Con Maastricht...

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Año  XV - Núm. 169. Director: José Francisco Hernández Medina. Diciembre de 1992, págs. 1, 5 a 10

"Los fusilamientos de la Moncloa" (Goya)

¡Oh cruel paradoja! En el V centenario de la recuperación de la integridad territorial, España desaparece como nación independiente. En este trascendental año de 1992, TFP-Covadonga ha levantado su afirmativa voz de alerta en defensa de la civilización cristiana en dos campañas casi simultáneas: una para glorificar a los que devolvieron a España el señorío de su territorio integral, los Reyes Católicos, y otra, para hacer ver al pueblo español la nefasta acción de aquellos que quieren entregar nuestra independencia en las manos de un super-gobierno impersonal, anónimo y tiránico, con sede en Bruselas hoy, como podría ser mañana en Nueva Dheli, o en Túnez. Ofrecemos en este número el esclarecedor documento sobre el tratado de Maastricht, titulado "Ante la eutanasia de España", en el que solicitamos que se convoque un referéndum. 

Ante la eutanasia de España

TFP-Covadonga apela a los ilustres miembros de las Cortes, al presidente de Gobierno y a S.M. el Rey para que convoquen un referéndum sobre el Tratado de Maastricht

En un momento tan trascendental para el destino de España, TFP-Covadonga solicita a Su Majestad el Rey, y a VV. EE., su especial atención para el asunto de importancia extrema que exponemos a continuación.

Se encuentra en avanzado estado la tramitación del proyecto de Ley Orgánica que ratifica el Tratado de Maastricht, firmado por los Jefes de Estado y de gobierno de los Doce, el 7 de febrero del presente año. Hay muchas razones para suponer que será aprobado por el Senado, y posteriormente, sancionado por el presidente de Gobierno, Felipe González y V.M. el Rey.

En juego la supervivencia de España como nación soberana

Ahora bien, dicho Tratado posee un carácter incontrovertiblemente contrario a la soberanía nacional. Por ello, la decisión de V.M. y VV. EE. adquiere la dimensión histórica de un acontecimiento en que se juega la supervivencia de España.

En efecto, el Tratado de Maastricht reforma a fondo los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea — el de París del 18/4/51 (CECA), y los de Roma del 25/3/57 (CEE y Euratom) —, de manera a otorgarles una importancia política para la CEE, análoga a la que tiene la Constitución en un país soberano. De esta forma, Maastricht da un osado paso para formar un poder único supra-nacional — la Unión Europea — rigiendo un mar de corpúsculos regionales, donde los Estados nacionales se habrán esfumado. Y bajo el cual, por ende, España dejaría de existir como nación libre y soberana.

El Tratado invade el área específica de las soberanías nacionales en, al menos, cuatro puntos capitales. Cada uno de ellos es enteramente suficiente para caracterizar la extinción de la soberanía nacional; a saber:

1) instaura una moneda única administrada por un sistema monetario europeo centralizado, eliminando las monedas nacionales (Título II, artículos 102A y siguientes). Para ello, Maastricht incluye un pormenorizado programa de acción, con fechas fijas y metas irrevocables;

2) absorbe la política exterior y de defensa de los Estados-miembros, llegando, por fin, a suprimir las relaciones exteriores independientes de cada nación y a fundir los ejércitos en un único cuerpo armado (Título V);

3) establece una "ciudadanía europea" dando derecho, para comenzar, a que los ciudadanos de un país de la CE puedan votar y ser votados en cualquier otro Estado-miembro, en las elecciones municipales y para el Parlamento europeo (Título II, artículos 8 al 8 A);

4) acelera la homogeneización de los Poderes Judiciales y de las policías nacionales, asentando, también de entrada, el principio de la política única de visados (Título VI).

El Tratado es tan constrictivo que no admite siquiera el derecho de retirarse, por lo que si España entrase en él ya nunca podría echarse atrás. No existe ninguna cláusula que mencione esa posibilidad ni el procedimiento para hacerlo. Súmese a ello que Maastricht tiene una "duración ilimitada" (Título VII, artículo Q) al igual que el Tratado fundacional de Roma (Parte 6, artículo 240), y no será difícil ver cuánto violenta Maastricht las soberanías nacionales en este punto neurálgico.

El propio Presidente de Gobierno, Felipe González, ardiente postulador de Maastricht, ha reconocido que el Tratado va tan lejos como puede, anhelando que se radicalice más: "Es un nuevo paso en la sopranacionalidad en aquellos elementos en que es posible y conveniente darlo (...) [se trata] de un paso intermedio pero irreversible" (Ideal, 5/10/92).

Cruel paradoja

Resulta por lo menos paradójico que, en el año en que España conmemora el V Centenario de la recuperación de la integridad del territorio nacional, con la expulsión de los moros de Granada por los Reyes Católicos, S.M. el Rey, el Gobierno y las cortes ratifiquen un Tratado que hace tabla rasa de las súplicas, sangre y lágrimas, derramadas por innumerables generaciones de españoles, durante más de un milenio y medio de existencia como pueblo católico, contra el invasor mahometano primero, hasta la victoria, en nuestro siglo, sobre la secta roja que pretendía someternos al malhadado imperio soviético.

Han sentido desde siempre los españoles que mientras no se ejerciese, de modo concreto y absoluto, el poder de sus reyes sobre todo el territorio patrio, España no podía considerarse dueña de sí misma, porque mientras potencias extranjeras — como las mahometanas — o Internacionales — como la marxista — extendiesen su influencia sobre partes de nuestro suelo o del poder supremo de la Nación, España estaba condicionada por fuerzas ajenas que la conducían por rumbos contrarios a su identidad cultural, social, política y religiosa.

Si hasta la preciosa — pero geográficamente pequeña — península de Gibraltar ha despertado siempre el vivo patriotismo de cuantos la desean reintegrada al país por vías legítimas, se comprende que el Tratado de Maastricht, amenazando el señorío de España sobre su política interior y exterior, su ejército y su moneda, clame por una amplia consulta a todos los españoles, afectados personalmente por un paso de tamaña trascendencia.

La indivisibilidad natural de la soberanía de un pueblo se manifiesta en el hecho de que no puede renunciar de modo alguno ni a una política exterior independiente ni a despojarse de sus facultades de defensa propia y de legítimo ataque, derivadas del orden natural de las cosas, o sea, de decidir por sí misma sobre cómo utilizar sus recursos y su territorio. Los poderes soberanos de las naciones libres siempre entendieron que esto está plenamente de acuerdo con la moral y los Tratados internacionales. Despojado de alguno de estos elementos, un Estado es gravemente mutilado en su soberanía, y, según el caso, su poder soberano irremediablemente destruido.

Por el contrario, en estas materias esenciales, según el Tratado de Maastricht, la nueva Unión Europea se erige sobre los Estados-miembros como poder soberano, pues al dictar los principios y orientaciones generales de su política exterior y de defensa, los objetivos concretos y los métodos para alcanzarlos, al asumir su representación en los foros internacionales y al controlar su obediencia a lo dispuesto, los coloca bajo su jurisdicción. A los países signatarios sólo les queda someterse dócilmente al nuevo poder.

En efecto, el Tratado dispone que la política militar y de relaciones exteriores de la naciente Unión Europea "abarcará todos los ámbitos de la política exterior y de seguridad" (Título V, art, 7.1, 1). "Los Estados miembros apoyarán activamente y sin reservas la política exterior y de seguridad de la Unión, con espíritu de lealtad y de solidaridad mutua. Los Estados miembros se abstendrán de toda acción contraria a los intereses de la Unión o que pueda perjudicar a su eficacia (...) El Consejo velará por que se respeten estos principios." (Título V, art. J.1, 4).

"La política exterior y de seguridad común, abarcará todas las cuestiones relativas a la seguridad de la Unión Europea, incluida la definición, en el futuro, de una política de defensa común, que pudiera conducir en su momento a una defensa común" (Título V, art. J.4, 1). "Los Estados miembros velarán por la conformidad de sus políticas nacionales con las posiciones comunes." (Título V, art. J.2, 2). "En materia de política exterior y de seguridad común, la Presidencia asumirá la representación de la Unión (...) será responsable de la ejecución de las acciones comunes; en virtud de ello expresará en principio la posición de la Unión en las organizaciones internacionales y en las conferencias internacionales" (Título V, art. J.5, 1 y 2). "El Consejo Europeo definirá los principios y las orientaciones generales de la política exterior y de seguridad común. (...) el Consejo tomará las decisiones necesarias para definir y ejecutar la política exterior y de seguridad común (...)" (Título V, art. 1.8, 1 y 2).

Atentado mortal contra la identidad cultural de España

La indivisibilidad de la soberanía resplandece de un modo quizás aún más sensible, en lo que toca a la integridad cultural de la Nación.

"Existe una soberanía fundamental de la sociedad que se manifiesta en la cultura de la Nación", afirmó S.S. Juan Pablo II, ante la UNESCO, en París, el 2 de junio de 1980. Y añadió: "Vigilad, por todos los medios a vuestro alcance, esta soberanía fundamental que posee cada Nación en virtud de su propia cultura. Protegedla como la niña de vuestros ojos para el bien del porvenir de la gran familia humana. iProtegedla! No permitáis que esta soberanía fundamental sea presa de ningún interés político o económico." ("Insegnamenti di Giovanni Paolo II", vol. III-1, Libreria Editrice Vaticana, 1980, p. 1648).

¿A quién le extrañaría que el pueblo español manifestase vehementemente su desacuerdo, si el super-poder instaurado por Maastricht, quisiese prohibir costumbres vituperadas por ciertos europeístas, como las corridas de toros; o reclamase la catedral de Córdoba, los restos del apóstol Santiago en Compostela, o el propio Pilar de Zaragoza, en aras de algún supuesto interés común de la Unión Europea? Conforme el caso, la herida causada al españolismo seria más profunda que si se hubiese amenazado alguna parte del territorio nacional.

Maastricht, sin embargo, inaugura de un plumazo un proceso gradual y evolutivo, que prevé amplios desarrollos ulteriores en todas las áreas de actividad del hombre y de la cultura. Al acelerar la homogeneización de las políticas interiores de los Estados-miembros, el Tratado hará sentir su impacto sobre las leyes que rigen el conjunto de la vida española.

Silencios y oscuridades de Maastricht

Al mismo tiempo que Maastricht disuelve las soberanías e identidades nacionales, guarda un sorprendente mutismo sobre cuestiones moral y culturalmente decisivas, que resquebrajan la unidad de los pueblos, minan el orden público, y siembran la contradicción entre los principios básicos de la propia CEE, por discutibles que sean.

* Conflictos con inmigrantes de costumbres diferentes. La tan lamentada heterogeneidad étnica y cultural de las corrientes inmigratorias acogidas en Europa a partir de los años 60 impone problemas que generan incomprensiones y choques en la convivencia entre europeos, y esto bajo la creciente y simultánea convergencia de presiones migratorias del Este y del Sur propias a agravarla cada vez más y llevarla eventualmente al caos.

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"Vigilad, por todas los medios a vuestro alcance, esta soberanía fundamental que posee cada Nación en virtud de su propia cultura.

¡Protegedla! No permitáis que sea presa de ningún interés político o económico." Juan Pablo II.

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Esta perspectiva, que hasta hace poco parecía quimérica, hoy levanta una inquietud generalizada. Solamente en el año de 1990 ingresaron por Algeciras 2.398.838 inmigrantes del Magreb y Africa, con destino a toda Europa (El País, 20/6/91). Entre éstos se cuentan los alrededor de 600.000 musulmanes que van a cumplir el precepto coránico del Ramadán en tierra de "creyentes" y después regresan a la tierra de los "infieles" — léase Europa — formando colosales caravanas de coches, llamadas "látigo de Alá". En los últimos cinco años, unos 150.000 magrebíes han cruzado ilegalmente el Estrecho. Al menos mil de ellos habrían muerto o desaparecido durante el intento a bordo de pateras, según estimaciones de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, hechas en base a los 300 cadáveres recogidos en aguas y playas españolas (El Mundo, 24/10/92).

El movimiento migratorio promete aumentar, especialmente ante la perspectiva de la construcción de un puente sobre el estrecho de Gibraltar, acordada el 4 de julio de 1991 por S.M. Juan Carlos I y el rey Hassan II de Marruecos, dentro del marco del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países (Cambio 16, 8/7/91). Se prevé que pasen por él trece millones de personas por año (L'Osservatore Romano, 10/8/90). Ya han sido presentados tres proyectos para este puente (Ideal, 18/6/92).

Se multiplican cada vez más los disturbios y violencias en torno a grupos de inmigrantes ilegales, sobre todo magrebíes. Una muestra de ello ha sido la tensión social instalada en la hasta hace poco tranquila localidad zaragozana de La Almunia de Doña Godina. Después de numerosas quejas de vecinos por el aumento de la criminalidad y brotes de infección debidos a la falta de higiene en que vivían estos inmigrantes, tuvieron lugar en el mes de agosto amplias redadas policiales, especialmente entre los hacinados en la casa conocida como "El Fuerte" (ABC, 19/8/92; Heraldo de Aragón, 19 y 20/8/92). En La Pinada de Fraga (Huesca) los enfrentamientos entre grupos de vecinos e inmigrantes argelinos llegaron a reunir doscientas personas armadas de palos (Heraldo de Aragón, 7 y 8/8/92; El Mundo, 21/8/92). En los mismos días un temporero español fue apaleado y arrojado brutalmente desde lo alto de un puente por un grupo de magrebíes en Ricla (Zaragoza) (Heraldo de Aragón, 17/8/92).

La poligamia, la excisión (ablación ritual de parte de los órganos sexuales femeninos en la pubertad), la venta de jóvenes destinadas al matrimonio u otras costumbres análogas practicadas por mahometanos, pasan a los ojos de la población nacional e inmigrantes de otra procedencia como brutales y salvajes, y crean ocasiones de mutuo desprecio, fácilmente capaces de degenerar en conflictos internos e incluso internacionales.

En la Facultad de Ciericias de Granada, el 8 de agosto pasado, se manifestó otra centella anunciadora de tales conflictos. Más de trescientos juristas islámicos europeos, participantes del VI Congreso de Jurisprudencia Islámica, renovaron la "condena" de muerte pronunciada por el ayatolá Jomeini contra el escritor inglés Salman Rushdie por ofensas al Corán. El responsable del Congreso, Ibrahim Pérez Tello, negó a Rushdie hasta la posibilidad de retractarse y defendió que primero debía ser ejecutado "y luego el juicio", porque según la singular concepción jurídica mahometana, el escritor "condenado" practicó "un acto de tal magnitud que no puede tener juicio. (...) Rushdie está definitivamente muerto. El hecho de retractarse equivale a la retractación de alguien que ha muerto". Además, esos juristas islámicos condenaron el modo de vida y de producción occidental y propiciaron "volver, incluso, al viejo sistema de trueques y caravanas" (El País, 8/8/92).

* El laicismo de Estado en un dilema irresoluble. El laicismo ha sido impuesto como valor básico en la mayor parte de los Estados-miembros de la CEE, como es el caso de España, pero esos Estados se podrán encontrar en la contingencia de admitir, de un momento a otro, un número aún mayor de inmigrantes del Sur y del Este educados en principios diametralmente opuestos.

El carácter visceralmente confesional de la cultura mahometana, puede llevar a que se instalen en determinadas zonas de España eventuales mayorías de inmigrantes musulmanes que prohíban la conversión a otra religión que no sea la del Corán, y esto bajo pena de muerte.

¿Podría ser extirpada, de hecho, esta prohibición de conversión y proselitismo, mediante la represión legal y policial de las autoridades de un Estado de acogida como el español, europeo y laico?

¿Cual será el efecto en una nación de mayoría católica, donde el mahometanismo u otras creencias igualmente intolerantes exterminan impunemente apóstoles o prosélitos de religiones que no son las suyas?

¿Qué repercusiones tendrá el libre ejercicio de principios confesionales tan singulares y estrictos como los del mahometanismo, que pueden parecer feroces a los españoles?

En efecto, pese a que el Corán contiene una frase de tolerancia para con cristianos y judíos — llamados "pueblos del Libro" —, declara en numerosos versículos que quienes creen en el dogma de la Santísima Trinidad y en la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo son "impíos", "idólatras" y "blasfemos", y deben ser reducidos a un estado de humillación — la dhimma - o exterminados: "Sí, los que dicen: Dios es el tercero de tres son impíos (...) Si no renuncian a lo que dicen un terrible castigo les acaecerá" (V, 73); "Si, los que dicen Dios es el Mesías, hijo de María, son impíos" (V, 72); "Combatida los que no creen en Alá, que juzgan lícito lo que Alá y su profeta declararon ilícito, así como aquellos de entre los pueblos del Libro que no practican la religión verdadera, hasta que paguen el tributo, humillados y con sus propias manos" (IX, 29); "Combatidlos (...) hasta que no haya otra religión sino la de Alá" (VIII, 39); "¡Hacedlos prisioneros! ¡Sitiadlos! ¡Armad emboscadas contra ellos!" (IX, 5); "Ningún profeta pudo hacer prisioneros sin antes haber cometido masacres en la tierra" (VIII, 67); "No aflojéis y no pidáis la paz mientras seáis los más fuertes" (XLVII, 35).

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La extraña prisa que se han dado las Cortes y el Gobierno en esta materia resulta inexplicable para incontables españoles

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Estas exhortaciones se han materializado por ejemplo en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el Islam, adoptada por gobiernos mahometanos y proclamada el 19 de septiembre de 1981 en la sede de la UNESCO en París, la cual no admite el cambio de religión. Estipula además el "principio de unidad de la única religión verdadera" y reafirma el deber sagrado de todo musulmán de difundir las enseñanzas del Islam y aplicarlas a la sociedad que lo rodea.

Esto se traduce hoy en crueles ejecuciones de ex-mahometanos convertidos al cristianismo, en asesinatos, genocidios y esclavitud de cristianos — católicos, cismáticos o protestantes — sobre todo donde existen misiones en tierras de Islam, particularmente Sudán, Egipto, Somalia y Nigeria (cfr., p. ejem., "Mundo Negro" años 1990, 1991, 1992). La Conferencia Episcopal Alemana celebró una jornada por la iglesia perseguida en tierras del Islam, el 5 de mayo de 1991. En ella, el Card. Franz Hengsbach, obispo de Essen, lamentó que "cristianos sean discriminados, perjudicados e incluso frecuentemente perseguidos por miembros de esa religión [el mahometanismo]" . En octubre de 1990, el obispo D. Macran Max Gassis, de El Obeid, Sudán, declaró en Regensburg que los cristianos estaban amenazados de exterminio. Afirmó que está habiendo un holocausto y los catequistas están siendo crucificados (Secretaría de la Conferencia Episcopal Alemana, Instrumento de trabajo, Bonn, 1991).

La saña perseguidora mahometana envió a principios de este año cerca de 400.000 sudaneses al desierto, sin agua ni víveres, poniéndoles la condición de convertirse al Islam para salvar la vida. S.S. Juan Pablo II evocó recientemente ante los obispos del Sudán, los perjuicios derivados de la aplicación de la Sharia o lei islámica, especialmente la "persecución de sacerdotes, religiosos y catequistas, la expulsión de misioneros, la prohibición de una legítima expresión de fe, la falta de auténtica libertad en las conversiones" y el hecho de que los bautizados sean considerados "como extranjeros en su tierra natal" (L'Osservatore Romano, 3/10/92).

No se trata pues de prácticas criminales de minorías fanatizadas, sino de una peculiaridad esencial al islamismo. El padre Maurice Borrmans, del Pontificio Instituto de Estudios Arabes y de Islamismo, destacó: "El Derecho musulmán prohibe al mahometano abandonar su religión por otra y castiga con sanciones gravísimas semejante transgresión. El principio de libertad religiosa que reconoce a todo adulto el derecho de optar por la religión que elija, aparece actualmente difícil de ser aceptable y aplicable, desde el punto de vista de la sociedad musulmana" ("Orientamenti per un dialogo tra cristiani e musulmani", Pontificia Università Urbaniana, Roma 1991, p. 120).

* El liberalismo en la encrucijada. Ante ello, es justo preguntarse si la entera liber tad de unos y de otros es siempre el factor más activo de mutua comprensión entre sectores de población diferentes, religiosa y culturalmente, que coexisten en un mismo país de acogida o en Estados-miembros colindantes, o si la verdad está precisamente en lo contrario.

* La enseñanza religiosa en las escuelas. Si en un Estado oficialmente católico existe algún sector de la población cuyos miembros profesan otra religión, la Iglesia tolera que les sea impartida la enseñanza de esa religión. A fortiori lo tolera, cuando el Estado no es oficialmente católico.

En cualquier caso, los gastos de dicha enseñanza deben correr por cuenta de quienes la reciben, o de sus respectivos padres, cuando se trata de alumnos que por su joven edad no tienen recursos propios.

Sería injusto obligar que esos gastos estuviesen a cargo de la Iglesia Católica que califica a esas religiones como falsas, pues nadie puede ser obligado a financiar el error o el mal.

Desdén comunitario hacia la opinión popular

Al elevar a Vuestra Majestad y a VV. EE. esta somera enumeración de algunas de las devastadoras consecuencias de la aplicación del Tratado de Maastricht, y de las no menos pavorosas perspectivas que se incuban detrás de sus intencionales silencios, es imposible no reconocer que la gran mayoría de los españoles ha sido mantenida en la ignorancia del verdadero alcance del Tratado en cuestión.

En efecto, la existencia de ese Tratado, así como su tramitación en Las Cortes, habrían transcurrido en la sordina si un primer toque de rebato, proveniente de la culta pero pequeña Dinamarca, no hubiese alertado las naciones europeas sobre el peligro que se cernía sobre ellas. Y si, en un segundo momento, la estrecha ventaja del "sí" en el plebiscito francés, no hubiese dejado patente a los ojos del mundo con cuanto desdén hacia la opinión popular es conducida la unificación europea y cuán lejos se encontraban los líderes políticos — en su inmensa mayoría partidarios del utópico sueño de Maastricht — del electorado al cual se jactan de representar democráticamente.

Mientras tanto, salta a los ojos que en el breve plazo transcurrido entre la tremenda lección representada por el 49% de rechazo de los electores galos a Maastricht —el 20 de septiembre pasado—, y el 1 de enero de 1993 —fecha estipulada para presentar las ratificaciones de los países signatarios—, el pueblo español no ha recibido aún el amplio, profundo e indispensable esclarecimiento que es condición básica de un genuino funcionamiento democrático.

La extraña prisa que se han dado las Cortes y el Gobierno en esta materia resulta inexplicable para incontables españoles, sobre todo después que los Parlamentos europeos paralizaran durante meses los trámites de ratificación en la expectativa del resultado del plebiscito francés, como si temiesen ser desmentidos por la voluntad popular.

Francamente, no se consigue entender como una construcción del tipo de la Comunidad Europea, que se proclama democrática hasta la médula, sea víctima de escalofríos cuando se hace necesario auscultar lo que realmente quiere, lo que realmente piensa el pueblo, el cual sin embargo es soberano, de acuerdo con la misma doctrina democrática.

Nada habría sido más lógico y natural que, desde un primer momento, los mentores de la CEE hubiesen expuesto amplia y claramente cuáles eran sus objetivos y las vías que utilizarían para llevarlos a cabo.

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Sería de esperar que un Tratado de tamaña envergadura fuera expuesto al público con claridad

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Habrían creado así las condiciones para la expresión de las opiniones a favor y en contra del proyecto de unificación europea. Y el necesario debate habría sido sellado, en cada país, con un pronunciamiento plebiscitario. En caso de resultado positivo, la CEE habría podido ostentar ante el mundo el título de legitimación democrática del que hoy siente tanta falta.

Pero no se hizo así. ¿Cuántos españoles pueden afirmar que han recibido una aclaración enteramente satisfactoria de los objetivos, métodos, órganos de dirección, modos de elección de las autoridades, sistema de funcionamiento, derechos y deberes de los órganos de la CEE entre sí y en relación a los individuos, y viceversa?

Pocos. Muy pocos. Demasiado pocos.

Nada más y nada menos que 93% de los españoles afirman saber muy poco de lo aprobado en Maastricht, según las más recientes encuestas del servicio oficial de estadísticas de la CEE - EUROSTAT (ABC, 14/11/92).

En torno a los poderes supremos de Bruselas se ha ido condensando un brumoso manto de confusión, virtualmente impenetrable para la mirada de la inmensa mayoría de los ciudadanos, los cuales sin embargo deberían ser las células vivas de la soñada Unión Europea, pero que hoy tienen sobradas razones para sentirse tratados como piezas de un engranaje, obedeciendo a un poder sin rostro que decide hasta los más pequeños detalles de su existencia.

De dentro de esas oscuras brumas que envuelven los super-poderes de Bruselas, elaborados por órganos en continua evolución rumbo a una meta desconocida para el hombre común y hasta para los entendidos, emanan torrentes de "reglamentos", "directrices", "decisiones" y "recomendaciones" frente a los cuales el español está desarmado para descifrar su verdadero significado, y queda perplejo, desanimado, y se siente invitado a una pesada resignación y a una narcótica parálisis.

Un tratado ininteligible

La redacción del Tratado de Maastricht sólo viene a aumentar la confusión y el carácter enigmático de los objetivos que pretende alcanzar. Para convencerse de ello basta intentar su simple lectura.

Maastricht no presenta un texto accesible. No es más que una lista de enmiendas a ser introducidas en los Tratados de Roma y en el de París de manera que quien desee descifrar su contenido, deberá leerlo consultando constantemente esos otros Tratados, siempre y cuando tenga una versión que incluya las modificaciones introducidas a posteriori en una miríada de otros acuerdos comunitarios.

El desorden de la exposición se hace más sensible en el Título II, parte clave de Maastricht, que modifica el Tratado de Roma que instituyó la CEE. Este Título se abre con una exposición de los principios doctrinales que inspiran la acción de la CEE, seguida por un aumento del número de sus órganos directivos y sus poderes. A continuación, el mismo Título establece la "ciudadanía europea" y define su alcance, describiendo luego las estrategias de la CEE, especialmente el programa para la instauración de la moneda única, el cual ocupa veinte páginas, modificadas a su vez por 47 páginas de protocolos anexos, en la edición oficial de la CEE. A este programa sigue una revista a las nuevas competencias del creciente archi-poder de Bruselas, volviendo el Título a discurrir, a continuación, sobre los órganos directivos y el régimen de gobierno. En tales condiciones, le es prácticamente imposible a un simple ciudadano formarse una idea sobre el contenido real del texto; tanto más que eminentes juristas han reconocido con ocasión del plebiscito francés que el Tratado es verdaderamente ininteligible (cfr. La Croix, ed. especial, sept. 1992).

Sería de esperar que un Tratado de tamaña envergadura fuera expuesto al público con claridad — incluso en el manejo de la necesaria terminología jurídica — y que sus redactores brillasen por su aversión a las soluciones ambiguas, a las expresiones engañosas y a las astutas contemporizaciones.

Sin embargo, no son estas las características que el ciudadano español encuentra en el Tratado. La inadecuada técnica jurídica y el confuso lenguaje ponen en relieve, en la mejor de las hipótesis, la inhabilidad de sus redactores.

"En la mejor de las hipótesis" decimos, pues en rigor de lógica, habría otra posibilidad: la de una ininteligibilidad "fabricada" para servir de biombo a algún lance político que no se quiere descubrir ante el público.

La hipótesis de un "juego" no implica necesariamente la idea de una búsqueda de ventajas ilícitas por parte de un individuo o de un Estado.

Bajo cierto punto de vista, el Tratado no es de fácil explicación en razón de la amplitud y de la complejidad de sus metas, de la magnitud de las ventajas y de los riesgos que conlleva, de lo intrincado de los mecanismos que pone en acción. De donde resulta que la dificultad de intelección de Maastricht empuja, naturalmente, el hombre común a los pantanales del desinterés y de la apatía.

Desde otro ángulo, es claro que esa ininteligibilidad se podría explicar en otros términos, o sea, la obra de un sanedrín, de una secta, de un círculo cerrado de soñadores fanáticos por la unificación europea, muy poco preocupados en perpetuar una democracia auténtica con tal que prevalezca a cualquier precio el "bien común" — léase la Unión Europea. Para ellos la confusión de la exposición y del lenguaje del Tratado seria una estratagema para alcanzar sus fines.

Cualquiera que sea la hipótesis que se prefiera, se adecua perfectamente al extraño consenso en torno a la ratificación del Tratado en el cual la voluntad popular ha sido puesta de lado. De manera que en el momento en que se trata de decidir si nuestra Nación va a continuar existiendo, España anestesiada, amordazada y extraviada es llevada artificialmente a desinteresarse de este hecho tremendo y ocuparse con otras cosas.

Rumbo a un super-gobierno mundial y a un dominio policíaco

Ciertamente no han pasado desapercibidas a V.M. y a VV. EE. — al igual que a eminentes europeístas, como el Canciller alemán Helmuth Kohl, quien fustigó la "furia reguladora" de Bruselas, o como los dirigentes políticos franceses que lamentaron la falta de transparencia democrática de la CE — las tendencias centralizadoras y absolutistas que caracterizan la construcción europea.

Séanos permitido dar un paso más en esta misma línea. Maastricht añade nuevos niveles de poder y de burocratismo, de complejidad y de inextricabilidad a las todopoderosas estructuras de la CE, instaladas éstas, a su vez, por encima de las administraciones nacionales. Esto llega al punto de que el ciudadano europeo pierde la sensación de conservar cualquier relación con la cúspide de la pirámide comunitaria.

Es razonable suponer que algo parecido les ocurre a los tecnócratas instalados en esa cúspide, por lo que se verán en la necesidad creciente de recurrir a instrumentos cada vez más poderosos de observación y de control sobre la masa popular de la cual están desconectados. ¿Cómo podrá evitarse entonces que la cúpula directiva del macro-poder emergente en Bruselas asuma un carácter dictatorial, servida por una implacable máquina policíaca? Todos los dirigentes que han perdido la comunicación con la vida real acaban suscitando malentendidos, descontentos y revueltas que tan solo la censura y la represión dictatorial son capaces de evitar.

Este amenazador horizonte se agrava especialmente considerando que la cúpula directiva instituida por Maastricht no está integrada por entes abstractos, sino por hombres de carne y hueso que en nuestra época de confusiones ideológicas ilimitadas y de incontenidas codicias personales serán solicitados en todas las direcciones.

Por otra parte, tan inconmensurables poderes concentrados en tan pocas manos despertarán naturalmente el apetito de los grupos políticos o clanes que hoy se disputan los cargos supremos en los Estados miembros; y no será de extrañar que esos clanes ocupen los estratos más altos de la pirámide europea, bajo el mando de algún otro clan o grupo de clanes que haya conseguido imponerse sobre los demás.

A años luz de distancia del pueblo, dotado con super-poderes policíacos y dictatoriales ¿qué será ese clan supremo sino una especie de nomenklatura como la que gobernó la extinguida Unión Soviética? Y, por debajo suyo ¿a qué habrá sido reducido el ciudadano común, por atrofia del ejercicio de sus derechos y deberes, sino a un simple número de creciente insignificancia?

No esconden los inspiradores de la Unión Europea el anhelo utópico de ir extendiendo mediante sucesivas etapas el futuro poder supra-nacional desde Lisboa hasta los Urales, y — más adelante — hasta Vladivostok. La conclusión lógica de este proceso conllevaría la instauración de un super-gobierno mundial secundado por super-laboratorios tecnocráticos, todo ello regido por un "omniarca" — individual o colectivo, poco importa— en función del cual los super-tecnócratas de Bruselas desempeñarían una función subalterna. Entonces, desde lo alto de esa tan soñada Babel universal, reina de las burocracias entrelazadas en torno de nuestro desventurado planeta, emanarían para todos los rincones de la Tierra las órdenes que los hombres masificados deberían ejecutar maquinalmente.

Considerando estas perspectivas, causa asombro ver cómo ha sido concebido el Tratado de Maastricht a despecho de la más flagrante e inmediata realidad histórica, pues apenas tres años después de la caída del Telón de Acero concede a los órganos supremos de la Unión Europea prerrogativas típicas de una dictadura estalinista, o casi. Estos podrán hacer y deshacer de España, de sus ciudadanos y de sus legítimos bienes lo que quieran.

¿Es esto lo que desean los españoles en el preciso momento en que la espantosa experiencia soviética se descubre al mundo como el cuerpo de un leproso, para el cual no hay en el planeta capitales ni técnicos que lo consigan curar?

Ante la eutanasia de España

Sin duda alguna, como avezados políticos, V.M. y VV. EE. no tendrán dificultad en comprender la premura con que el pueblo español merece ser informado y consultado sobre estas graves cuestiones.

En efecto, no tiene sentido que nuestro Presidente de Gobierno se haya empeñado en Francia personalmente en la campaña a favor del "sí" y deniegue al pueblo que gobierna el derecho de expresar de un modo idéntico lo que opina sobre el mismo asunto. Cuando Felipe González convocó un plebiscito a respecto de la OTAN, nadie vio en ello ningún peligro para el sistema de representación democrática. ¿Por qué habría de haberlo ahora, más de un lustro después, en materia de mucha mayor monta, que pone en juego no solo la defensa, sino toda España?

Está en la esencia de la democracia que la conducta de los representantes refleje los deseos de los representados. Apareciendo una razón de peso — y hasta única como ésta — para reforzar la cohesión entre el pueblo y sus representantes, debería ser acogida como una ocasión feliz para refrendar o corregir lo que fuera necesario, a la luz del veredicto popular.

¡Cuán brillante y auténticamente expresivo sería este resultado! Sobre todo en una época en que tantas veleidades autoritarias, disimuladas bajo el manto de la tecno-burocracia, desearían reducir la consulta de la voluntad popular a simples sondeos, prestando poca atención al hecho de que, más de una vez, dichos sondeos han sido crudamente desmentidos por la verdadera voluntad popular. Así se dió en las últimas elecciones para el Parlamento británico, o en el "empate técnico" del plebiscito francés, el cual fuera convocado por Mitterrand cuando las encuestas prometían una lisonjera victoria del "sí".

Si por desgracia, en las actuales condiciones España perdiese su independencia, el día que la recupere sus historiadores no dejarán de indagar las razones de este hecho tan espantoso, ocurrido bajo las formas de un rutinario procedimiento legal, de espaldas a la realidad nacional. Les será, sin duda, tan difícil de interpretar como la actitud indolente del Rey Don Rodrigo, del obispo Don Opas y la corte visigótica decadente frente a la invasión mahometana en el siglo VIII.

Los políticos franceses sintieron al vivo lo que se escondía en análoga encrucijada. ¡Por qué vejámenes y desilusiones habrían pasado, si no hubiesen convocado en buena hora el reciente plebiscito! Nadie sabe lo que habría sucedido si el Tratado de Maastricht hubiera sido aplicado compulsoriamente y a ciegas, sobre un pueblo que no lo quiere.

Así pues, quieran V.M. y VV. EE., por el bien de la concordia nacional, consultar el verdadero sentir del pueblo español, y no se dejen arrastrar por engañosas ilusiones. La solución está al alcance de vuestras manos. En ellas, y sólo en ellas, se encuentra, en las actuales circunstancias, el poder de convo car un referéndum, con carácter urgente y como medida de salvación nacional, para que el pueblo español diga de modo incontrovertible si quiere o no que sea ratificado tan trascendental Tratado. En esa ratificación vemos con patriótica disconformidad y cristiano pesar que nuestra amada España se destruiría a sí misma por la obra de representantes inauténticos de lo que ella piensa y siente, en un acto de verdadera eutanasia.

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TFP-Covadonga manifiesta su viva convicción de que esta propuesta de referéndum, no ha de ser despreciada por quienes, tantas veces han ostentado su carácter de demócratas.

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Los art. 87 y 92 de la Constitución que contemplan las modalidades de referéndum y la "inciativa legislativa popular" y sus respectivas Leyes Orgánicas reguladoras (2/1980 del 18 de enero y 3/1984 del 28 de marzo), erigen paradójicamente una sucesión de obstáculos que imposibilitan [hacen inviables] las iniciativas de la sociedad civil que exigirian las circunstancias presentes. Además, el art 87 de la Constitución y la Ley del 28 de marzo de 1984 excluyen cualquier "iniciativa legislativa popular" en materias de Ley Orgánica y de carácter internacional, como es el caso de la Ley Orgánica para la ratificación del Tratado de Maastricht. Sin embargo, las supremas autoridades del Estado conservan plena libertad para convocar una consulta popular como la realizada a respecto de la OTAN. En otras palabras, el pueblo amenazado de esta eutanasia está con las manos atadas y los ojos puestos en V.M. y en VV. EE.

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La Sociedad Española de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad (TFP-Covadonga), como entidad civil de inspiración católica — dependiente de la Jerarquía Eclesiástica tan solo en lo que toca a la Fe y a la pureza de costumbres (cfr. CDC, canon 227) — se ufana de colaborar con las fuerzas vivas de la Nación, según los principios de la Civilización Cristiana, en obediencia al ordenamiento legal emanado de las autoridades públicas competentes.

Inspirada en el ejemplo de Don Pelayo y de sus compañeros de armas, bajo la protección de la Santísima Virgen, TFP-Covadonga manifiesta a V.M. y VV. EE. su viva convicción de que esta propuesta de referéndum, presentada por así decir in extremis, tan pacífica y tan acorde con los principios democráticos que están en la boca de todos, no ha de ser despreciada por quienes, como V.M. y VV. EE., tantas veces han ostentado su carácter de demócratas, desde una postura a-ideológica, conservadora o socialista avanzada.

Con la seguridad de que V.M. y VV. EE. no se negarán a atender esta petición, tan estimable por quienes aman a España y a su pueblo, TFP-Covadonga manifiesta a Su Majestad su más elevado respeto y presenta a VV. EE. la expresión de su alta consideración.

Madrid, 19 de noviembre de 1992

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200.000 manifiestos divulgados

Los estandartes rojos del león dorado están de nuevo en las calles de nuestras ciudades. Desde el pasado 28 de noviembre, TFP-Covadonga está divulgando un importante documento sobre el Tratado de Maastricht, titulado "Ante la eutanasia de España", que reproducimos íntegramente en este número.

Al son de trompetas y tambores, interpretando a veces tradicionales villancicos, los cooperadores de TFP-Covadonga han divulgado hasta el momento más de 200.000 manifiestos. Una gran pancarta acompaña el recorrido, atrayendo vivamente la atención del público. En ella aparecen, en sus extremos, las figuras del famoso cuadro de Goya "Los fusilamientos de la Moncloa", y entremedio se lee: "Maastricht invade el área específica de las soberanías nacionales: 1) Elimina la moneda española, instaurando una moneda única para toda Europa. 2) Confisca  nuestra política exterior y de defensa en beneficio del super-Estado pan-europeo. 3) Suprime la soberanía de España y de todos los Estados miembros de la Europa Unida. 4) España ya no tendrá poderes judiciales propios ni policía propia. Todo será confiscado por la pan-Europa. – ¡Oh cruel paradoja! En el V Centenario de la recuperación de la integridad territorial ESPAÑA DESAPARECE COMO NACION INDEPENDIENTE".

Tras el lanzamiento oficial de la campaña en Madrid, en la Puerta del Sol, la difusión ha alcanzado ya diversos barrios de la capital, Goya, Bravo Murillo, Moncloa etc., y ahora se extiende simultáneamente por diversas ciudades españolas: Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Avila, Segovia, Toledo, etc.

El público se muestra desconcertado con el tema de la Unión Europea. No comprende exactamente en qué consiste esa unión ni a dónde le lleva y por eso, al ver nuestra campaña, reacciona con interés, pero sin manifestarse demasiado. Sólo después de leer el manifiesto se pronunciará verdaderamente:

- Me disteis el otro día, gracias – comentaba un señor en Preciados a un cooperador de la TFP. Al principio no sabía qué pensar sobre todo esto. He leído tranquilamente vuestro escrito y estoy plenamente de acuerdo.

Esta empieza a ser la repercusión más típica que recogen nuestros cooperadores. Una muestra clara de la imperiosa necesidad de llevar a cabo esta campaña de esclarecimiento y alerta, en contra de lo que se nos viene machacando desde todos los ámbitos de la "España oficial", la prensa etc.