Llamamiento de la Sociedad Cultural Covadonga a las autoridades y al público de España

[Las negritas son de éste sítio, afin de mostrar al lector la actualidad del asunto en los presentes días de 2015]

La Sociedad Cultural Covadonga, entidad cívico-cultural constituida por católicos, en vista de la gravedad de la presente campaña en favor del divorcio y de los pronunciamientos de eclesiásticos -ambiguos unos y hasta escandalosos otros- sobre el tema, juzga un deber manifestarse públicamente en defensa de la institución de la familia, seriamente amenazada por la ola publicitaria a favor de la implantación del divorcio. Sobre todo ante el hecho de que ya se ha publicado un texto que admite el divorcio, considerado como parte integrante de la futura Constitución, conforme al anteproyecto dado a conocer por la prensa, y a una normativa de la ley en favor del divorcio, en que se exponen siete causas para la concesión del mismo. («La Vanguardia Española», 30-11-77).

Este deber se impone, prioritariamente, a una entidad cívica que tiene entre sus objetivos la defensa de las tradiciones hispánicas. Viéndose reforzado por el hecho de que todos los miembros de la Sociedad Cultural Covadonga son católicos. Así, en cuanto españoles y en cuanto católicos, luchan por mantener en nuestra legislación el principio de Derecho Natural que asegura la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Principio ratificado de modo tajante por la verdadera e inmutable doctrina de la Iglesia Católica.

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Aprovechandose de las actuales convulsiones que agitan a España, una campaña bien organizada barre nuestro país de norte a sur, esforzándose extraordinariamente por obtener la implantación del divorcio. Se procura, hábilmente, crear la impresión de que la implantación del divorcio corresponde a un impulso irreversible de la Historia y a una aspiración popular irresistible.

Sin embargo, este vendaval antifamilia encuentra en su camino una muralla que, si no estuviera siendo corroída, sería capaz de detenerlo y, aún mas, de reducirlo a las proporciones de un soplo inofensivo.

Esa muralla es la convicción de la absoluta mayoria de nuestro pueblo, de que el divorcio es un cáncer destructor de la sociedad, contrario a los principios fundamentales de la Religión Católica y de la Ley Natural. Convicción ésta, fruto no sólo de un sano sentido común, sino también, y principalmente, de la secular y arraigada profesión de Fe católica, única verdadera, que es la gloria de nuestra patria.

Si la desgracia de la implantación del divorcio llegara a ocurrir en España, los principales responsables no serán los que ahora, desde fuera de la Iglesia, buscan alcanzar ese pésimo designio. Es cierto que ellos disponen de un considerable apoyo en la prensa, radio y televisión, pero ese apoyo no es suficiente, por si solo, para eliminar del alma española la adhesión a un principio que ella considera cierto, desde los más remotos orígenes de nuestra patria, como una de las bases de la moral católica.

Los grandes responsables de tal desgracia seran aquellos eclesiásticos y laicos que, desde el mismo seno de la Iglesia, se empeñan -en algunos casos veladamente- en alterar los principios católicos sobre la moral del matrimonio, lanzando la confusión entre los fieles y abriendo así las puertas al enemigo acérrimo de la familia. Son también responsables los que, teniendo autoridad en la Iglesia, dejan que las opiniones a favor del divorcio se expandan como un gas venenoso, sin sancionar a los culpables y sin ni siquiera censurarlos públicamente, como público esta siendo su escándalo.

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O tempora! O mores! ¡Oh tiempos! ¡Oh costumbres! Incluso entre aquellos que deberían ser paladines en la defensa de la indisolubilidad matrimonial -Obispos y Sacerdotes- se levantan los que procuran corroerla. Han transgredido la doctrina y rehúsan la tradición. Por eso, provocan de nuestra parte, en cuanto simples laicos -pero que procuramos ser católicos fieles- la más categórica protesta.

Bien sabemos -y con alegría y gratitud lo recordamos- que algunas voces se han levantado también contra el divorcio. Pocas, desgraciadamente. Las agradecemos y alabamos, porque así cumplen su deber.

Destacamos la de Mons. Pablo Barrachina, obispo de Orihuela-Alicante.

Sin embargo, si queremos impedir verdaderamente la penetración de ese cáncer en nuestra patria, es necesario ir más allá. Es menester denunciar a aquellos que desde dentro buscan debilitar la resistencia, haciéndose cómplices del enemigo de la Civilización Cristiana. Están colocados en una situación clave de la ofensiva a favor del divorcio y no vemos que se les aplique ninguna sanción canónica. Por tanto, si no se logra alertar a la opinión católica, podrán destruir la institución de la familia. Y con la desintegración de ésta, habremos dado un paso más -¡y cuán considerablel- rumbo al abismo de una sociedad comunista.

Pues, en su esencia, la doctrina marxista predica la abolición de la familia.

Que no se nos diga que la campaña a favor del divorcio es un mero expediente de promoción personal, utilizado por personas como el sacerdote Aradillas, o un Miret Magdalena y otros, que, a falta de mejor medio, buscan aparecer por la extravagancia de sus posturas. Puede que sea eso, pero lo que de hecho importa más es el gran movimiento que se percibe de las fuerzas enquistadas en el mismo seno de la Iglesia, buscando socavar la indisolubilidad del matrimonio.

Ya que son pocas las voces que se levantaron en España para discordar de esa actitud de Obispos, Sacerdotes y laicos católicos, juzgamos nuestro deber sumar a ellas la protesta de la Sociedad Cultural Covadonga. En nuestra condición de españoles y, sobre todo, de católicos, tenemos el derecho de esperar de nuestros Pastores, no sólo que no ataquen la doctrina católica, sino que defiendan la integridad de la Fe y de la Moral. No es solamente en aquellos países donde, siguiendo las enseñanzas expuestas en Encíclicas, tales como «Quanta Cura» y el «Sylabus» de Pio IX, la Iglesia y el Estado permanecen unidos, sino también en aquellos donde están separados, incumbe a los Pastores y Sacerdotes el deber grave de defender la Ley Natural amenazada.

Enviaremos, por tanto, esta protesta a todo el Episcopado Español, pidiendo de su parte enérgicas medidas.

Y si la hacemos pública es porque público ha sido el escándalo dado por esas actitudes, especialmente asumidas por algunos eclesiásticos.

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Conviene aclarar, preliminarmente, que el modo escogido por los eclesiásticos favorecedores del divorcio para abrir una brecha en la muralla contra el divorcio que la convicción católica de los fieles opone, es muy artera. No juzgamos sus intenciones porque no las conocemos, pero analizamos, eso si, los hechos considerados objetivamente. Ellos no declaran lícito el divorcio eclesiástico, pero, frecuentemente declaran lícito el civil. En otros términos, quien contrae matrimonio por la Iglesia no puede divorciarse, pero sí lo puede hacer quien contrae únicamente matrimonio civil.

Dos consideraciones caben sobre esta singular posición.

En primer lugar, la institución del divorcio civil sería una invitación permanente a todos los españoles, dada la natural debilidad de la condición humana, a que abandonaran el matrimonio religioso y utilizaran solamente el civil, lo que no es lícito ni válido para los bautizados. En épocas de decadencia religiosa, como la nuestra, el divorcio civil podria empujar a muchos católicos a una verdadera apostasia.

Además, por grave que sea ese aspecto de la cuestión -que de hecho es muy serio- no es el principal. Lo que más escandaliza a los fieles, porque más ofende a Dios, es que la implantación del divorcio -sea éste civil o religioso- constituye una impiedad y una rebeldía del Estado contra la explicita y formal disposición de Dios. Atrae la ira y la venganza del Cielo sobre la nación que  lo instituye, pues su adopción equivale a un pecado público y oficial de todo el pueblo.

De hecho el matrimonio no es una institución meramente eclesiástica, pues se fundamenta en la misma naturaleza humana y es ella la que le confiere sus caracteristicas de monogamia e indisolubilidad, válidas, también, para los no católicos. El Estado no tiene autoridad para decretar la disolución de aquello que Dios creó indisoluble, como no tiene poder para declarar licita la blasfemia. Si lo hiciera, pecaría gravemente. La función del Estado es proteger el vinculo y no romperlo.

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Juzgamos conveniente transcribir algunos textos pontificios que a título de ejemplo, evidenciarán cual es la verdadera doctrina católica sobre el tema que nos ocupa. Citando, a continuación, también a modo de ejemplo, algunos pronunciamientos poco felices de eclesiásticos y de un laico, conocido como católico, que nos han parecido más significativos.

Por amor de la brevedad, sólo citaremos cuatro textos pontificios:

Pío VI: «El matrimonio, aun en el estado de naturaleza pura y, a la verdad, mucho antes de ser elevado a la dignidad de sacramento propiamente dicho, fue de tal suerte instituido por Dios, que lleva consigo un lazo perpetuo e indisoluble. que no puede, por ende, ser desatado por ley civil alguna. En consecuencia, aunque la razón del sacramento pueda separarse del matrimonio, como acontece entre infieles, sin embargo, aun en ese matrimonio, desde el momento que es verdadero matrimonio, debe persistir y absolutamente persiste aquel perpetuo lazo que, desde el origen primero, de tal modo por derecho divino se une al matrimonio, que no está sujeto a ninguna potestad civil» (Rescripto al Obispo de Eger, Hungria, de 11-7-1789; in Denzinger, «El Magisterio de la Iglesia», Editorial Herder, Barcelona, 1963, pág. 554.)

León XIII: «Debe reconocerse que la Iglesia Católica ha sido y es benemérita del bien común de todos los  pueblos por la perpetua consagración a la defensa de la santidad y perpetuidad del matrimonio, y que no es poca la gratitud que se le debe por haber protestado enérgicamente contra leyes civiles injustas que en esta materia se han promulgado en los últimos cien años; por haber anatematizado la detestable herejía protestante acerca del divorcio y el repudio (...) y, finalmente, por haber hecho frente, desde los primeros tiempos, a las leyes imperiales que favorecían perniciosamente el divorcio y el repudio. Los Sumos Pontífices, que tantas veces resistieron a príncipes poderosísimos que pedían con amenazas la ratificación por la Iglesia de los divorcios que ellos habían llevado a cabo, deben ser considerados como defensores no solamente de la integridad religiosa, sino también de la incolumidad de los Estados y de los pueblos» (Encíclica «Arcanum Divinae Sapientiae», 10-2-1850; in «Doctrina Pontificia», II, Documentos Políticos, BAC, Madrid, 1958, págs 99-100.)

Pío XI: «Estas palabras de Cristo (contra el divorcio) miran a cualquier matrimonio, aun el sólo natural y legítimo; pues a todo matrimonio le conviene aquella indisolubilidad por la que queda totalmente sustraído, en lo que se refiere a la disolución del vínculo, al capricho de las partes y toda potestad secular» (Encíclica «Casti Connubii››, 31-12-1930; in Denzinger, «El Magisterio de la Iglesia», Editorial Herder, Barcelona, 1963, pág. 562).

Pío XII: «Asimismo entre los no bautizados los matrimonios legitimamente contraídos son, en el orden natural una cosa sagrada, de modo que los tribunales civiles no tienen el poder de disolverlos, ni la Iglesia, en tal caso jamás reconoció la validez de las sentencias de divorcio» (Discurso del 6-10-1946; in «Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII», vol. VIII, Poliglota Vaticana, pág. 261) (Los subrayados son de Covadonga).

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Ante esta doctrina, clara y definitiva de la Santa Iglesia, no se puede comprender cómo Obispos -y Obispos españoles- hayan podido pronunciarse en los términos que a continuación reproducimos (por brevedad, hacemos referencia solamente a los más conocidos y caracteristicos):

- El Cardenal Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, se pronunció asi en declaraciones a «La Vanguardia Española», de Barcelona: «El cristiano (...) tiene que aceptar la indisolubilidad del sacramento del matrimonio, pero no es necesario que acepte que éste lo defienda también la ley civil» (Mons. Enrique Tarancón, 13-11-74). Sin entrar de lleno en el asunto, en declaraciones a «Gaceta Ilustrada» Mons. Tarancón no rectificó posteriormente sus puntos de vista: «La Iglesia sólo legisla sobre el matrimonio cristiano y sobre los católicos. La cuestión del matrimonio civil es competencia del Estado, y en eso allá ellos. Pero, en fin, de todas maneras, no creo que haya dificultades insuperables» (17-7-77).

- Su Obispo Auxiliar, encargado de la Vicaria de Vallecas, Mons. Alberto Iniesta, habla más claramente. Al ser preguntado «si le gustara un determinado programa socialista que incluyera, cara a las elecciones, el tema del divorcio, ¿cuál sería su reacción?››, no duda en responder: «Soy partidario de que los ciudadanos puedan casarse por lo civil, si así lo desean, y de que se divorcien si han fracasado en su unión; siempre que los católicos puedan seguir el camino que su fe les indica. Por tanto, la inclusión del divorcio en un programa político con el que estoy de acuerdo no haría cambiar para nada mi postura» («El Pais, semanal», 1-5-77).

Así, confirmaba sus anteriores afirmaciones: «Creo que el legislador debe legislar de acuerdo con el bien común, y el bien común de un país pluralista hoy autoriza al menos al legislador a que si en su juego político cree que debe, y yo creo que lo cree, legislar el divorcio civil, yo no tengo ningún inconveniente como cristiano» («Aragón Exprés», 25-4-77).

- Mons. Ramón Buxarrais, anterior Obispo de Zamora, y hoy al frente de la Diócesis de Málaga, se pronunciaba indirectamente: «Creo que la Iglesia no debería presentar batalla frente a una campaña de divorcio civil» («Ecclesia», 5-2-77).

- Del mismo modo, el Obispo de Huesca, ex-Rector del Seminario de Pamplona, Mons. Javier Osés Flamarique, declaraba: «La batalla (contra el divorcio civil) no debemos intentar ganarla en las Cortes, en el nivel  de la legislación» («Las Provincias», Valencia, 15-8-76).

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El número de sacerdotes es mucho mayor, ocupando puestos de magisterio y responsabilidad pastoral, sin recibir censura alguna de sus superiores. El sacerdote Antonio Aradillas, desde las páginas de «Pueblo››, de Madrid y desde cuantas tribunas le ofrezcan, viene promoviendo una amplia campaña pro-divorcio, llegando a declarar: «La Iglesia debe propiciar el divorcio» («Diario-16», 14-2-77). En su libro «Divorcio 77», encontramos importantes testimonios de esta acción demoledora emprendida desde el interior de la propia Iglesia, al menos con la omisión de los Pastores encargados de velar por la integridad de la Fe y de las buenas costumbres. He aquí una pequeña muestra:

- La «solución» para el «problema de la separación matrimonial» en la sociedad civil, «debe aceptar la posibilidad del divorcio para quienes lo elijan» (P. Manuel Gómez Rios, C.SS.R., Prof. de Historia de la Moral en el Instituto Superior de Ciencias Morales de Madrid ( «Divorcio 77», Ediciones Sedmay, Madrid, 1976).

- «Yo soy absolutamente partidario de una ley que regule el divorcio en España (...), que la Iglesia comprenda que no es de su competencia injerirse en el problema, puramente civil, del divorcio» (José Maria González Ruiz, Canónigo de Málaga, «Divorcio 77», Ibid.).

- La revista jesuita «Razón y Fe» dedica su número de enero de 1977 a un «dossier sobre el divorcio», iniciando con ese número «una etapa nueva poniendo al día su orientación y objetivos». Entre otros articulos, se publica una entrevista al P. José María Diaz Moreno, Doctor en Derecho Canónico y Profesor de la Universidad de Comillas. Todo el número exigiria un detallado análisis.

No siendo esto posible, tomamos sólo una afirmación del P. Diaz. Preguntado si una ley de divorcio puede no ser inmoral, responde: «Sí, para ordenar realidades ya existentes y evitar males mayores».

- La revista «Ecclesia», órgano de la Acción Católica española y portavoz oficioso del Episcopado, ha dedicado numerosas páginas al tema. Divulgó una consulta realizada por  la publicación a personajes seleccionados. Tomamos algunas muestras. D. Antonio Hortelano, teólogo y moralista, Prof. en la Academia Alfonsiana de Roma: «Lo mejor para España sería establecer el matrimonio civil obligatorio para todos», y después añade: «Hemos de evitar a toda costa hacer de este problema (el divorcio) una cruzada... los católicos españoles podrían, según su conciencia, optar o no por la implantación del divorcio y la Iglesia debería evitar esa toma de conciencia...›› (22-1-77, pág. 22). Para D. Jaime Pérez-Llantada, Prof. adjunto de Derecho Canónico en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, «la Iglesia no debe coaccionar al Estado a discriminar entre sus súbditos, jurídicamente, ni siquiera para impedir a sus fieles ejercitar su derecho civil al divorcio» (22-1-77).

No podíamos dejar de comentar algunas de las declaraciones concedidas por Mons. Juan José García Failde, Decano de la Rota española (Tribunal Supremo en asuntos matrimoniales), al diario «Ya›› del 17 de septiembre de 1977: «Entiendo que en una sociedad pluralista el «no» a la ley del divorcio (esto es, si un parlamentario rechazara en las Cortes los dispositivos legales a favor del divorcio) significa forzar al Estado a imponer la indisolubilidad del matrimonio a todos los ciudadanos; en cambio, el «sí›› a la ley no significa suponer la disolubilidad a quienes consideren el matrimonio indisoluble».

Esa declaración del Decano de la Rota española es muy grave y desconcertante, pues no acentúa, como lo hacen los Papas citados anteriormente, que el principio de la indisolubilidad del vínculo conyugal es de Derecho Natural, obligando, por consiguiente, a todos los ciudadanos, católicos o no, gobernantes y gobernados. Y observando que si el parlamentario da su voto negativo a cualquier tipo de legislación favorecedora del divorcio, esto «significa FORZAR al Estado a imponer la indisolubilidad del matrimonio a todos los ciudadanos», el secretario de la Rota hace una insinuación bastante objetable. Pues, el Estado, que por su naturaleza debe defender los princípios del Derecho Natural, no puede ser forzado por nadie a cumplir su deber, y el Poder Público, tutelando el princípio de la indisolubilidad, aplicado a todos los ciudadanos, no está obligando a éstos a  algo arbitrario u odioso -como el vocablo IMPONER, empleado por Monseñor García Failde, deja entrever- sino que está sencillamente ejerciendo su función para obtener el fin que le es propio: el bien común (Los subrayados son de Covadonga).

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- Finalmente, un laico. Miret Magdalena, Prof. de Etica del Instituto Universitario de Teología de Madrid, cita a Engels, uno de los padres del comunismo, a quien atribuye una acertada «intuición del futuro» porque afirmó, hace un siglo, que la indisolubilidad desaparecería.

No contento con prestigiar a un comunista, Miret hace su propia previsión: «Preveo que la Iglesia tendrá oficialmente que dar un viraje, más o menos discreto hacia el divorcio» («Triunfo», 5-3-77). ¿Cómo puede Miret Magdalena prever con tanta precisión? Prevé un giro, sabe que será oficial y añade que será discreto. ¿Previsión o información? Es lo que no queda claro al leer las declaraciones de este laico tan intimamente relacionado con los medios progresistas.

Organizada por la Archidiócesis de Madrid-Alcalá, a través de su Vicaría IX, se celebró en el mes de febrero (del 7 al 11-2-77) la «I Semana de estudio, reflexión, debate y orientación pastoral» sobre el tema «Matrimonio civil y canónico». A la clausura de la misma asistió el Cardenal Enrique y Tarancón que «fue el mejor sello para estas jomadas, que él habia aprobado, y que -como manifestó- desea que se vea prolongado su efecto a través de los movimientos matrimoniales y las parroquias» («Ecclesia››, 19-2-77).

En las conclusiones de esta «I Semana», aunque se admite que el divorcio es un mal, se contraría la doctrina de la Iglesia al presentar el «divorcio jurídico» como mero «problema de prudencia política», y no como la violación de un princípio de gran importancia del Derecho Natural -la unidad e indisolubilidad del vinculo matrimonial- ratificado de modo incisivo por Nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios y que a todos los católicos compete defender. Las conclusiones admiten: «El posible y eventual ordenamiento del Estado sobre el divorcio jurídico es problema de prudencia política,  basada en el bien común, que no siempre exige penalizar todos los males (el divorcio es ciertamente un mal)›› («Ya››, 13-2-77). Sin decirlo abiertamente, el documento insinúa de manera farisaica que un católico podría votar a favor de una ley de divorcio: «Ante un posible referéndum o consulta sobre el divorcio jurídico (los matrimonios cristianos) se encuentran en la misma condición juridica que los demás ciudadanos».

No podríamos dejar de mostrar la perplejidad producida en todos los católicos con buena formación doctrinal al tomar conocimiento de la nota emitida por la «Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe» que, encargada de esclarecer las conciencias, evita llamar la atención en su declaración oficial, sobre el pecado colectivo que sería la oficialización del divorcio. Y no es tajante ni, menos aún, clara al afirmar la incapacidad del Estado para declarar la disolución del vínculo matrimonial válido, como si la ley pudiera hacer honesto lo que en sí mismo es inmoral. ¿Perderia el robo su inmoralidad al ser permitido por la ley? (Ver el documento en «ABC››, 8-5-77, págs. 19-22).

Por último, hacemos notar que en el documento final de la XXVII Asamblea Plenaria del Episcopado Español, publicado por la prensa el dia 27 de noviembre de 1977, no figura ninguna condena explícita al divorcio, siendo que el anteproyecto constitucional y la normativa de la ley pro-divorcio, divulgados también por los órganos de comunicación, consagran de modo claro la disolución del vínculo matrimonial.

La razón de esta grave omisión parece encontrarse en la parte final del discurso de apertura de la Asamblea, pronunciado por el Cardenal Tarancón, presidente de la misma, el día 21 de noviembre: «Nosotros hemos hablado ya sobre estos temas (matrimonio, familia, etc.) con la debida antelación, para que no apareciese nuestra intervención en medio de las discusiones políticas sobre ellos» (Informaciones, 22-11-77).

Es lamentable que, precisamente ahora, en que están para ser decididas tan importantes cuestiones del derecho de la familia -tema que antes de tener caracter político, por ser de Derecho Natural, se sitúa en el ámbito propio de la Iglesia-, el Presidente de la Conferencia Episcopal Española se abstenga de reafirmar los princípios inmutables de la Iglesia para la orientación segura de todos los católicos. Y se limite a referirse a los pronunciamientos hechos sobre la materia «con la debida antelación», cuando, conforme hemos visto anteriormente por las declaraciones de varios prelados, incluso del propio Cardenal de Madrid, se defendían posiciones ambiguas y hasta escandalosas, que, en un último analisis, favorecen la posición pro-divorcio.

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No proseguiremos con este triste desfile de citas para no cansar al lector. Juzgamos más que suficientes los ejemplos dados.

Nos parece oportuno recordar aquí la voz autorizada de un gran Obispo, cuya fama de teólogo, de ortodoxia e inteligencia, desde hace mucho transpuso las fronteras de su país. En su Carta Pastoral «Por la Indisolubilidad del Matrimonio» (Editora Vera Cruz, Sao Paulo, 1975, 2ª. ed., pags. 41-44) (cuyo texto completo el lector interesado podrá solicitar en las sedes de la «Sociedad Cultural Covadonga» o al Apartado 8182, de Madrid, traducida al castellano y publicada en la Revista «Resistencia››, n. 3), Mons. Antonio de Castro Mayer, Obispo Diocesano de Campos, Brasil, presenta los siguientes «Principios Directivos», que tienen la mayor actualidad para nuestra Patria:

1. La indisolubilidad del vinculo conyugal es de mandato divino, fijado ya en los comienzos de la humanidad. De donde, cualquier divorcio, incluso de un matrimonio meramente civil, se opone a la ley de Dios.

2. No es, pues, lícito al Estado violar la Ley Divina, instituyendo el divorcio. En el caso de que lo haga, se expone a la justicia de Dios.

3. Como el Magisterio ordinario y universal enseña que el matrimonio natural es indisoluble, por voluntad divina, como consta en el Génesis, no es miembro de la Iglesia Católica quien conscientemente (scienter et volenter) admite la tesis del divorcio, propugnándolo, defendiéndolo, o empeñándose para que se instaure en el País. De acuerdo con el Código de Derecho Canónico (can. 1.325, 2.°) el católico que actúa de esa manera es hereje y está sujeto a las penas eclesiásticas que sancionan a los herejes (excomunión, etc.).

4. El parlamentario que da su voto a las enmiendas favorables al divorcio, peca gravemente. Como él practica un acto público, de por sí, debe para obtener el perdón de Dios Nuestro Señor, reparar el escándalo provocado, y esforzarse por deshacer el mal practicado. En este caso, mediante la retractación pública y luchando lealmente para que sea anulada la ley inicua para cuya victoria concurrió con su voto.

5. Es partícipe de la rebeldia contra la Ley Divina quien, con pleno conocimiento de causa, vota a candidatos favorables al divorcio en el Congreso Nacional. Pide la Moral que, también, esta falta grave sea reparada en toda la medida de lo posible, por ejemplo, actuando con empeño junto a los parlamentarios conocidos, en el sentido de que se abstengan de cualquier pronunciamiento a favor del divorcio y luchen positivamente por la indisolubilidad del vínculo conyugal.

6. Se encuentran en estado de pecado mortal, sin poder recibir los Sacramentos y cometerá sacrilegio si lo hiciere, el católico divorciado que vuelva a casarse, o que no tiene el firme propósito de nunca divorciarse.

Editora Vera Cruz, Sao Paulo, 1975, 2ª. ed., pags. 41-44.

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Si la futura Constitución admite, en principio, el divorcio, ¿que restará de la España cristiana? 

 Dando al conocimiento público estas consideraciones, la Sociedad Cultural Covadonga hace un llamamiento a todos los católicos españoles.

Cuando el bien común está amenazado por un grave peligro, su defensa no incumbe sólo a las autoridades públicas, sino también a cada individuo. Este principio inspiró a nuestros mayores en varias emergencias de la historia de nuestra patria y resultó para ésta una fuente de gloria inmortal.

Así, cuando la desorientación y la división, instaladas en nuestra augusta y querida Casa Real, facilitaron el ingreso en España de las tropas revolucionarias, comandadas por el usurpador José Bonaparte, el pueblo español -casi diríamos cada español- se levantó reconociendo que en manos de cada uno de ellos estaba la responsabilidad por la defensa de la España Católica y fiel a sus reyes legítimos.

En nuestro siglo, lo mismo hicieron la gran mayoría de los católicos contra las autoridades marxistas que en 1931 se habían enseñoreado del poder.

Hoy, cuando el divorcio -que amenaza uno de los fundamentos más sagrados de la España Católica- intenta introducirse entre nosotros, cabe igualmente a cada católico, ante la desorientación y el silencio de tantas autoridades eclesiásticas y a la vista del impulso a favor de la disolución del vínculo matrimonial, dado por personalidades destacadas del Clero y del mundo politico, tomar en sus manos la lucha contra el divorcio. Lucha conducida, por cierto, con escrupuloso respeto a las leyes de la Iglesia y del Estado. Pero, dentro de estos límites, lucha en la que cada persona contraria al divorcio, lejos de contentarse con leer este documento, decir lacónicamente «¡qué bien!››, y guardarlo en el bolsillo, lo debe difundir ampliamente entre sus relaciones de parentesco y amistad. Para ello, esta Sociedad está dispuesta a proporcionarles cuantos ejemplares pidan personalmente, por teléfono o por correo.

Es necesario que cada español haga sentir, en la medida de sus posibilidades, a las autoridades religiosas y civiles, especialmente a los legisladores, el rechazo del pueblo contra la ley de divorcio.

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Estas lineas hacen sentir la vibración de las fibras más características de los corazones católicos españoles cuando se sienten entusiasmados en la reacción contra el peligro.

¡Cuántas veces a lo largo de nuestra Historia, reacciones de esa naturaleza proporcionaron oportunidad para que nuestra catolicísima nación diese muestra a los ojos de todo el orbe maravillado, de la medida de su grandeza! Esperamos despertar esas fibras más vivas de la tradición hispánica, haciendo notar que, por más grave que sea el peligro del divorcio, él no es el único que amenaza a la familia española.

A juzgar por las declaraciones del Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla, Ministro de Justicia, varias leyes concernientes al derecho de familia serán propuestas en breve a las Cortes («ABC››, 16-10-77). He aquí algunas de ellas:

a) posición jurídica de la mujer;

b) supresión de las calificaciones de hijo legítimo e ilegítimo;

c) modificación del régimen económico del matrimonio, y también de la actual regulación de la «sociedad de gananciales» en el Código Civil.

También, en los últimos días de diciembre, varios órganos de prensa publicaron íntegramente el anteproyecto de la nueva Constitución. Se incluye en él, el princípio de la disolución del vínculo matrimonial. Dice el ítem 2 del articulo 27: «El derecho civil regulará las formas del matrimonio, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución, y sus efectos».

No es probable que la comisión parlamentaria que elaboró el anteproyecto constitucional hubiese propuesto una reforma tan profunda en la estructura de la familia española, si no confiase en el apoyo de la mayoría de los parlamentarios.

Así, somos llevados a recelar que el principio que afirma la disolución del vínculo conyugal pase del anteproyecto a la Constitución, quedando su regulación a cargo de las leyes civiles.

De esta forma, se abriría una brecha irreparable en la sagrada muralla de la institución familiar de nuestra Patria.

El Ministerio de Justicia ya presentó a las Cortes un proyecto de ley de despenalización del adulterio y el amancebamiento, suprimiendo y alterando importantes dispositivos legales de los Códigos Penal y Civil («Ya››, 30-10-77; «ABC››, 12-11-77).

Cuánto es de recelar que, en el ambiente del siglo XX, intensamente impregnado de neopaganismo, varios de estos proyectos acaben convirtiéndose en leyes opuestas a la moral católica, e incluso a la moral natural.

Así, ronda en torno a la familia, en España, no sólo el peligro de la supresión de la indisolubilidad del vínculo conyugal, sino también el de una paganización pluriforme de ella.

¿Paganización? Máxime tratándose de la familia, esa palabra equivale, para oídos católicos, a destrucción.

¿Destrucción de la familia? Para oidos católicos aún, esto equivale a la destrucción de España. Pues no hay católicos que ignoren que la familia es la «celula mater» de la sociedad.

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 La lucha pacífica y legal que ante nosotros se presenta es grave, es larga, es heroica y entusiasmante.

Con los ojos puestos en Nuestra Señora del Pilar, celestial Reina y Protectora de España, a cuyos sacrosantos pies colocamos en el día de hoy el primer texto de esta proclama de disconformidad, confiados en la protección del Apóstol Santiago, Patrono y Señor de nuestra católica nación, damos aquí en esa lucha, el primer paso. Y esperamos que los españoles de todas las edades, de todas las condiciones sociales, de todas las provincias, de todos los municipios y pueblos, sean sensibles a este llamamiento, tomando gloriosamente la delantera en este esfuerzo común que Dios sabrá pagar, como antaño pagó con la gloria de los descubrimientos la gran dedicación con que los Reyes Católicos hicieron definitivamente victorioso el lance final de la reconquista de Granada.

En Zaragoza, a los pies de la Imagen de Nuestra Señora del Pilar, el día 21 de enero de 1978, festividad de Santa Inés.

Sociedad Cultural Covadonga

* Conserven las Cortes el excelso ideal de una institución... sublimizada en la Sagrada Familia!

* 15 máximas antidivorcistas