural, a fin de que las cosechas sean permanentemente abundantes y el abastecimiento sea regular, sin las perturbaciones que se han hecho frecuentes en los últimos años, debe adoptar una política agraria enérgica, concentrando sus recursos materiales y humanos en la solución de algunos problemas de fundamental importancia. Para la consecución de este objetivo, las autoridades pueden y deben contar con el apoyo de los propios interesados.

Las líneas maestras de esa política son dibujadas a continuación:

1. Estructura del mercado de productos agrícolas

Siendo el mercado de productos agrícolas, del lado de la oferta, competitivo, y del de la demanda por los intermediarios, oligopolístico, no pudiendo los primeros influir, si no es excepcionalmente, en la determinación de los precios, al contrario de los segundos, que lo pueden, es ventajoso en ciertas condiciones que los productores se organicen a fin de que, al menos en parte, sean evitados los inconvenientes que se siguen de esa particular estructura del mercado.

En ese sentido, las cooperativas se han mostrado especialmente eficientes. Estas, reuniendo la oferta de varios productores agrícolas, y organizadas en moldes racionales, constituirían un elemento de contrapeso a la fuerza de los intermediarios. Con su multiplicación surgirían las condiciones para que la oferta de los productos agrícolas discurriera por un proceso con moldes de competencia oligopolística, tal como ocurre por parte de la demanda de los intermediarios.

Claro está que en ese sector la principal tarea incumbe a los propios productores. De su iniciativa, de su espíritu de asociación, dependerá el éxito de la empresa. Cuando sea necesario para apoyar la acción del labrador, le cabe al Poder Público estimular sensiblemente ese movimiento no sólo mediante las disposiciones legislativas adecuadas, mas también por medio de la asistencia técnica y crediticia. Esa acción del Poder Público, bien entendida, puede alcanzar toda la amplitud conveniente sin conducir, de ningún modo, a la hipertrofia o al exclusivismo cooperativista.

Varias serían las ventajas que se seguirían de la difusión del régimen de cooperativas:

a) Garantizarían una mayor estabilidad en los precios que se pagan al productor, reduciendo las grandes variaciones existentes entre la época de la siembra y la de la cosecha, y actuando favorablemente, por su propia índole, como estímulo moralizador en la comercialización de los productos.

b) La renta del productor rural se convertiría en menos aleatoria, permitiéndole hacer previsiones y adoptar iniciativas en esa dirección.

c) El productor podría acrecentar mucho su producción sin el temor de que, una vez obtenidos los productos, fueran éstos vendidos a bajo precio.

d) El fortalecimiento de la posición económica del productor le habilitaría para recurrir al sistema bancario privado para la obtención de créditos.

e) Las cooperativas de productores podrían facilitar grandemente la adopción de nuevas técnicas por los labradores. La práctica ha demostrado una sensible mejoría en este aspecto en los cultivos de los cooperados.

f) De todo esto resultaría para el consumidor la ventaja de la existencia de producto en todas las épocas del año a precio estable.

g) La multiplicación de cooperativas ofrecería a los Poderes Públicos una organización ligada a los productores en condiciones de realizar determinadas tareas, tales como la distribución de simientes, fertilizantes, adquisición de productos eventualmente almacenados, etc. Completando el sistema, se debería, a nuestro parecer, fomentar el régimen federativo de cooperativas, mediante la creación de unidades de nivel local, regional y nacional.

2. Política de precios mínimos

La eficacia de una política de precios mínimos resulta de dos factores. De un lado, en situación de inflación como la que se da en el Brasil, si no hubiera un capítulo de reajuste en los precios establecidos en la época anterior a la siembra, la desvalorización monetaria hará ineficaz el establecimiento de precios mínimos. Por otro lado, si el Poder Público no estuviera en condiciones de adquirir el producto de las cosechas o de sus excedentes, en la eventualidad de que el precio del mercado fuera inferior al de la garantía fijada por las autoridades competentes, esa garantía dejará de existir. El Estado debe ejercer esa actividad con el único objetivo de regular el mercado.

Es claro que hay peligro en tal política. Hay, por ejemplo, la posibilidad de fijación de precios mínimos en niveles arbitrariamente elevados a consecuencia de errores de apreciación. Existe también la posibilidad de que se hagan ganancias de productividad que sean totalmente absorbidas por los productores, cuando podrían beneficiar al consumidor final. Es verdad que este problema surge a largo plazo, mas no debe de ser menospreciado. Tampoco se puede pretender que el Gobierno pase a adquirir toda la producción agrícola del País, para revenderla a los consumidores o a los exportadores. Eso conduciría a un control total de la economía que acabaría en el establecimiento de cupos individuales de producción anquilosando la actividad rural. No es esto lo que se pretende, evidentemente.

Debe el Gobierno, siempre que resulte necesario, estar dispuesto a intervenir adquiriendo la cosecha. No obstante, la actividad de las cooperativas, según los moldes aquí preconizados, y su participación creciente en la constitución de los precios constituiría un elemento de fortalecimiento del mercado, capaz de reducir las necesidades de intervención directa del Gobierno a través de la adquisición de las cosechas. Aun en esa eventualidad, podrían las cooperativas asumir la función de agentes compradores, evitándose o reduciéndose el recurso a firmas interventoras, muchas veces no identificadas con los verdaderos intereses de la clase rural e incapaces, por tanto, de corresponder a las legítimas aspiraciones de ésta.

3. Industrialización rural

La situación económica del productor agropecuario puede también ser mejorada mediante la industrialización o la semi-industrialización de los productos rurales sobre el terreno. Si tales iniciativas quedaran a cargo de las cooperativas de producción, ellas proporcionarían a los labradores el acceso a las ganancias del estamento inmediatamente superior del proceso evolutivo, contribuyendo a mejorarles la renta.

Interesa destacar que la industrialización o enriquecimiento de los productos rurales en el campo, permitirá la utilización de los residuos de tales productos, sea para la alimentación animal, sea para la producción de abonos. Ambos casos son provechosos para el productor rural. Podrá éste, así, dedicarse subsidiariamente a la crianza de aves o ganado a más bajo coste, o mejorar los elementos nutricios de su tierra mediante el empleo de abonos más baratos.

Como se trata de iniciativas que exigen no solamente la inversión de capital, sino también de la técnica que acompaña a los descubrimientos científicos, y también de organización comercial, será más fácil y rápido introducir esa práctica mediante estímulos concedidos a las cooperativas de productores, en especial créditos para ampliaciones.

4. Almacenes, silos y sus complementos

La política aquí preconizada abarca también la necesaria construcción de una amplia red nacional de almacenes y silos, capaz de permitir la formación de depósitos reguladores que se orienten no solamente al abastecimiento normal de las poblaciones urbanas, sino también a asegurar al productor rural una remuneración condigna.

Es sabido que la falta de uniformidad de muchos géneros cultivados entre nosotros constituye un obstáculo para el ensilado en gran escala. Cabe aquí una recomendación a los Gobiernos Federal y de los Estados en el sentido de que se esfuercen por mejorar y ampliar sustancialmente la oferta de semillas y esquejes seleccionados a la agricultura. La obtención de buenas estirpes de vegetales, unida a la asistencia técnica, unida a investigaciones agronómicas, en las actuales circunstancias, sólo puede quedar a cargo del Poder Público.

Además del esfuerzo para la uniformidad de ciertos cereales, el sistema de silos y almacenes deberá ser complementado con la adopción de normas crediticias adecuadas, que permitan una rápida movilización, por los productores rurales y sus cooperativas, de los valores correspondientes a las cosechas almacenadas o depositadas.

5. Crédito

Este problema, varias veces mencionado en este documento, exige una solución valiente por parte de las autoridades monetarias del País. La agricultura se encuentra en una situación de inferioridad en la competición con otras actividades para la obtención de crédito (plazo e intereses); el tiempo de maduración de lo emprendido y el carácter semicapitalista de la investigación, además de los factores ya mencionados, relativos a los precios de los productos agrícolas y a la remuneración de los productores explican esa situación de inferioridad.

Algunos de esos factores desfavorables a la explotación rural tendrían su acción en buena parte anulada por la difusión del sistema cooperativo y del seguro agrícola.

Si hay menos incertidumbre respecto de los precios que han de ser recibidos por el agricultor, y si su renta es mayor, mejorará su posición ante los bancos públicos o privados.

Si, además de eso, el Gobierno adoptara normas tendentes a facilitar la concesión de crédito a los labradores, bien directamente, o bien mediante concesiones especiales de redescuento para los títulos representativos de los empréstitos hechos así, la producción rural tendrá asegurado un gran desahogo, estimulándose sensiblemente su expansión. Tal política sería conjugada con la de crédito para productos depositados en almacenes y silos, y con financiamientos a plazos medio y largo para iniciativas.

En tal programa deberían ser considerados con normas especiales los pequeños productores, estudiándose principalmente los medios de extender esos beneficios a los arrendatarios pequeños y medios, y a los medieros, incluso cuando no se les pudiera integrar en cooperativas. Los trabajadores rurales que producen en régimen de aparcería, ejerciendo con ello una actividad en cierto modo intermediaria entre la del asalariado y la del agricultor, encontrarían frecuentemente en esta forma el acceso a la clase de los propietarios.

6. Fertilizantes e insecticidas

En el momento en que se pone tanto énfasis en el aumento de la productividad en la agricultura, el Gobierno debe afrontar y resolver definitivamente el problema de la producción nacional en gran escala de insecticidas y fertilizantes. La industria petroquímica exige inversiones de tal magnitud, que en la actual fase de desenvolvimiento económico del País, difícilmente podrá ser abordada esa cuestión sin el concurso del Estado. Sólo una gran industria de fertilizantes podrá abaratar su producción, lo cual redundará, para el labrador, en una reducción de los costes de producción, que a su vez tenderá a beneficiar indirectamente a los consumidores de las ciudades y a la exportación.

7. Mecanización

Estamos lejos de afirmar que la mecanización de la agricultura por sí sola, constituya una panacea para el aumento de la productividad rural y la expansión del volumen de la producción. La vemos como una alternativa para la mano de obra, o sea, como sustituto para ésta donde escasee o donde los salarios tiendan a elevarse en proporciones acentuadas. Considerando el problema bajo su aspecto económico, se debe afirmar que los elevados precios de la maquinaria, en especial de los tractores de producción nacional, hacen su utilización sencillamente prohibitiva. Deben los Poderes Públicos estimular la racionalización de esa industria de manera que sus productos se vuelvan más asequibles a los labradores nacionales. Para un mercado estrecho como el brasileño, no se puede pretender el sostenimiento de varios productos de la misma serie. Deberíamos optar por un menor número de modelos y tender a la uniformidad de su producción, de manera que las ganancias resultantes de ella viniesen a beneficiar directamente al productor rural mediante precios más bajos para esas máquinas e indirectamente al consumidor, por el abaratamiento de la producción agropecuaria.

8. Seguro Agrícola

Además de las dificultades apuntadas, la agricultura se resiente de falta de un bien estructurado, eficaz y generalizado sistema de seguro agrícola, que garantice al agricultor contra la helada, las lluvias o sequías excesivas. El coste de tal sistema, una vez implantado, sería disuelto en la producción, y su peso sobre el peso unitario final para el consumidor, no sería excesivo, supuesto que la adopción de la política aquí preconizada llevase al aumento de la productividad por área cultivada. El seguro estimularía a los bancos particulares a dedicar mayor parte de recursos al crédito rural.

Una institución del alcance necesario para atender a esa finalidad probablemente sólo podrá ser organizada satisfactoriamente, en las actuales circunstancias, por el Poder Público, el cual induciría al sistema bancario o privado del País, mediante estímulo, a asociar sus capitales para la realización de tal empresa.

9. Política de precios

Las actividades agropecuarias han sido víctimas de tasas unilaterales, fijándose precios para sus productos sin que los relativos a los artículos que les son necesarios, y cuyo coste entra en la composición del precio final de aquellos productos, hayan sido, igualmente, tasados. Para impedir desequilibrios y distorsiones en el sistema económico nacional, sería menester que las tasas de precios, siempre que fuera necesario recurrir a ellas, con carácter transitorio, no se restringiesen solamente a los últimos estamentos, dejando libres los precios de los productos que entran en su respectiva composición. Por ejemplo, si se pone tasa a la leche, y el cumplimiento de la tasa se fiscaliza con rigor, lo mismo se debe hacer con el precio de las raciones, remedios, etc., para los animales productores.

La práctica revela que adoptada la tasación de los precios en cualquier sector, la tendencia será de extender su incidencia, para evitar distorsiones en el mercado. De aquí que se deba de hacer el mayor esfuerzo posible para evitar tal medida, adoptándola las autoridades solamente en situaciones de emergencia y a título provisional. El abaratamiento del coste de la vida debe de ser buscado mediante una oferta abundante y regular de géneros a la población, como se garantiza que el sistema aquí propuesto podría hacer, y no criando artificialismos que tienden a conferir una excesiva rigidez a la economía del mercado, impidiendo que ella se adapte a las mudanzas de la realidad con la necesaria rapidez.

10. Programa de colonización y parcelación agrícola

La ocupación de las tierras nuevas del País, así como de las pertenecientes al Poder Público en sus varias esferas administrativas, debe de ser llevada a cabo mediante bien elaborados programas de colonización que tengan en debida cuenta el papel pionero que siempre tuvo entre nosotros en ese particular la iniciativa privada. En esa actividad mucho podrán auxiliar las empresas particulares de colonización, pudiendo las autoridades adoptar normas para el estímulo de la expansión de las existentes y la creación de otras nuevas, capaces de merecer la confianza del público y de captar sus ahorros para su aplicación en ese importante campo de actividades. Las parcelaciones, la asistencia técnica y sanitaria, la salida de la producción, etc., deberán constituir importantes preocupaciones de un programa de colonización.

Al elaborar tales planes no deben las autoridades nacionales optar por divisiones obligatorias, sino dar incentivos a la explotación de aquellos productos que tengan condiciones para un rápido progreso, y que correspondan a las necesidades del consumo y a las posibilidades de exportación.

11. Planos de las cosechas

Entre las varias dificultades sufridas por la agricultura, que deberán indicar los rumbos de una política agraria de expansión y estímulo, debe hacerse mención especial de la necesidad de que se adopten, por las autoridades competentes, directrices firmes, capaces de infundir confianza al labrador, y cuyas finalidades sean fácilmente captadas por él, de modo que se evite el clima de incertidumbre y descontento en que vive y se le dé la necesaria confianza para la expansión de sus actividades.

En este particular, los más sacrificados han sido los cultivadores de café, siempre preocupados con la elaboración de la regulación de los embarques de la cosecha de su producto, y frecuentemente sorprendidos con medidas drásticas y de carácter inmediato que apuntan, principalmente, a la política cambiante del Gobierno y sus necesidades de recursos financieros. Es imprescindible que el Gobierno federal, en la elaboración de la regulación anual de los embarques, dirija más su atención a las necesidades crecientes del labrador y a su situación de extrema dependencia de las normas consustanciales en tales políticas parciales, acordándose de las repercusiones nefastas de sus indecisiones y atrasos.

12. Los abusos de la iniciativa particular

Si el presente documento reconoce la gran importancia de la  actuación de los particulares para la solución de los problemas apuntados en el sector rural de la economía brasileña, no se propone, evidentemente, ignorar los abusos ni justificarlos. Sus abajo firmantes se sienten totalmente libres de culpas y en condiciones de deplorar los abusos de poder practicados por ciertos grupos particulares que presionan a los productores o a los consumidores, tratando de enriquecerse con lucros extraordinarios a costa de ellos. Quede, pues, bien establecido, que el énfasis dado a la importancia de la iniciativa privada en una política agraria sana no ignora los abusos que en su ámbito se han practicado, exigiendo igualmente del Gobierno que para la propia supervivencia de aquélla, tales abusos sean debidamente reprimidos.

13. Política salarial

El problema salarial de los trabajadores rurales ha sido constantemente señalado como si estuviera exigiendo una reforma agraria que convirtiese a los asalariados mal remunerados en prósperos pequeños propietarios. Se trata de una simplificación muy corriente en los debates sobre la materia, que no resiste el más ligero examen.

Si los salarios de los trabajadores rurales son bajos, eso se debe, principalmente, a la baja renta monetaria del sector agropecuario de la economía brasileña, cuyas causas fueron sumariamente expuestas en el análisis precedente. Interesa hacer notar que, en el actual estadio de desenvolvimiento económico en que se encuentra el País, las actividades rurales no pueden competir con las urbanas en materia salarial. Igualmente, lo natural, dado el presente estadio, es que haya una transferencia de población del campo a las ciudades, y que una de las atracciones que éstas ejerzan sobre los habitantes de las zonas rurales, sea la de una renta nominal más elevada, la cual, en general, no les asegura mayor bienestar material. La disparidad entre los salarios urbanos y rurales no puede, por tanto, en las actuales circunstancias, ser echada en cara como anomalía necesitada de urgente corrección. Además, el fenómeno no es propio del Brasil, sino que se observa en la mayoría de los países.

Cumple señalar, además y sobre todo, que la mejoría de las condiciones de vida del trabajador rural debe seguirse, en buena parte, de su propio esfuerzo en el sentido de mejorar sus aptitudes y conocimientos prácticos.

En ese sector —al que ya se refirió extensamente la parte introductoria de este documento— hay mucho que hacer. Nos cumple insistir en algunas de las medidas allá recordadas, comentar y sugerir otras. La difusión de centros de entrenamiento y de escuelas técnico-agrícolas, que el Poder Público está en condiciones de realizar, podrá contribuir mucho para la mejor calificación de la mano de obra rural, y por la vía del aumento de su productividad, para la mejoría del nivel salarial en el campo.

La propia ampliación del mercado de trabajo para agrónomos, zootecnistas y veterinarios puede concurrir a ese resultado.

La mejoría gradual de las técnicas agrícolas y pecuarias constituye hoy más que nunca un grave deber de agricultores y ganaderos. Para eso es recomendable que los Poderes Públicos orienten preferentemente para la investigación a los agrónomos, veterinarios y zootécnicos que tienen en sus cuadros de funcionarios, y que tanto los agricultores como los ganaderos estimulen por medio de la adecuada remuneración a los técnicos que ejercen su profesión por iniciativa propia.

Está claro que la tarea de “formar” al trabajador rural no puede ser abordada solamente bajo el aspecto económico; ella implica también aspectos morales y sociales, que abarcan la actuación de la Iglesia y de los patronos. De cualquier forma no se debe olvidar el principio salvador de la doctrina católica, según el cual, el establecimiento de los niveles salariales está condicionado no sólo por las necesidades del trabajador rural y de su familia, sino también por las posibilidades concretas de atenderlos tanto en lo referente a la situación general de la economía, como a la situación particular de la empresa de que se trata. El salario no puede ser justo si destruye el bien común. (Cfr. Pío XI, “Quadragresimo Anno”, y Juan XXIII, “Mater et Magistra”).

Finalmente, no puede silenciarse el hecho de que la responsabilidad del propietario rural por sus empleados es mayor que la del empresario urbano. Sobre aquél recaen íntegramente unas responsabilidades de naturaleza social que en la ciudad son en gran parte atendidas por organismos estatales o privados. La eventualidad de problemas humanos y de asistencia social y sanitaria, atendidos por el propietario rural, implica una carga para éste, los cuales deberían ser cargados a cuenta de una prestación de servicio a los trabajadores, si se pretenden comparar los salarios de la ciudad y los del campo. Un ejemplo de esa actividad social se encuentra en el hecho de mantener frecuentemente los agricultores, a su servicio, trabajadores viejos, que normalmente no serían admitidos como funcionarios en las actividades urbanas.

En ese campo de la actividad social del propietario agrícola se debe decir una palabra referente al problema de la vivienda. Las viviendas ofrecidas a los trabajadores son, muchas veces, precarias, no disponiendo los agricultores de los capitales necesarios para reconstruirlas según unos patrones más modernos de confort. Para remediar esa situación, los agricultores necesitan que se concreten unos planes de vivienda para el campo, finalidad para la cual podrían, eventualmente, obtenerse auxilios internacionales. El éxito de esos planes tendría, entre otras ventajas, la de contribuir a evitar que la seducción de los grandes centros entre aquella gente atraiga los contingentes demográficos necesarios al campo.

En la Hacienda de Nuestra Señora del Morro Alto — Municipio de Amparo —, el 8 de septiembre de 1964, Festividad de la Natividad de Nuestra Señora.

Antonio de Castro Mayer

Obispo de Campos

Geraldo de Proença Sigaud, S.V.D.

Arzobispo de Diamantina

Plinio Corrêa de Oliveira

Luiz Mendonça de Freitas