EL UNIVERSAL, Caracas, Jueves 4 de Diciembre de 1986

[Para profundizar el asunto, consulte el libro ”TRADICION, FAMILIA, PROPIEDAD - Un ideal, un lema, una gesta”, 1991, Parte II, Venezuela]

Pedro Morazzani B.

La justicia venezolana, en dos procesos penales diferentes, declaró a la Asociación Civil Resistencia y al Escritorio de Representación de las TFPs en Caracas, inocentes de todos los delitos que les fueron incrimanados durante la ofensiva publicitaria que estalló contra dichas entidades hace 2 años.

El 13 de noviembre de 1984, una deci­sión dictada por los ministros de Rela­ciones Interiores y de Justicia suspendió las actividades de ambas entidades, alegando la supuesta realización, por parte de éstas, de actividades contra­rias a la Constitución, en particular a la paz y a la estabilidad instituciona­les; la comisión de actos lesivos al de­sarrollo pacifico y a la convivencia de la familia venezolana, y contrarios a la pluralidad democrática; la violación reiterada del deber de realizar activi­dades en beneficio del bienestar colecti­yo y de integrarse en el proceso educativo orientado hacia el desarrollo de la personalidad, el ejercicio de la demo­cracia, el fomento de la cultura y la solidaridad humana...

Como se ve, un conglomerado de acusaciones vagas y heterogéneas, carentes de todo fundamento, como lo demostró el ulterior pronunciamiento de la Justicia. 

Una furiosa embestida publicitaria

Esa medida de suspensión, tomada a pedido del CEN de AD, se produjo en medio de un feroz estruendo publicita­rio contra Resistencia y el Bureau TFP. Estruendo que —dada la inspira­ción católica y el carácter anticomunista de las entidades atacadas— asumió rápidamente las características de una persecución ideologico-religiosa sin precedentes en la historia del país.

El punto de partida fueron dos acusaciones delirantes: presuntas actividades paramilitares y participación en una fantasiosa confabulación para asesinar Su Santidad Juan Pablo II. A estos infundios se agregaron otros: desde atentar contra la “unidad de las familias”, hasta constituir una “secta satánica”.

Dichos ataques ocuparon en pocas semanas no menos de 700 noticias o artículos de diarios y revistas, además de espacios de radio y televisión. Resistencia y el Bureau TFP se defendieron con valentía, en extensas réplicas que mostraban la inconsistencia de las acusaciones. Pero los agentes del estruendo haciendo caso omiso de esos desmentidos, volvían a la carga con las mismas calumnias.

Episodio característico del clima en que transcurrió el estruendo fue la se­sión de apertura de la investigación que la Comisión de Politica interior de la Cámara de Diputados realizó sobre Resistencia, sesión plagada de graves anomalías que la desvirtuaron completamente. 

Familias defienden en bloque a Resistencia

La acusación de que Resistencia atentaba "contra la institución de la fa­milia" también cayó definitivamente por tierra, al ser descartada por la jus­ticia. Además, en declaraciones, los fa­miliares de los miembros de Resisten­cia asumieron la defensa de la entidad y repudiaban enérgicamente todas las acusaciones lanzadas contra ella.

Este apoyo fue ignorado por los mass media, que sólo daban oídos a un mi­núsculo grupo de padres hostiles a la posición católica tradicional y antico­munista de sus hijos miembros de Re­sistencia. Así se alimentaba el estruen­do. 

Proceso judicial restablece la verdad

Otro hecho capital pasó desapercibido para el gran público: cuando se dictó la medida que suspendía las activida­des de Resistencia y del Bureau TFP, estaban en curso dos procesos penales que investigaban los hechos atribuidos a aquellas. Pero el Ejecutivo se antici­pó, en forma inexplicable, a los vere­dictos judiciales, medida que penalis­tas, politicos y hombres de prensa públicamente calificaron de despótica y gravemente cuestionable desde el punto de vista constitucional.

El primer juicio, iniciado el 3 de agosto de 1984 en base a una denuncia anónima, fue decido por el Juez Pri­mero de Primera Instancia en lo Penal el 14 de septiembre, declarando a Re­sistencia exenta de cualquier delito o falta. La sentencia fue confirmada posteriormente por el Juzgado Superior Duodécimo en lo Penal el 24 de octubre de ese mismo año.

A este fallo la Fiscalía General de la República interpuso recurso de casa­ción. Sin embargo, el 19 de diciembre de 1984 el Fiscal Segundo, representan­te del Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia, envió a la Sala de Casación Penal de dicha Corte una co­municación absteniéndose de formalizar dicho recurso, por reconocer que la de­cisión favorable a Resistencia se ajus­taba enteramente a derecho. Así, la causa quedaba definitivamente cerrada a favor de Resistencia. 

Nuevo proceso, nueva victoria

El segundo proceso penal fue abierto a pedido de Resistencia el 6 de noviem­bre de 1984, en pleno auge del estruen­do publicitario. La iniciativa mostraba hasta qué punto la Asociación estaba segura de su inocencia.

A pesar de los esfuerzos de los ad­versarios de Resistencia y de la TFP para perturbar el proceso, el 30 de di­ciembre de 1985 el juez decimocuarto de Primera Instancia en lo Penal, Dr. Saúl Ron Braasch, declaró terminada la averiguación por no revestir carác­ter penal los hechos denunciados. Esta sentencia fue confirmada el 15 de mayo de 1986 por el Juzgado Superior Décimo en lo Penal, quedando así como senten­cia definitivamente firme. Dicho Juzga­do cursó sendas notificaciones a los ministros de Relaciones Interiores y de Justicia, así como al Fiscal General de la República, comunicándoles que los hechos incriminados a la Asociación Ci­vil Resistencia y al Bureau TFP "no revisten carácter penal, o sea, no son delictuosos".

Con esto quedaron deshechas todas las calumnias que sirvieron de combus­tible al estruendo publicitario. Hecho que frustró al semanario del PCV [Partido Comunista Venezolano] y lle­nó de alegría y esperanza a todos aquellos venezolanos que sampatizan con los ideales de Tradición, Familia y Propiedad, principios básicos de la Ci­vilización Cristiana.