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Parte III
Tres operaciones de efectos reversibles y una nueva vía revolucionaria... · Se desvencijan las estructuras del Estado sin desmontarlos todavía. (Sistema jurídico institucional – autonomías – Corona)· Corrosión de las instituciones en la sociedad (Propiedad – familia – educación).· Transformación “lúdica” de las mentalidades. (Ambientes – costumbres – cultura y civilización).… que conduce a una sociedad disgregada autogestionaria, sin Dios ni ley. Sección
tercera: Capítulo 11 - 2a. parte
Demolición moral e institucional de la familia española
IV — La aprobación del aborto establece en España la matanza de los inocentes, pero la "convivencia" queda a salvo...
Nada más subir al Poder, el PSOE se dispuso a poner en práctica su minucioso programa de demolición familiar, en el que figuraba, para comenzar, la legalización del aborto en tres supuestos: "peligro para la vida de la mujer, peligro de nacimiento con graves patologías físicas o psíquicas y violaciones." [18] En un estudio como éste, en que el fenómeno de la apatía pública y de la psicocirugía que se opera en nuestro pueblo ocupan un lugar tan fundamental, es necesario detenerse a considerar la batalla del aborto. En ella, el socialismo desafió ostensivamente a una nación católica; vino la reacción; muchos creyeron que la sensibilidad moral despertaba al fin para triunfar; pero quien acabó venciendo fue el PSOE: el aborto fue aprobado, la convivencia ecuménica ha sido mantenida y el moderado Felipe González prepara nuevos y más drásticos ataques. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Analicemos con detenimiento los hechos esenciales.
1- Al comienzo, marcha de la "revolución callada"Al principio, pareció que el Gobierno seguiría con relación al controvertido asunto del aborto su táctica de adormecer a la opinión pública católica, acostumbrándola poco a poco a la idea ecuménica de tolerar, como un signo de los tiempos, el aborto voluntario en ciertos casos, evitando un debate polémico. O sea, hacer aprobar el aborto dentro del ya referido esquema de revolución callada pero asombrosa reconocido por Alfonso Guerra.
a) Las declaraciones del ministro Lluch.— El 4 de enero de 1983, la prensa publicó declaraciones del ministro de Sanidad y Consumo, Ernesto Lluch, que parecían obedecer a esta táctica de adormecimiento del público. Afirmó Lluch que solamente en junio —seis meses más tarde— el Gobierno iba a presentar al Parlamento el proyecto de reforma del Código Penal, que incluía en uno de sus apartados la despenalización del aborto. Evidentemente, incluida ésta dentro de un vasto cuerpo de normas penales sobre temas diversos, llamaría menos la atención. Por eso el ministro agregó que no temía la reacción antiabortista, y dejó entrever su esperanza de que el público se habituase a la legalización del aborto y asimilara con naturalidad la revolución que se ponía en marcha: "Si esto supone una cierta 'revolución' inicial en este país, —dijo Lluch— puede ocurrir, como con el divorcio, que a los pocos meses se olvide que ha sido una 'revolución'. El divorcio también ha supuesto una transformación profunda y hoy casi no se habla de esa ley que funciona con toda normalidad. Eso es lo positivo de este cambio." [19]
b) Extraña defensa episcopal.— En el mismo día, el diario "Ya" transcribe una sorprendente declaración del obispo auxiliar de Madrid, monseñor Alberto Iniesta, afirmando que los socialistas en el poder "no son como tales, partidarios del aborto". Pareciendo desconocer las tesis abortistas expuestas por el PSOE en sus documentos oficiales, el prelado agregó: "Lo que ocurre es que el Gobierno se encuentra entre la espada y la pared, presionado por los ambientes y sectores abortistas.'' [20] O sea, monseñor Iniesta intentaba decir que el PSOE no era un Herodes que mata inocentes, sino un Pilatos que se lava las manos... De este modo, cohonestaba la interpretación oficiosa que ofrecían los socialistas: sus reformas no correspondían a metas ideológicas radicales, sino a una simple y pragmática consagración legal de los anhelos revolucionarios de una sociedad; en el caso concreto, anhelos feministas y de liberación sexual.
2- Brusco cambio de métodos: un desafiante "tratamiento de choque"Pocos días después, el Gobierno pareció darse cuenta de que el impulso abortista de base no era suficientemente fuerte... Su línea de conducta se alteró bruscamente. En ese mismo mes de enero, el PSOE lanzó por los medios de comunicación social una campaña de gran impacto en favor del aborto. Los portavoces más calificados del socialismo comenzaron a declarar, al unísono, que era necesario aprobar sin dilaciones las reformas del Código Penal, y que el proyecto sería presentado a las Cortes para su tramitación en régimen de urgencia [21]. El presidente del grupo parlamentario socialista, Sáenz de Cosculluela, declaró que el PSOE no daría libertad de voto a sus diputados cuando los proyectos fuesen sometidos a votación, porque formaban parte de su programa electoral [22].
a) El "derecho de disponer del propio cuerpo", concebido como "dogma" neorrevolucionario.— Mientras tanto, el ministro de Justicia Fernando Ledesma, presentó ante el Congreso los fundamentos del proyecto de despenalización del aborto, compendiados en diez razones que fueron llamadas el Decálogo del Gobierno; o sea, los diez mandamientos de su ética amoral. Entre ellos figura uno que servirá de justificación al aborto, a las semanas eróticas, la cirugía transexual, la homosexualidad, la prostitución, etc.: "El derecho inviolable, inherente a la libertad de la persona de disponer libremente de su cuerpo." Su enunciado sin restricciones indica que se le postula como un derecho arbitrario y absoluto, por encima de los dictámenes de la ley natural, que los socialistas no aceptan. Según este principio el niño no nacido forma parte del cuerpo de la madre y por tanto, ésta tiene el derecho de extirparlo como si se tratara de un tumor. Sólo no tiene derecho a disponer del propio cuerpo el feto, que puede ser muerto impunemente en el seno materno. Tremenda contradicción que no preocupa a los socialistas. En coherencia con lo anterior, el ministro anunció también "una política criminal y social para asegurar la despenalización y disponibilidad de anticonceptivos", seguida de "una política de educación sexual y de información en materia de planificación familiar y distribución de medios anticonceptivos que permita el derecho a la disposición del cuerpo." [23]*
* Los socialistas franceses definieron el llamado derecho al amor libre con la radicalidad y la insolencia propios de una rebelión abierta contra la Ley de Dios. El estudio Liberté, libertés, redactado por el Comité d'étude et de reflexión pour une Charte des libertés, compuesto por dirigentes del socialismo francés —entre los cuales Michel Rocard, Laurent Fabius, Charles Hernu y Robert Badinter— y prefaciado por Francois Mitterand, define que el pretendido "derecho a la libre disposición del cuerpo" tiene como su corolario inmediato el "derecho al placer”. Este constituye "la primera liberación del cuerpo", e incluye "el derecho a la libertad sexual con todas las consecuencias de derecho que se señalan aquí: "Cada uno es libre de tener las actividades sexuales que escoja. Cada uno es libre de mantener relaciones sexuales con quien lo quiera, con quien él quiera, con la condición al menos tácita del consentimiento mutuo (...) "En consecuencia, ninguna represión, ninguna difamación, ninguna inquisición, pública o privada, deberá ser ejercida contra quien quiera que sea a propósito de su sexualidad. "La homosexualidad es un comportamiento sexual como cualquier otro. Es una de las expresiones de la libertad fundamental del cuerpo" (BADINTER, Liberté, libertés, pp. 272-274).
b) ¿Por qué el PSOE decidió correr este riesgo?.— El Gobierno socialista dejaba, pues, su imagen cautelosa para tomar la delantera del movimiento abortista e imponerlo con los medios que el poder le da, a bombo y platillos, quemando etapas y sin contemplaciones. Ahora bien, ¿no temía despertar la reacción de la opinión católica adormecida? Se diría que frente a una España narcotizada, los propios socialistas, beneficiarios de la narcosis, inseguros de la realidad psicológica escondida bajo la apatía, quisieron sondear la sensibilidad pública ante su revolución asombrosa. De cualquier modo, y sin excluir lo anterior, debieron tener indicios claros de que no iban a encontrar unidos a los católicos como un bloque monolítico contra el aborto. Así, parece que decidieron doblegarlos mediante una derrota espectacular que los convenciera de que no tenían condiciones de resistir a ninguna medida socialista, por más chocante que ésta fuera.
3- Reacciones enérgicas ele algunos sectores episcopalesDe hecho, hubo pronunciamientos de repulsa categórica y vehemente contra el aborto, tanto de algunos obispos como de seglares católicos, principalmente médicos. Tampoco faltaron reacciones eclesiásticas apaciguantes y conciliadoras, cuando todo indicaba que con una firmeza y determinación unánimes el proyecto no pasaría. Un hecho de gran significación los estimulaba a esa acción unánime y enérgica: pocos meses antes de que el Gobierno socialista presentara su proyecto de ley, Juan Pablo II, pareciendo prever la inminencia de este peligro, condenó categóricamente el aborto en Madrid el 2 de noviembre de 1982. Desgraciadamente sus palabras parecen haber tenido poco efecto. Y así, mientras los socialistas avanzaban, la mayoría católica somnolienta y sin cohesión adoptó una postura minimalista, que fue la causa de su derrota.
a) Las primeras voces de indignación categórica.— Entre los primeros prelados que se manifestaron en términos enérgicos estuvo monseñor Damián Iguacén, obispo de Teruel, quien recordó: "El aborto provocado no se puede (...) disimular con la hipócrita tapadera de reforma del Código Penal. La sangre derramada clama al cielo y clama venganza. Este pecado social no quedará sin castigo social. No repitamos la escena de Belén con una nueva versión de Herodes. Aunque un día fuera legal en España matar inocentes, seguiría siendo verdad que se mataba, que se asesinaba. Seguiría siendo un crimen que no quedará impune ante Dios y ante la Historia." [24] Por su parte, el obispo de Orihuela-Alicante, monseñor Pablo Barrachina, señaló con lucidez que el aborto no era sino la punta del iceberg: "Nadie podrá vivir tranquilo, porque detrás de estas aberraciones vendrán otras, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el incesto, la eutanasia." [25] También el obispo de Sigüenza-Guadalajara, monseñor Plá y Gandía, denunció en términos categóricos al Gobierno por estar "dispuesto a convertirse en el asesino oficial de miles de españoles." [26].
b) Monseñor Guerra Campos: condena tajante indicando los responsables y las penas canónicas.— El obispo de Cuenca, monseñor Guerra Campos, se destacó especialmente por la precisión de los argumentos teológicos, morales y canónicos que esgrimió con brillo y energía. Dice el prelado en la primera de sus cartas pastorales sobre el tema: "El aborto voluntario es moralmente un homicidio con todas las agravantes. Se ha dicho, con razón, que es peor que el terrorismo. Se priva de la vida a un ser inocente en el momento de mayor indefensión." Citando a Juan Pablo II, continúa monseñor Guerra Campos: "En su tajante condenación de la muerte de la persona inocente ya concebida y aún no nacida pronunciada en España, el Papa se refiere precisamente a las autoridades y a las leyes, y no sólo a las personas privadas que causan esa muerte. Y señala como gravísima violación del orden moral, precisamente los dos supuestos que ahora las autoridades pretenden implantar: a) la 'despenalización' (el negar la defensa o no proteger en cualquier caso al inocente); b) y la inclusión en la Seguridad Social, como cualquier otro medio de facilitar los medios o servicios privados o públicos para destruir vidas humanas indefensas. Con ello se mina el mismo fundamento de la sociedad: ¿Qué sentido tendría hablar de la dignidad del hombre, de sus derechos fundamentales?" (ver recuadro al lado). El obispo de Cuenca señala más adelante a los responsables específicos de este homicidio legalizado: "La responsabilidad se concentra en los autores de la ley, a saber: a) El presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros; b) los parlamentarios que la voten; c) el jefe del Estado que la sancione." Reitera también la obligación de resistencia ante la ley: "La Iglesia predicará siempre lo mismo: los ciudadanos están obligados a resistir contra la implantación de esa ley inválida e injusta; a resistir siempre contra su aplicación, si se implanta; a exigir siempre su revocación. Contar —como ya se ha dicho— con que, por mucho que ahora se discuta, una vez promulgada la ley la sociedad se acostumbrará y los ánimos se aquietarán no hace más que aumentar la malicia del proyecto. (...) "Si el Poder público se empeñara en seguir adelante (...) entonces mostraría su condición tiránica, (...) a la que los fieles a la ley de Dios, tendrían el deber moral de resistir." Recuerda enseguida, con precisión, las penas canónicas que afectan a los católicos que realizan el aborto o sean sus cómplices, y a los que lo promuevan o faciliten: "a) Los católicos —incluida la madre— que procuran o realizan o cooperan a realizar un aborto efectivo quedan sin más separados de la comunión de la Iglesia. Excomunión infligida por el mismo Derecho Canónico universal vigente. b) Los católicos que en cargo público, con leyes o actos de Gobierno, promueven o facilitan —y en todo caso protegen jurídicamente— la comisión de aquel crimen, no podrán escapar a la calificación moral de pecadores públicos. Lo son manifestadamente y como tales habrán de ser tratados mientras no reparen el gravísimo escándalo según sus facultades. Los pastores tendrán que obrar con ellos conforme al Evangelio y a la praxis de la Iglesia acerca del culto y los sacramentos. Aparte de las penas que la autoridad competente pudiera establecer en el orden jurídico.'' Y concluye con una grave constatación que no hay cómo negar: "Esos males no eran imprevisibles, porque sus promotores ya los patrocinaban y anunciaban abiertamente desde hace años. Dicho queda que personas responsables en la Iglesia, entre ellas pastores y prelados han contribuido a plantar el árbol que da tales frutos." [27] A plantarlo y, lamentablemente, como veremos, a mantener las condiciones para su crecimiento...
c) Otras declaraciones contra el aborto.— Hubo otras declaraciones episcopales categóricas contra el proyecto. Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Toledo, dirigidos por el cardenal primado de España, don Marcelo González Martín, exhortaron al clero a proclamar el "no matarás" y a deshacer todos los equívocos [28]. Asimismo el arzobispo de Burgos, monseñor García de la Sierra, señaló el absurdo de que en los regímenes democráticos "al mayor criminal se le concede la posibilidad de defenderse ante los Tribunales; (...) en cambio al no nacido, como no puede hablar se le niega". Y agregó: "Está claro: el aborto es un crimen." [29] El obispo de Orense, monseñor Temiño, declaró que si las leyes "se oponen claramente al bien común es deber de todos procurar que no se promulguen, y promulgadas no cumplirlas. No pueden obligar. Antes bien, obliga lo contrario. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres". Y añadió que "no puede aducirse el honor de una mujer violada como pretexto para destruir al no nacido. Matar para conservar el honor personal es simplemente un crimen." [30] Monseñor Cervino, obispo de Tuy-Vigo, señaló que si no se reconoce el derecho a la vida del embrión "nada podría ya impedir la escalada de aberraciones morales con desprecio total de la vida del hombre (eliminación de seres anormales, anticipación de la muerte de los ancianos que estorban)." [31] El obispo de Segovia, monseñor Palenzuela Velázquez, condena al Estado que apruebe el aborto, pues "contradice radicalmente su razón de ser y compromete en su raíz el ordenamiento jurídico al atentar violentamente contra un ser inocente e indefenso." [32] Se podrían transcribir también las declaraciones de monseñor Rafael González Moralejo, obispo de Huelva, denunciando el "empeño antinatural, anticristiano y ciego" del proyecto abortista [33]; de monseñor Araujo Iglesias, obispo de Mondoñedo-Ferrol: "el derecho de quitar ¡a vida no está en manos de ningún Gobierno" [34]; de monseñor Masnou, arzobispo de Vic, calificando el proyecto socialista de "trampa para abrir todas las puertas a una anarquía en la cual se mate tranquilamente, a libre petición y con protección de la ley" [35]; y de otros prelados y eclesiásticos que denunciaron categóricamente la matanza de los inocentes promovida por el PSOE.
4- La orientación predominante en la Conferencia Episcopal: recordar la doctrina, pero evitar la polémicaSin embargo, la movilización eclesiástica total, clara, categórica e inequívoca contra la reforma anticristiana del PSOE, estuvo lejos de ser unánime. Muchos obispos y sacerdotes parecieron temer que dicha movilización rompiese el consenso erigido hoy en valor supremo. Así, el P. Martín Descalzo, colaborador de "ABC" y "Vida Nueva", se mostró desconcertado porque el Gobierno colocó al país "en el espantoso callejón sin salida del debate del aborto". Comentó que había dormido mal, pensando "lo que esa polémica va a ser", O sea, dio la impresión de estar más preocupado con la polémica que amenazaba el consenso, que con la matanza de inocentes y la ofensa a la ley de Dios*.
* El desconcierto del P. Martin Descalzo se expresó así: "Confieso que no esperaba de un Gobierno presidido por Felipe González que a las siete semanas de su mandato, nos fuera a meter en el espantoso callejón sin salida del debate del aborto. Hace varios días que duermo mal, intentando prever lo que esa polémica va a ser. (...) "A los católicos se nos encierra en una cuestión sin alternativas y se nos arroja en manos de la derecha. (...) "Y he aquí a España dividida, con una izquierda que apoyará el aborto (...) y una Iglesia que será forzada a coincidir con la derecha. (...) "Durante años hemos luchado por un despegue entre la Iglesia y las fuerzas conservadoras" ("Vida Nueva”, 5-2-1983).
a) Monseñor Díaz Merchán: "que la discrepancia no se extrapole a otras áreas".— Cuando el debate comenzaba a encenderse, unas declaraciones del entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Díaz Merchán, parecieron ser la consigna de acción del organismo episcopal: "que la discrepancia en esta materia no se extrapole a otras áreas de la convivencia" [36], es decir, que no se transforme en una discusión global del programa socialista. Cuatro días después "El País" informaba: "El Gabinete ha obtenido garantías de que la fuerte oposición católica al aborto no significará la descalificación global de la Administración socialista." [37] ¿Por qué temer de tal modo en una democracia que se discutan a fondo las divergencias; que la polémica haga salir de la ambigüedad las diversas posiciones; que la opinión pública despierte y se defina en estos momentos en que la revolución callada del PSOE tiende a erradicar, al amparo de la apatía, lo que resta de la moral, la cultura y la civilización cristiana en España? ¿No es exactamente la denuncia global de la demolición llevada a cabo por los socialistas lo que podría impedir la ley del aborto y la aplicación del programa del PSOE? ¿O acaso la derrota de éste tendrá que ser vista por los católicos españoles como una desgracia peor que las violaciones de la Ley de Dios y de la ley natural?
b) La posición oficial del alto organismo episcopal.— Mientras tanto, la Comisión Permanente del Episcopado formulaba, el 5 de febrero de ese mismo año de 1983, su pronunciamiento oficial sobre la iniciativa pro aborto del Gobierno. El alto organismo expuso en diecinueve apartados la doctrina católica refutando los argumentos socialistas. Los ilustres autores del documento prefirieron darle a esta primera exposición pública de su enseñanza lo que en inglés se llama low profile (perfil discreto). En el texto se evita cuidadosamente considerar el aborto como una meta ideológica del socialismo, insertada en toda una política de demolición familiar, que forma parte, a su vez, de una transformación revolucionaria gradual aunque de una radicalidad insospechada. En la conclusión, los prelados afirman: "Exhortamos a los católicos a una aceptación sincera y unánime de la doctrina de la Iglesia en este punto. Les pedimos también que acepten con coherencia las consecuencias concretas de su fe, expresando su desacuerdo, como lo hacemos nosotros, con la ley que se pretende introducir, valiéndose para ello de los recursos legales que autoriza la Constitución y con el respeto que imponen el espíritu cívico y la ley del Evangelio, así como negando su colaboración a toda clase de prácticas abortivas." [38] La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal ratificó cuatro meses más tarde el documento de la Comisión Permanente*.
* El documento de la Comisión Permanente del Episcopado fue ratificado por la 38a Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en una declaración colectiva del 25 de junio de 1983. Salvo la expresión "crimen abominable" tomada del Concilio Vaticano II para calificar el aborto, el tenor de la declaración es análogo al de la anterior. Es decir, debe presumirse que la mayoría de los prelados asistentes a la Asamblea decidieron que era más oportuno no adoptar contra el proyecto abortista ni el tono ni las medidas de una campaña que empeñase todos los recursos de que dispone la Iglesia, en una nación en que más del 95 por 100 de los habitantes se confiesan católicos. El documento se atiene principalmente a demostrar "la ineludible obligación que pesa sobre la autoridad pública de tutelar el derecho a la vida", refutando la posición de quienes consideran el aborto como una cuestión ética privada en la que el Estado no debería entrar. (CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Documentos 1965-1983, pp. 743-746).
c) Una orientación eclesiástica que gana terreno.— Poco después de la declaración de la Comisión Permanente, monseñor Díaz Merchán formulaba nuevas declaraciones en las que condenaba el aborto, aunque al mismo tiempo levantaba reservas genéricas pero graves a los partidos conservadores, dando a entender que la Iglesia no haría causa común con éstos*.
* Monseñor Díaz Merchán afirmó que muchos cristianos han votado al PSOE, pero ello no significa una aceptación íntegra de su programa ni del aborto, y tomaba el cuidado de agregar: "No creo que el católico tenga forzosamente que recluirse en partidos de derechas, porque los partidos de derechas presentan también graves inconvenientes a la conciencia cristiana" ("El País", 20-2-1983).
Por su parte, monseñor José Manuel Estepa, obispo auxiliar de Madrid, mantuvo la misma postura: "La Iglesia debe proclamar su punto de vista y llamar a la conciencia de los católicos. Nada más; no se trata de levantar ninguna lucha contra el Gobierno." [39] Otro miembro de la dirección de la Conferencia Episcopal vino a reforzar este desconcertante modo de encarar la ofensiva abortista. Monseñor Antonio Montero Moreno, obispo de Badajoz y entonces presidente de la Comisión Episcopal para los Medios de Comunicación Social, lamentó el proyecto abortista como una "piedra de discordia en la convivencia nacional". Monseñor Montero creyó oportuno advertir al mismo tiempo que "los católicos españoles y los ciudadanos de buena voluntad de cualquier partido estamos haciendo un enorme esfuerzo por superar las diferencias de las llamadas dos Españas y por reducir la política a su propio campo sin que invada el terreno de la conciencia." [40] Cabe ponderar, sin embargo, que mientras los católicos se ven paralizados con la constante alusión al fantasma de la guerra civil y el temor a romper el consenso, la destrucción de España se desarrolla inexorable, no por la fuerza de las armas, sino mediante medidas legales, políticas, culturales y hábiles artimañas psicológicas.
d) La interpretación de monseñor Iniesta.— Más desconcertante todavía fue la nueva declaración de monseñor Iniesta, afirmando que la Iglesia puede "aceptar" lo inaceptable, en aras de la convivencia ecuménica: "Inclusive en aquellos aspectos que no compartimos desde nuestra moral cristiana, no tenemos inconveniente, por respeto a la libertad de conciencia y al pluralismo de la sociedad, en aceptar su legalización, como ocurrió con la despenalización del adulterio o con la implantación del divorcio civil. La Iglesia católica española de estos años ha sido bastante respetuosa en todos los campos opinables." (¿Querrá dar a entender que el adulterio y el divorcio son materias "opinables"?). "Es el tema de la legalización del aborto —añadió— el único quizá en el que, aún la Iglesia más abierta, no puede en su conciencia dar el sí." Y por eso, agregó que "a muchos católicos nos duele este conflicto con otras concepciones de la vida con las que nos sentimos tan unidos en tantos otros casos". Su empeño de concordia ecuménica con los socialistas es tal que llega a afirmar: "Estaríamos deseando encontrar argumentos científicos y objetivos que nos pudieran demostrar que allí [en el óvulo recién fecundado] no hay vida humana en grado alguno." [41] Otras voces eclesiásticas dejaron entrever, en forma más clara, que el PSOE podía vencer la batalla del aborto sin mayores contratiempos. Así, por ejemplo, el P. Javier Gafo, profesor de Moral Profesional en la Universidad Complutense y de Ética en la Pontificia Universidad Católica de Comillas, declaró sin rodeos: "La Iglesia aceptará de una forma totalmente civilizada que el Gobierno despenalice el aborto. Sabemos que lo va a hacer." [42] Al propio nuncio apostólico, monseñor Innocenti, la agencia EFE le atribuyó declaraciones vaticinando que las relaciones del Vaticano con el Gobierno socialista no se enfriarían por causa de la legalización del aborto [43]. No nos consta, lamentablemente, que tales declaraciones hayan sido desmentidas. Por otra parte, el entonces secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, monseñor Sebastián, al presentar el 15 de julio de 1983 en conferencia de prensa el pronunciamiento de la 38a Asamblea Plenaria del Episcopado, sobre la reforma del Código Penal, declaró que los obispos "no nos vamos a obsesionar hasta el punto de considerar que el aborto es el único problema que tiene planteada la moral cristiana" [44]. No se trataba de obsesionarse, sino de movilizar serena pero resuelta y eficazmente todos los recursos eclesiásticos y civiles que, con arreglo a las leyes de Dios y de los hombres, hiciesen sentir a los socialistas la profundidad y determinación del rechazo católico a la ley del aborto, así como al conjunto de la política familiar del PSOE*.
* Ni la declaración de la Comisión Permanente, ni tampoco este documento colectivo de la 38a Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española se refieren a las penas canónicas en que incurren quienes aprueban una ley de aborto y quienes lo practican. Sin embargo, monseñor Sebastián, en la citada conferencia de prensa, recordó: "El Código Canónico está ahí, y, por lo tanto, se mantiene la pena de excomunión para aquellos que participen o practiquen un aborto, siendo también excomulgados, esto es, separados del seno de la Iglesia Católica, quienes con su colaboración o consentimiento lo hagan posible" ("El Alcázar", 16-7-1983).
Un partido que tanto teme el renacer del espíritu español tradicional, que tanto rehúye la discusión abierta y definida, que tantos cuidados se toma, en fin, para hacerse aceptar por una nación adormecida, nunca osaría enfrentar la oposición de la mayoría de los católicos, con el Episcopado a la cabeza, si los encontrara unánimes en su determinación de impedir la matanza de los inocentes y la destrucción de la familia. Sin embargo, la política de contemporizaciones prevaleció.
5- Una enorme y meritoria reacción frustradaEstos sectores eclesiásticos estimulaban discretamente la oposición de los fieles al aborto, siempre y cuando no llegase a crear un clima perjudicial al consenso. Es lo que veremos a continuación.
a) Las manifestaciones silenciosas.— Durante el periodo en que el proyecto abortista se debatió en el Congreso de los Diputados, se realizaron por toda España grandes manifestaciones contra el mismo. Pero... una enigmática directriz de marchar en silencio, verdadera ducha de agua fría en la indignación popular contra el aborto, impidió que ésta pudiese exteriorizarse adecuadamente, y quitó a las manifestaciones gran parte de su fuerza de impacto. Los más fervorosos sufrían la sensación sofocante de estar participando de un movimiento truncado, de no poder transformar la reacción en un movimiento que podría haber sido arrollador y victorioso.
b) Un millón de firmas sin resultado...— La Comisión Nacional de Defensa de la Vida inició una campaña de firmas contra el aborto que suscitó el entusiasmo general. A lo largo de 1983, el público iba tomando conocimiento de los imponentes totales recogidos: 500 mil, 600 mil, 700 mil, un millón de firmas fueron enviadas al Congreso, donde eran recibidas con una sonrisa ecuménica y... archivadas. No hubo ni la retirada del proyecto, ni la convocatoria a referéndum que muchos esperaban como resultado de la oportuna iniciativa.
c) La reacción de importantes sectores.— Un enorme potencial de reacción salvadora se fue frustrando de este modo. Durante el debate de la ley, importantes sectores de la clase médica dieron un noble ejemplo de conciencia moral y profesional al pronunciarse categóricamente contra el proyecto abortista. En la mayor parte de los casos denunciaban la falacia del llamado aborto moderado propuesto por el PSOE y rehusaban de antemano toda colaboración en prácticas abortivas*.
* En una encuesta realizada por la revista "Noticias Médicas", contestada por 2.328 médicos, 1.628 se manifestaron contra el aborto. La respuesta habitual era que los tres supuestos contemplados en la ley son una tapadera para toda clase de abortos (''Ya", 18-2-1983). Por amplia mayoría la asamblea de presidentes y consejeros del Consejo General de Colegios Médicos de España se pronunció contra la despenalización del aborto ("El País", 20-2-1983). El Dr. José Antonio Uzandizaga, presidente de la Asociación Ginecológica Española, señaló la hipocresía contenida en la ley: "Si se abre la puerta justificando algunos casos, luego no es posible cerrarla. En todos los países en que se ha despenalizado el aborto, la legislación fue muy restricta al principio, pero luego se abrió la puerta, y se ha llegado a unas cifras impresionantes" ("El País", 29-1-1983). El presidente de la Comisión Deontológica del Consejo General de Colegios de Médicos, Dr. José Luis Pinal, afirmó: "Una verdad científica que es actualmente incontestable: en el momento en que se han unido las dos células aparece un ser nuevo que es diferente, distinto y que debe tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Es un ser nuevo" ("ABC", 29-1-1983). Después de la sanción real, otras autoridades médicas continuaron levantándose para hacer ver que la ley del PSOE nada tenía de moderada. La Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial afirmó en un documento oficial: "El texto promulgado del artículo 417 bis del código penal es permisivo a extremos tales que puede conducir en la práctica a una total liberalización del aborto, lo que en última instancia supone una merma importante del patrimonio ético de la sociedad" ("ABC" y "El Alcázar", 14-7-1985).
Hubo pronunciamientos de Reales Academias, como la de Farmacia, la de Ciencias Morales y Políticas, la de Doctores, la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, declaraciones de intelectuales y comunicados de las más distintas asociaciones [45]. Todo ello, en fin, aun siendo un movimiento de tan alto valor, representando a las más diversas categorías de la sociedad española y que pudo ser vencedor, acabó enterrado en las arenas movedizas del consenso que todo lo diluye y absorbe.
d) No faltaron quienes lo advirtiesen.— Al leer estos comentarios, quizá alguien alegue contra sus autores que "después de la batalla todos son generales". Sin embargo, no faltaron españoles para hacer sentir, a lo largo de estos acontecimientos, que importantes sectores dirigentes religiosos y civiles conducían las reacciones contra el aborto de un modo que no impediría la victoria del proyecto socialista. TFP-Covadonga estuvo entre ellos, dando a conocer públicamente sus reflexiones al respecto, a través de seis páginas del "ABC" de Madrid, el 6-4-1983, en un documento titulado: Ante la matanza de los inocentes, dentro del orden y de la ley: santa indignación*.
* Un resumen de dicho
llamamiento fue publicado en el "Diario de Cuenca", "Las Provincias de Valencia", "Heraldo de Aragón", y "El Alcázar". Novecientos cincuenta mil ejemplares de dicho resumen fueron difundidos, a lo largo de dos meses, por los socios y cooperadores de TFP-Covadonga en las calles de las principales ciudades y pueblos de las dos Castillas, Extremadura, Andalucía, Levante, Aragón, Vascongadas, Asturias, León y Galicia. Sobre la estrategia antiabortista en cuestión, nuestro documento decía: "Si los que ocupan los altos escalones de la Conferencia Episcopal o los puestos de dirección de los movimientos de reacción pública no se mueven con toda la fuerza de impacto contra el proyecto de ley del aborto, al PSOE, vencedor de las elecciones, sólo le queda avanzar. (...) La actitud de las Cortes, del Gobierno, e incluso del mismo Monarca estará condicionada no sólo por la amplitud sino también por el calor de esa saludable reacción. De poco le valdrá a España la protesta de grandes multitudes, tristoña y plácidamente silenciosas, cuya pasividad puede dar a los abortistas la esperanza de que incluso los sectores más católicos acabarán absorbiendo la ley abortista que la mayoría parlamentaria socialista imponga a la nación." El llamamiento hacía un pedido reverente a la Sagrada Jerarquía para que movilizase a millones y millones de fieles en campañas de oración, penitencia y acción, y les manifestase claramente que "la victoria de la legislación socialista en materia de aborto, como en los otros temas regidos por los VI y IX mandamientos, podrá perpetrar en 1983 —en estas tierras en que tantos vivieron y lucharon por medio de la oración, de la mortificación, del estudio y de la palabra— una nueva Crucifixión de Nuestro Señor Jesucristo". Sobre el carácter contraproducente de las manifestaciones silenciosas, el documento aducía: "Tales técnicas a lo mejor impresionen a otros pueblos, en cuyas venas circule otra sangre y cuyos hijos hubieran visto la luz de un sol menos ardiente. Entre nosotros sirven para reunir a los antiabortistas más decididos, pero nunca para mover ciudades enteras." TFP-Covadonga señalaba que entre un "posible antiabortismo exacerbado y un antiabortismo sin sal, sin fuego y sin vida, (...) corre la vía del sentido común, el cual sabe inspirar las campañas que el momento exige. Campañas cuyas manifestaciones públicas no se reduzcan sólo o casi sólo al largo y melancólico desfile de multitudes silenciosas, sino que encuentren medios de expresarse digna y naturalmente, con carácter, nervio e impacto (...). En otros términos, las manifestaciones antiabortistas constituidas de multitudes a las que muy españolamente les gustaría proclamar y cantar sus convicciones en alta voz, y explicar caballerescamente su noble disconformidad, reciben, por el contrario, la norma de desfilar en un silencio lívido y sumiso" ("Covadonga Informa", nos. 66-67, febrero-marzo de 1983. Cfr. tb., nos 68-69, abril-mayo de 1983 y nos 74-75, octubre-noviembre de 1983).
6- El "rodillo" socialista sanciona la ley que introduce en España la matanza de los inocentes
a) La aprobación en el Congreso de los diputados.— Tras diez meses de trámites, el Congreso de los Diputados aprobó el aborto el 6 de octubre de 1983, con 186 votos a favor, 109 en contra y 4 abstenciones. Mientras se realizaba la votación, grupúsculos feministas reunidos frente a las Cortes se entregaban a parodias blasfemas y cantaban obscenidades, celebrando por anticipado la victoria que el rodillo socialista les daría.
b) La visita de Felipe González al Vaticano.— Justamente entre la votación del proyecto en el Congreso y en el Senado, Felipe González viajó a Italia. El presidente del Gobierno solicitó una audiencia con S.S. Juan Pablo II, que le fue concedida. Después de la misma, en rueda de prensa, Felipe González destacó que hubo "una valoración general de los problemas en el ámbito de las relaciones entre el Estado y la Santa Sede, que son buenas y espero que lo sigan siendo" [46]. Naturalmente, el Gobierno socialista procuró afirmar con ello —en una época en que las imágenes y las impresiones tienen cada vez más influencia sobre la opinión pública— la idea de que las autoridades eclesiásticas no se iban a empeñar a fondo en la lucha contra el proyecto abortista. Un comentarista tan poco sospechoso como Abel Hernández, escribió: "Seguramente lo que más le interesa al dirigente socialista español de su encuentro con el Papa es la foto." [47] Según "ABC", “el Vaticano hizo público un comunicado, en el que afirma que la audiencia ha servido 'para tocar los principales problemas actuales' y recuerda la doctrina de la Iglesia contraria al aborto 'que en ningún caso permite la voluntaria y directa supresión del nasciturus'. Esta enseñanza fue claramente expresada por el Papa también durante su visita a España." [48] Por su parte, el entonces presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Díaz Merchán, que se encontraba en Roma, describió del siguiente modo el encuentro de Felipe González con el Papa: "Cuando terminada la entrevista del Papa con el presidente González Juan Pablo II volvía al aula del Sínodo, ante toda la Asamblea vino y me abrazó, diciendo para que lo escucharan todos: 'he estado con su presidente' ". Agregando luego: "Venía todo alborozado y contento. Por lo tanto, todos los obispos se congratulaban conmigo porque el encuentro con el Papa había sido inmejorable. Después lo mismo escuché de labios del Cardenal Casaroli y de monseñor Eduardo Martínez Somalo." [49]*
* Comentando estos hechos, el corresponsal del "Heraldo de Aragón", Santiago Fernández Ardanaz, relató que monseñor Díaz Merchán declaró: "Con ningún gobierno hemos tenido más contactos y colaboraciones. Las relaciones Iglesia-Estado son óptimas y el clima es de búsqueda continua del acuerdo." Al preguntársele si existían "tensiones" entre la Iglesia y el Gobierno, monseñor Díaz Merchán respondió: "Los problemas están ahí, ni los crea el Gobierno ni los crea el Episcopado", y resaltó el "clima de cordialidad y mutua cooperación" entre la iglesia y el Gobierno. El corresponsal consignó también otro ejemplo de ese clima: el encuentro en Roma por esas fechas del substituto de la Secretaría de Estado, monseñor Martínez Somato, con Fernando Ledesma, autor del proyecto abortista. Durante dicho encuentro, con "gran sentido de humor y cordialidad, monseñor Eduardo Martínez y el ministro Ledesma habían conversado y bromeado sobre sus aficiones juveniles de ciclistas" ("Heraldo de Aragón", 1-11-1983).
c) La aprobación en el Senado.— El 30 de noviembre, el Senado aprobaba la ley, por 110 votos a favor, 45 en contra y 3 abstenciones*.
* Importa señalar de paso que el cuño intolerante del ecumenismo del PSOE quedó al descubierto en un episodio característico ocurrido entonces. En efecto, el 28 de diciembre de 1983 TFP-Covadonga publicó en la prensa la lista completa de los diputados y senadores que votaron a favor o en contra de la ley del aborto, así como de los ausentes y de los que se abstuvieron. Los presidentes del Senado y de la Cámara de diputados, a la sazón los socialistas José Carvajal y Gregorio Peces-Barba, enviaron la publicación de TFP-Covadonga al Fiscal General del Estado, por "si hubiera delito". El Juez del Juzgado Central n° 1 de la Audiencia Nacional recibió la denuncia, efectuó una instrucción previa y la archivó por improcedente. Comprobada así la legalidad del procedimiento de TFP-Covadonga, esta entidad dirigió una carta a los presidentes de ambas Cámaras manifestando su asombro y su protesta por la actitud que intentaba impedir la libertad de expresión de la TFP. "¿Sólo protesta? ¡No! —decía la carta— También preocupación. Vuestra Excelencia, por la alta jerarquía que ocupa en el Estado español socialista y en las filas del PSOE, representa auténticamente el pensamiento y las tendencias que soplan en las reformas que el Gobierno socialista está gradual y rápidamente introduciendo y en los consecuentes cambios que están siendo impuestos a nuestra nación. Nosotros vemos en esta actitud de V.E. una manifestación del dirigismo socialista global, que constituye un peligro para todas las libertades legítimas, entre las que figura como la más preciosa la de los católicos de expresarse en consonancia con lo que enseña la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y no fue otra cosa lo que hicimos en esa ocasión" ("Covadonga Informa", nos 77-78, enero-febrero de 1984).
7- Recurso de inconstitucionalidad — El Tribunal Constitucional aprueba la ley con ligeras restriccionesTras la aprobación de la ley en el Senado, cincuenta y cuatro diputados de Alianza Popular interpusieron recurso previo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Allí, la ley tuvo que esperar más de un año en los cajones del alto organismo. El tema desapareció de los periódicos, de las radios, de la televisión y de las conversaciones... La polvareda levantada fue bajando y sólo en marzo de 1985 trascendió que el Tribunal Constitucional estaba estudiando el recurso previo. En abril salió la sentencia definitiva que, en resumidas cuentas, basada en la ambigüedad de la Constitución, permite el aborto, pero exige algunas garantías jurídicas más para su realización en los tres puntos admitidos por la ley. El aborto estaba virtualmente aprobado en España. Faltaba tan sólo que las Cortes adaptasen la ley a las observaciones hechas por el Tribunal Constitucional. Durante ese lapso el PSOE alteró el texto de la ley, y aprovechó para incluir una nueva cláusula que permite la realización del aborto sin el previo aval de un médico especializado, ni consentimiento expreso de la mujer en el caso de haber riesgo inminente para la vida de la gestante [50].
8- La aprobación finalEl Gobierno socialista preparó, mientras tanto, nuevas coincidencias diplomáticas capaces de provocar desconcierto y desarmar la temida oposición católica a la ley del aborto.
a) La visita del ministro Ledesma al Vaticano.— Un día antes de la votación final en el Congreso de Diputados, fue ahora el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, responsable de dicha ley, quien se hizo recibir por Juan Pablo II en Roma. La audiencia fue ampliamente comentada por la prensa en el mismo día de la votación, el 28 de mayo de 1985. "El País" se apresuró en informar que el encuentro transcurrió "distendido" y en resaltar la "cordialidad" de la entrevista de Ledesma con el sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, monseñor Eduardo Martínez Somalo. El mismo diario destacó también el "aplauso" de monseñor Somalo a un discurso del ministro Ledesma en la embajada de España, que defendía la "laicidad" del Estado español. Todos estos hechos indicaban —decía "El País"— el estado de buenas relaciones entre el ministro y el Vaticano [51]. Mientras ciertos medios eclesiásticos acogían con "satisfacción" las noticias sobre la visita de Ledesma a Roma, los diputados socialistas aplicaban el rodillo para aprobar el aborto: 187 votos a favor, 109 en contra y 12 abstenciones [52].
b) El viaje de monseñor Casaroli a España.— Cuando faltaba solamente la votación en el Senado, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Casaroli, realizó una breve visita a España, y aprovechó la ocasión, como es natural, para entrevistarse con el Rey, el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores. Felipe González, después de reunirse con el cardenal, declaró que las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España eran "muy positivas", "modélicas", y agregó: "Los acuerdos Iglesia-Estado en España son, a mi juicio, compatibles con la LODE y la despenalización del aborto." [53] Ninguna fuente eclesiástica objetó o rectificó los comentarios del presidente del Gobierno. Por su parte, monseñor Casaroli, cuando embarcaba de regreso a Roma, hizo declaraciones en términos más sutiles. Las relaciones de la Santa Sede con el Gobierno socialista "son dinámicas y están basadas en el respeto mutuo y la buena voluntad. Son relaciones dinámicas que se están construyendo. Todavía se están dando pasos importantes." [54]* Una semana después, el Senado consumaba la aprobación del aborto.
* El cardenal tuvo también la siguiente afirmación: "La posición doctrinal de la Iglesia Católica sobre ciertos asuntos es muy clara y sabemos muy bien que no es aceptada por todos, pero cabe la buena voluntad de encontrar caminos de entendimiento en cuanto afecta prácticamente al bien de la sociedad española.'' Esta aparente alusión al problema del aborto desconcertó a innumerables católicos. En efecto, la ley del aborto, así como la política de demolición familiar del PSOE —para sólo atenernos a este aspecto— no hay cómo negar que afectan gravemente y cada vez más "al bien de la sociedad española", pero del modo más negativo posible ("Ya", 19-6-1985).
9- La sanción realAsí las cosas, no quedaba más que una esperanza: que el Rey no sancionara la reforma penal. De varios sectores de la sociedad, se dirigieron pedidos al Monarca para que no sancionara con su firma la ley que permite el aborto*.
* Entre los que alzaron su voz en ese momento, se destacó la Hermandad Sacerdotal Española, que reúne un gran número de sacerdotes conocidos por su postura valiente en defensa de los principios católicos tradicionales. Esta asociación publicó un documento incisivo y categórico, cuyo tono innumerables católicos hubieran deseado ver también en los pronunciamientos de la Conferencia Episcopal. "A estas alturas, sólo el Jefe del Estado, a quien se le coloca en una situación límite, podría, en última instancia, salvar del patíbulo del aborto a muchos españoles (...). "La ley, convertida en hacha de verdugo, se apresta en ejecutar, con su despenalización, al primer principio del orden moral y al primer derecho del hombre. (...) Despoja al legislador del manto sagrado de su legitimidad (...) e invalida todos los esfuerzos de la sociedad contra la violencia y el terrorismo. "¿Cómo podrá la ley, sin caer en flagrante contradicción, pedir cuentas al asesino que mata, si ella misma autoriza la muerte de seres inocentes? (...) " [La Hermandad Sacerdotal Española] luchará con las armas de la verdad, del espíritu y de la oración y empeñará su vida, con todos los medios a su alcance, para liberar a la sociedad española de la gran iniquidad del aborto" ("El Alcázar", 28-6-1985). TFP-Covadonga sumó su voz a la de aquellos que intentaban impedir la legalización del aborto. El día 2 de diciembre de 1983, hizo llegar al Rey Don Juan Carlos una carta en la que imploraba a Su Majestad que no sancionase la ley (Cfr. Capítulo 9, p. 265). No faltaron presiones en sentido opuesto, para que el Rey sancionase dicha ley. A esas presiones se sumaban los rumores no desmentidos de que en los ambientes directivos de la Conferencia Episcopal se comprendía que el Rey la sancionase.
Por ejemplo, Abel Hernández, muy relacionado en los medios eclesiásticos, escribió el 6 de julio en su columna del "Diario 16" un artículo titulado El Papa aprueba que el Rey firme la ley del Aborto. En él asumió la responsabilidad de afirmar que Juan Pablo II comprendía el dilema del Rey y hasta le habría dicho: "Usted ha de separar su conciencia cristiana de su condición de Jefe de Estado." Continuó el periodista diciendo que "la obligación constitucional del Rey es firmar las leyes aprobadas en el Parlamento. 'No tenía otra disyuntiva que firmar o irse', según una destacada personalidad. Evidentemente al Papa le parece muy bien que el Rey Juan Carlos siga en su puesto. La misma actitud mantiene el Episcopado español según he podido comprobar directamente en la dirección de la Iglesia española." [55] La desconcertante noticia sobre este supuesto aval a la sanción real del aborto no dio lugar, por lo que sabemos, a ningún desmentido por parte de las autoridades eclesiásticas competentes. Mucho se discutió en esos días sobre la irresponsabilidad jurídica del Rey. El tema trasciende la esfera del Derecho Constitucional porque envuelve también problemas de Derecho Natural y de Derecho Canónico. Por otra parte, incluso juristas republicanos que consideran políticamente imposible que el Rey no sancione una determinada ley, no encontraron un fundamento jurídico-constitucional para establecer la obligatoriedad de la sanción real. El catedrático Eustaquio Galán y Gutiérrez, por ejemplo, sostiene que el poder de sanción, según lo estipulado por la Constitución en su artículo 91, de ningún modo excluye la facultad real de no sancionar [56]. El día 5 de julio, el Rey firmó la nueva normativa penal. Fue un día negro en la Historia de España, como afirmó el obispo de Cuenca (ver recuadro al lado). De hecho, no causa sorpresa el pensamiento de este gran prelado. La sanción real —aun cuando algunos intérpretes de la Constitución la consideran obligatoria— es un acto humano y no mecánico como el de una máquina registradora. Por su naturaleza racional, el hombre es libre y responsable de sus actos. En consecuencia, ningún ser humano puede sancionar la ley del aborto y eximirse de la responsabilidad del acto.
10-El obispo de Málaga declara que el aborto pudo pasar debido a la "cómoda tolerancia''Los pronunciamientos de la Jerarquía eclesiástica posteriores a la sanción de la ley siguieron, en su mayoría, la línea trazada por la Conferencia Episcopal: condenación del aborto, pero sin aludir a la situación en que quedan sus promotores y legisladores frente a la doctrina católica y al derecho canónico. Varios prelados, a título individual, instigaron a sus fieles a desacatar la ley por imperativo de conciencia. Pero la Conferencia Episcopal tomó una actitud discreta que virtualmente equivalía a la aceptación del aborto como un hecho consumado. El obispo de Málaga, monseñor Buxarrais, conocido por sus posiciones liberales avanzadas, admitió la responsabilidad de quienes debían haberse opuesto a tiempo y sin temor y no lo hicieron: "Todos los españoles tenemos nuestra parte de responsabilidad al no haber defendido con valentía y decisión en el momento oportuno la vida de los niños españoles no-nacidos." Esta responsabilidad —prosiguió monseñor Buxarrais— "ahora se acrecienta al vernos obligados a participar con nuestro dinero al pago por la Seguridad Social de los abortos provocados (...) Ante tamaña injusticia levantamos nuestra voz para que resuene en la conciencia de los ciudadanos y se den cuenta de la tremenda situación a que nos ha conducido nuestra cómoda tolerancia." [57] Esta lamentación del prelado, verdadera pero tardía, dejó sin resolver una cuestión gravísima. Si parte de las cuotas pagadas a la Seguridad Social son empleadas para practicar abortos provocados, los contribuyentes estarían colaborando —aunque indirectamente— al asesinato de millares de inocentes. Esto implica en un problema moral cuya solución requiere profundos conocimientos de doctrina católica y una amplia experiencia en juzgar delicados casos de conciencia. Sería por tanto muy conveniente —quizás imprescindible— que los obispos españoles que se han pronunciado contra el aborto, esclarecieran a los fieles en esta importante materia.
11- El Gobierno se felicita por la falla de reactividad antiabortistaEl ministro de Sanidad, Ernesto Lluch, pudo felicitarse de que la ley abortista estaba comenzando a aplicarse "sin un revuelo como el que se produjo en Italia, con grandes polémicas, un referéndum y el país dividido". La pseudo-unidad ecuménica estaba a salvo... Con toda desenvoltura, el ministro también indicó la táctica a seguir para evitar que surjan reacciones: "Hemos dado y seguiremos dando muy poca información." [58]
12-Primer aborto legal, una "barbaridad"El primer aborto legal se realizó en circunstancias muy sintomáticas. Una mujer sufría una afección renal curable y quería tener su hijo. Pero los médicos que la atendían afirmaron que la gestación colocaba su vida en peligro y realizaron un aborto terapéutico. Josép María Gil Vernet, vicepresidente de la Sociedad Internacional de Urología y catedrático de Urología de la Universidad de Barcelona, manifestó así su disconformidad: "Desde un punto de vista médico, el primer aborto legal que se ha realizado en España es una barbaridad, porque tenía una fácil solución médica, sin peligro para la madre y con muy escaso riesgo para el feto. (...) Lo que tenía la mujer que ha abortado era perfectamente curable en todos los casos y se podía intervenir durante la gestación.” [59]*
* Con respecto al supuesto del aborto terapéutico, peligro para la salud de la madre, el presidente de la Asociación Ginecológica Española y catedrático de Obstetricia y Ginecología, profesor Del Sol, afirmó: "Mi opinión como ginecólogo es que hay argumentos sobrados para estar contra el aborto. Yo llevo nueve años como catedrático en Madrid y durante este tiempo nunca se ha planteado el dilema de elegir entre la vida de la madre y la del feto, y en este tiempo habremos atendido unos 30.000 partos" ("La Vanguardia", 5-6-1985). Respecto a la oposición entre la vida de la madre y la del nascituro, los especialistas norteamericanos Dr. J.C. Wilke y Sra., autores del mundialmente conocido Handbook on abortion, corroboran la declaración del profesor Del Sol al afirmar que "en nuestros días un aborto verdaderamente terapéutico es prácticamente inexistente" (p. 34). A la vista de esta realidad científica debemos preguntarnos si los médicos asesores del PSOE no sabían que uno de los supuestos de la ley era casi inexistente. ¿Habrá tenido el PSOE otras razones que justifiquen desde el punto de vista socialista la inclusión de este supuesto que el avance de la medicina prácticamente ha eliminado? Pese a todo el PSOE aprobó la ley con los aires de quien no le importaban las oposiciones. Muchos católicos se sintieron así desanimados al darse cuenta que, aunque contaban con segura fundamentación pura defender la legitimidad de su causa, el PSOE vencía la batalla con aparente seguridad. ¿Habrá tenido el PSOE la intención de humillar, desorientar y desarticular a los sectores más combativos del movimiento anti-abortista —presumiblemente más anti-socialistas— a fin de ejecutar con mayor facilidad las etapas posteriores de su programa?
13-El PSOE prosigue su marcha: el "show" para radicalizar la ley del abortoLa táctica de las contemporizaciones se reveló no sólo enervante para el movimiento anti-abortista, sino estéril en producir las "relaciones dinámicas" que nos evitarían males mayores en el futuro...
a) Los primeros pasos.— Como era previsible, no tardaron en aparecer denuncias de que centros municipales de salud, disconformes con el carácter restrictivo de la ley, realizaban abortos ilegales haciéndolos pasar por legales [60]. En otros casos, funcionarios de los centros municipales de salud madrileños facilitan informaciones sobre las clínicas clandestinas a las mujeres que solicitan el aborto [61]. El 28 de abril de 1986, Fernando Ledesma, ministro de Justicia, anunció en Barcelona que el PSOE haría aprobar en la presente legislatura su proyecto de ley permitiendo el abono por razones socioeconómicas. Añadió que la ampliación de los supuestos de la ley dependía de la actitud general de la sociedad [62].
b) El socialo-feminismo entra en escena.— Comenzó entonces un show para hacer creer al público que existía un clamor popular a favor del aborto sin restricciones. La UGT salió al escenario para reivindicar el aborto libre y gratuito en los tres primeros meses del embarazo [63]. La revista del Instituto de la Mujer —organismo perteneciente al Ministerio de Cultura—, a su vez, exigió "ampliar la ley del aborto". Carlota Bustelo, directora de dicho instituto, fue más lejos al prometer que el PSOE haría aprobar una nueva ley de aborto [64]. Indicando los próximos pasos, Alfonso Guerra afirmó, en el mejor estilo neorevolucionario, que el Gobierno estudiaba sugerencias de colectivos feministas. En términos parecidos se expresó el ministro Ledesma [65]. Tales colectivos liberadores promovieron, por toda España, manifestaciones poco concurridas pero a las cuales ciertos medios informativos dieron mucha publicidad, en las que se proyectaban películas mostrando prácticas abortivas, y las feministas se jactaban descaradamente de haber abortado. Después estos colectivos comenzaron a practicar públicamente abortos ilegales, fotografiados y filmados por la prensa cómplice y reprimidos de forma blanda o indolente por las autoridades.
Muchos de estos abortos más parecían un ritual siniestro, cuyo altar era la mesa de operaciones, y en el que el indefenso nasciturus hacía el papel de víctima propiciatoria, inmolada al dios del prohibido prohibir... [66] Pocos son todavía los españoles que han abierto los ojos a este fenómeno de alcance histórico: en la España del PSOE la barbarie post-civilizada comienza a mostrarse en la vida pública como un nuevo protagonista*.
* A quien le parezca excesiva la metáfora, es bueno que sepa que en los Estados Unidos y Canadá la relación entre feminismo, brujería y rituales satánicos ha sido puesta de relieve últimamente por conceptuadas publicaciones católicas. La doctrina que inspira ese feminismo ocultista es una consecuencia lógica de las premisas feministas: "la mujer siempre ha sido oprimida. Hasta las brujas en el pasado sufrieron 'supresión patriarcal' porque ellas fueron mujeres poderosas, y no porque esparcían el mal". Y la adhesión a los rituales de brujería es vista como una forma de recuperar ese supuesto poder perdido (Cornelia R. Ferreira, La Agenda Feminista en la Iglesia, in "Homiletic & Pastoral Review", mayo de 1987, p. 13; Cfr. Tb. ib., pp. 10-21; E. Michael Jones, Brujería en la Universidad de Indiana in "Fidelity", mayo 1987, pp. 20-28; Dentro del círculo de brujas moderno in "Insight", 8-6-1987, pp. 59-61).
14-"Golpe" abortista del Gobierno: en curso una nueva batallaAprovechando el ambiente creado por el show abortista, el Gobierno intentó imponer la liberalización completa de la práctica del aborto por la vía de los hechos consumados. En octubre de 1986 se supo que el Consejo de Ministros iba a aprobar un real decreto que permitía la práctica de abortos en clínicas particulares y suprimía las Comisiones Médicas de evaluación previstas por la ley. Las reacciones en el cuerpo médico fueron categóricas y vehementes. El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Dr. Javier Matos, calificó el proyecto como "liberalización del aborto criminal" [67]. Numerosos colegios y asociaciones médicas expresaron su total condena. Al mismo tiempo, el cardenal arzobispo de Madrid, don Ángel Suquía, publicó una carta pastoral en la que, en términos claros, condenaba el proyecto y denunciaba que la manifiesta intención del Gobierno socialista era "no ya de regular una realidad dada, sino de incentivar, mediante el apoyo positivo de la ley civil, un tipo de conducta contraria en sí misma al orden moral". El Gobierno se opone así "frontalmente a la fe de la Iglesia que profesa la mayoría de los españoles". El cardenal recordaba: "El feto no es un tumor... el niño no es el cuerpo de la madre". Y concluía señalando el deber moral de los católicos "de rechazar una legislación como ésa, y de no dar nuestro apoyo en esto a los partidos y grupos que la propongan o la impongan." [68] Pero el gabinete socialista, mostrando su curiosa noción de consenso, aprobó dicho decreto el 21 de noviembre de 1986. Días después, la asociación Acción Familiar interpuso ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra el decreto. Mientras se tramitaba este recurso, el cardenal Suquía volvió a pronunciarse sobre el caso, denunciando que el real decreto "está en franca y frontal oposición con la fe y la doctrina de la Iglesia", y que la fecha de su aprobación constituía un "día de luto" para España. Pero agregó: "Sería un buen día si los católicos despertáramos del letargo en que vivimos y nos comprometiéramos en serio a ser coherentes con nuestra fe." [69]*
* TFP-Covadonga envió el siguiente telegrama al cardenal arzobispo de Madrid: "Felicitamos calurosamente V. Emcia. Rvdma. motivo valiente pronunciamiento carta reciente real decreto sobre aborto. Pedimos divina Providencia acorte los días de esta ampliación matanza de inocentes. Imploramos bendición V. Emcia. Rvdma.” Paralelamente, el 26 de diciembre de 1986, TFP-Covadonga colocaba en su sede social del Paseo de la Castellana un cartel de 8 metros de ancho por 6 de altura con las siguientes palabras: "El reciente real decreto sobre el aborto elimina casi todos los obstáculos legales aún subsistentes. Ante Dios TFP-Covadonga ofrece su condolida reparación. Ante los hombres responsables su indignada protesta." Fue grande el impacto entre los numerosos transeúntes de esa vía madrileña: elogios, aplausos, aunque también insultos y hasta blasfemias (cfr. "Covadonga Informa", n° 108 y 109).
También el obispo de Salamanca, monseñor Mauro Rubio, atacó el decreto y comparó el Gobierno socialista al nazismo, por "disponer de la vida de seres humanos inocentes" [70]. La Asociación de Defensa de la Vida aprovechó la ocasión para instar públicamente a que se rechace y desacate por injusta la ley abortista "que con mentira y manipulación patentes ha sido promovida por el actual Gobierno con el apoyo de la TV estatal, aprobada por el Parlamento y sancionada por el Rey." [71] El 30 de diciembre la Sala Tercera del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Francisco Pera Verdaguer, admitió el recurso interpuesto por Acción Familiar y determinó la suspensión cautelar de la aplicación del real decreto. Dicha suspensión fue ratificada un mes después, el 28 de enero de 1987. El Gobierno —al igual que las feministas y los comunistas— no disimuló su irritación y anunció, como represalia, su propósito de presentar una nueva ley del Aborto incluyendo el cuarto supuesto (por motivos socioeconómicos) [72]. Y el PSOE determinó incluir el cuarto supuesto en su programa electoral: "No vamos a ceder un ápice", dijo la dirigente de la Federación Socialista Madrileña, Dolores García Hierro [73]. Además, el Gobierno autorizó a clínicas privadas a practicar abortos, en base a la orden ministerial de 30 de julio de 1985, un poco más restrictiva que el real decreto de 21 de noviembre de 1986. Por ejemplo, la clínica Dator, de Madrid, recibió esta autorización a fines de diciembre de 1986; y en los seis meses que se siguieron, practicó nada menos que 3.054 abortos. En los primeros 30 días ya había realizado "cerca de 400 abortos, la mayor parte de ellos acogidos al supuesto de peligro para la salud mental de la madre." [74] La orientación no varió. El Gobierno anunció en respuesta a una interpelación del diputado Andrés Ollero del Grupo Mixto que hasta el 6 de octubre de 1987 se habían practicado 11.559 abortos legales en España, 97 por 100 de los cuales alegaban como motivo "riesgo para la salud psíquica de la madre"; 1,3 por 100 "posibles malformaciones del feto"; 0,21 por 100 "violación"; y 0,56 por 100 sin datos [75]. Esto representa, en la práctica, la total liberalización del aborto. Los datos hablan por sí...
NOTAS [18] PSOE, Por el cambio – Programa Electoral, p. 35. Cfr. También 100 medidas por el cambio, ítem 77 in PSOE, Un año para la esperanza, pp. 40-41. [19] "Ya", 4-1-1983. [20] 20 Ídem, ib. [21] Ver p. ej. "El País", 26-1-1983 y 28-1-1983; "Ya", 16 y 28-1-1983. [22] "Ya", 16 y 28-1-1983. [23] Ya", 26-2-1983. [24] "ABC" y "El Alcázar", 1-2-1983. [25] "El Alcázar", 3-2-1983. [26] Mons. Jesús PLA Y GANDIA, El Gobierno de España dispuesto a convertirse en el asesino de miles de españoles, portada. [27] “El Alcázar”, 26-2-1983. [28] "ABC", 3-2-1983. [29] Ib. [30] "El Periódico", 6-1-1983. [31] “Ya”, 4-2-1983. [32] “Ya”, 2-2-1983. [33] "El País", 9-2-1983 [34] “Ya", 17-2-1983. [35] “Ya", 16-2-1983. [36] "ABC", 27-1-1983. [37] "El País", 31-1-1983. [38] CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Documentos 1965-1983, p. 726. [39] "Ya", 28-1-1983. [40] Ibídem. [41] "El País", 18-1-1983. [42] "Diario de Navarra", 31-5-1983. [43] "El Alcázar", 10-2-1983. [44] "El País", 16-7-1983. [45] Cfr. COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID, La Ciencia y la sociedad frente al aborto. [46] “ABC”, 16-10-1983. [47] Abel HERNANDEZ, Crónica de La Cruz y de La Rosa, p. 118. [48] “ABC”, 16-10-1983. [49] “Heraldo de Aragón”, 1-11-1983. [50] “El País”, 1-5-1985. [51] “El País”, 28-5-1985. [52] “ABC”, 29-5-1985. [53] “El País” y “Ya”, 18-6-1985. [54] “Ya”, 19-6-1985. [55] “Diario 16”, 6-7-1985. [56] Cfr. Capítulo 9, item II, 2 d. [57] “Comentario Sociológico”, Julio-diciembre de 1985, p. 898. [58] "El País", 17-8-1985. [59] "Diario 16", 13-8-1985. [60] Cfr. por ejemplo "El Alcázar", 20-2-1986. [61] "El País", 11-10-1986 [62] "El País", 29-4-1986. [63] "El Alcázar", 13-8-1986. [64] "Diario 16", 13-6-1986; "Ya", 22-6-1986. [65] "El País", 12-8-1986. [66] “Diario 16”, 15-5-1986; “El País”, 24-4-1986, 8 y 11-6-1986, 20-11-1986. [67] “ABC”, 30-10-1986. [68] "ABC", 8-11-1986. [69] "ABC", 25-11-1986. [70] "El País", 8-12-1986. [71] "El País", 31-12-1986. [72] "Ya", 29-1-1987. [73] "ABC", 6-3-1987. [74] "El País", 31-1-1987, 18-6-1987. [75] "Ya", 30-10-1987.
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Tras la sanción real, algunos documentos eclesiásticos expresaron
su disconformidad. Entre ellos sobresale una segunda carta pastoral del
obispo de Cuenca, monseñor José Guerra Campos, por su doctrina clara, por
su precisión al señalar las responsabilidades y por su energía en
denunciar el ambiente de falsa moderación que permitió llevar adelante la
ley:
