Plinio Corrêa de Oliveira

"Folha de S. Paulo", sábado 8 de enero de 1983

En la "Folha de S. Paulo" del 26 de diciembre p.p., cierta noticia me proporcionó un contento al mismo tiempo delicioso y raro. Me sentí de acuerdo, en efecto, con lo que opinan —acerca de la legalización del Partido Comunista— algunas de las personalidades eclesiásticas más destacadas del país: los cardenales Aloisio Lorscheider y Eugenio Sales, el Presidente de la CNBB [Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil, n.d.t.], Mons. Ivo Lorscheiter y el nuevo Arzobispo de Porto Alegre, Mons. Claudio Colling. Y la misma noticia también me dio pie para constatar una vez más, la coherencia de mi arzobispo, el Cardenal Arns. Ahora bien, la coherencia es hoy una cualidad tan rara, que no es posible constatarla sin apreciarla especialmente. En la coherencia del Card. Evaristo Arns se nota el sello de los serios estudios universitarios hechos por él en Roma y en París.

Pero esta vida es un valle de lágrimas. Lo dijo San Bernardo de Claraval. No es extraño entonces que todo esto tenga su reverso de medalla.

Los lectores saben bien cuánto concuerdo con los cuatro prelados que se opusieron fuertemente a la legalización del PCB. Sin embargo, lamento no concordar con la mayor parte de los argumentos en que se fundaron.

El Cardenal Arzobispo de Sao Paulo, por su parte, declaró que no estaba en contra de la legalización del PCB. Discrepo con él.

Pero pienso que sus argumentos son rigurosamente conformes con la línea general de su pensamiento y de su acción.

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Me explico acerca de todo esto.

Vayamos antes al análisis de los argumentos de los cuatro obispos contrarios a la legalización del Partido Comunista.

1. El rasgo más saliente de la apertura política, que camina a grandes pasos en dirección a sus desdoblamientos finales, consiste en restituir la libertad política a los izquierdistas de todos los matices, hasta hace poco coartada como consecuencia del golpe de 1964. En estos beneficios fueron incluidos los que habían sido objeto de medidas represivas en razón de actividades subversivas e inclusive terroristas.

Ahora bien, la apertura está siendo apoyada y prestigiada hasta aquí por la gran mayoría (si no por la totalidad) del episcopado nacional. Y no fue combatida, que yo sepa, por ninguno de los actuales obispos residenciales brasileños.

Fue en virtud de la apertura que, sin la protesta de ningún obispo, el PCB se rearticuló a la luz del sol. Y comenzó a publicar ampliamente por la TV, prensa y radio, pronunciamientos acerca de todo lo que quiso. Dígase de paso que un cierto número de estos pronunciamientos del PCB consistió en un aplauso entusiasta a posiciones asumidas por la misma CNBB. Lo que esta última recibió sin dar mayores señales de extrañeza ni disgusto.

Me resulta por lo tanto perfectamente inexplicable que, en el momento de enfrentar la última consecuencia de esta larga trayectoria, ora aplaudida, ora despreocupadamente aceptada, es decir, en el momento mismo en que se debate la aprobación de una ley que permite la simple formalización legal de lo que ya es evidente a los ojos de todos, aquellas altas figuras eclesiásticas —favorables por cierto a la apertura— reiteren anteriores declaraciones y señalen, asustadas, el peligro de que se legalice al comunismo.

2. ¿En qué argumentos se apoyan los obispos?

El Arzobispo de Porto Alegre observa que el comunismo puede crecer bruscamente y deglutir la democracia. Ahora bien —afirma— ninguna corriente antidemocrática tiene derecho de vivir, sea de izquierda o de derecha. Luego, el PC no tiene derecho a la existencia.

El Cardenal Arzobispo de Río de Janeiro, para oponerse al funcionamiento legal del PC, alega por su parte que éste es contrario al bien común y por lo tanto no tiene derecho a existir.

El Cardenal Arzobispo de Fortaleza raciocina más o menos del mismo modo. Como los comunistas quieren destruir la democracia —dice— ésta tiene el derecho de impedir la legalización del PC.

Análoga es la posición del Obispo de Santa María y Presidente de la CNBB.

3. Suscitamente expuestos estos varios argumentos, paso a examinarlos.

Antes que nada, lo que me extraña es que los cuatro altos prelados se coloquen, en cuanto obispos de la Iglesia Católica, como defensores natos de una sola forma de gobierno, la democrática. Como si sólo ésta fuese conforme a la doctrina católica. Cuando, de acuerdo con la enseñanza de San Pío X, son tres las formas de gobierno legítimas. Y en cuanto tales, los obispos no pueden condenar a ninguna.

En la Carta Apostólica "Notre Charge Apostolique", San Pío X condena los errores del movimiento "Le Sillon", según el cual "sólo la democracia inaugurará el reino de la perfecta justicia". Y rebatiendo este error, el Santo Pontífice afirma: "¿No es esto una injuria a las otras formas de gobierno, que son rebajadas de este modo a la categoría de gobiernos impotentes, apenas tolerables?". En seguida, recordando la doctrina de la Encíclica "Diuturum Illud" de León XIII, San Pío X concluye: "Enseñando, pues, que la justicia es compatible con las tres formas de gobierno en cuestión (monarquía, aristocracia y democracia), enseñaba (León XIII) que, bajo este aspecto, la democracia no goza de un privilegio especial. Los "sillonistas", que pretenden lo contrario, rehusan oír a la Iglesia o tienen de la justicia y de la igualdad un concepto que no es católico" (A.A.S., vol. 2, p. 618).

Me pregunto, además, de qué democracia se trata, en la mente de los citados prelados. Al parecer, de la democracia como la entiende el laicísimo Estado brasileño, y como es habitualmente entendida por el pueblo. Y como la define también la no menos laica Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de la ONU (también citada por el cardenal Arns).

Según ese concepto de democracia, corresponde al sufragio popular escoger libremente los rumbos del país. Y esta atribución incluye, es claro, el derecho del pueblo a oír todas las voces que se levantan en los distintos cuadrantes ideológicos de la Nación, en favor de éste o de aquel rumbo.

Si esto es así, ¿se puede aceptar como coherente, la actitud de obispos que afirman con tanto énfasis su posición democrática, y niegan sin embargo al colegio electoral el derecho a oír ésta o aquella voz y a optar por éste o por aquel rumbo? Evidentemente no. Y señalo, a ese propósito, que jamás en sus días de mayor poder, se atrevió a tanto la Inquisición.

En efecto, la Inquisición confrontaba con el Magisterio oficial de la Iglesia las doctrinas sostenidas por éstos o aquéllos. Verificada alguna incompatibilidad, condenaba la doctrina errónea y también al respectivo doctrinario, en el caso de que este último se rehusase obedecer el juicio de la Iglesia. Pero nunca se arrogó la atribución de imponer esta curiosa dictadura del medio término, en virtud de la cual el pueblo tendría el derecho de oír sólo las voces centristas (nótese que la CNBB hoy en día es centrista por excelencia, con fuertes inclinaciones de centro izquierda). Ni el derecho de seguir sino los rumbos centristas, quedando los electores inexorablemente privados de oír las prédicas venidas de otros cuadrantes ideológicos y políticos.

¿Cómo no calificar la opinión de los cuatro prelados, de agudamente exhorbitante? Tan aguda que hace recordar la penetrante observación de Víctor Hugo: "Existe la intolerancia de los tolerantes, así como existe el furor de los moderados" ("Les travailleurs de la mer", Gallimard, 1980, p. 182).

Dejo para otro artículo lo que aún resta decir sobre este tema.