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Parte III

La psicocirugía revolucionaria en cámara lenta

 

Tres operaciones de efectos reversibles y una  nueva vía revolucionaria...

·      Se desvencijan las estructuras del Estado sin desmontarlos todavía. (Sistema jurídico institucional – autonomías – Corona)

·      Corrosión de las instituciones en la sociedad (Propiedad – familia – educación).

·      Transformación “lúdica” de las mentalidades. (Ambientes – costumbres – cultura y civilización).

… que conduce a una sociedad disgregada autogestionaria, sin Dios ni ley.

 Sección tercera:

La reforma de la sociedad

Capítulo 10 - final

VI — El pulpo de la tecno-burocracia extiende sus tentáculos en otras direcciones

Por todo lo ya dicho queda claro que, si el neosocialismo trata de evitar el camino de la estatalización clásica —y postula el gradual menguamiento del Estado en beneficio de colectivos sociales autogestionarios— no deja, sin embargo, de continuar hipertrofiando el poder de la tecno-burocracia en la vida económica española. Las necesidades de su complejo plan de relativización de la propiedad privada y de la iniciativa particular así parecen exigirlo.

Pero los socialistas no avanzarán por la vía del capitalismo de Estado, cuyo fracaso en el mundo entero es clamoroso. Sus opositores tendrán por ello dificultad de atacarlos en este terreno.

Ya lo hemos comentado, pero vale la pena repetirlo: los socialistas van paulatinamente ahogando la iniciativa privada con innumerables exigencias —bajo pena de pesadas multas o expropiaciones— y acostumbrando a los propietarios a la idea de que son gerentes-delegados de la tecno-burocracia, sin iniciativa ni independencia. Las diferencias entre la esfera pública y la privada tenderán a desaparecer. La descentralización político-administrativa y el gradual establecimiento de me­canismos de control social (participación de usuarios en consejos de administración de ciertos servicios públicos, etc.), harán disminuir, a los ojos de la opinión pública, la gravedad del excesivo control estatal de la propiedad, como lo pretende el PSOE con sus leyes. En los ámbitos en que el intervencionismo tecnoburocrático se exacerbe, podrán recibirse con alivio las propuestas que los mismos socialistas hagan en el futuro para caminar claramente hacia la autogestión. Esta no aparecerá entonces al público como una cárcel micro-colectivista, sino como una liberación frente al poder estatal hipertrofiado.

1-  El Sistema Nacional de Salud: otro instrumento colectivizador

Así, no es por casualidad que los socialistas han resuelto también hacer sentir su dirigismo estatal en un sector tan importante y sensible como el de la salud. El público ya estaba habituado desde hace años a los servicios de un sistema sanitario altamente estatalizado, que consiguió mejorar cuando le fueron inyectadas grandes cantidades de dinero [72]. Después de décadas de implantación, el sistema se había deteriorado —excepción hecha de algunos sectores— bajo los efectos de la rigidez y el estancamiento que tienden a acompañar las grandes máquinas estatales. Esto empeoró a partir de la subida al Poder de los socialistas, que disminuyeron las dotaciones presupuestarias para la Sanidad [73].

a) La reforma exigida que no vino.— Resultaba patente la necesidad de una reforma que abriese campo a la agilidad inventiva y emprendedora de la iniciativa particular. De ella podía esperarse una mejora en la atención médica con costes más bajos, que garantizase la libertad del paciente para escoger su médico y que eliminase la intromisión indebida del Estado*.

* El Dr. Ramiro Rivera, ex presidente de la Organización Médica Colegial, enuncia algunas de las medidas que podrían haber sido tomadas:

— "Para romper los auténticos cuellos de botella que enlentecen los procesos de diagnóstico y tratamiento, en muchas ocasiones precisan [los hospitales] costosas instalaciones de alta tecnología. Pues bien, si en el presupuesto no hay dinero, la solución estriba en alquilar locales a compañías privadas que se encarguen de la instalación, mantenimiento y utilización de estos aparatos y en contratar con ellas la prestación de los servicios (...).

— ''Autorizar la utilización por los beneficiarios de la Seguridad Social de clínicas y médicos ajenos a la misma sobre la base del reembolso de los gastos de hospitalización.

— "Conceder a todos los ciudadanos la libertad de elección entre el régimen de la Seguridad Social y las entidades de seguro libre (...)."

— Desbloquear el sistema de "la asistencia sanitaria por parte de las empresas llamadas 'colaboradoras’, del que ahora se benefician sólo unos 750.000 españoles, empleados de Banca, empresas eléctricas, Telefónica, TVE, etcétera. Son muchas las grandes empresas que quieren ofrecerlo a sus empleados y familiares y muchas más las que lo harían reuniéndose varias de ellas" ("ABC", 25-6-1987).

Desde antes de llegar al Gobierno, el PSOE anunciaba una reforma sanitaria en términos tales, que algunos llegaron a pensar que se trataba de las referidas modificaciones[74].

b) La ley General de Sanidad.— No obstante, la ley General de Sanidad, promulgada el 25 de abril de 1986, mostró una vez más la determinación socialista de modelar la realidad viva de las cosas, de acuerdo con postulados y planes colectivistas e igualitarios rígidamente concebidos a priori [75].

Aquellos que imaginaban que la implantación total del sistema socialista autogestionario ofrecería una auténtica libertad, tuvieron un nuevo motivo de desengaño.

El PSOE decidió que la solución de la insuficiencia del sistema sanitario estaba en la unificación de todo el complejo conjunto de organismos públicos existentes en una sola y gigantesca red de servicios estatalizados [76].*

* Dentro de esta unificación, hecha alegando la necesidad de disminuir los costes, la ley, sin embargo, como lo destaca el Dr. Ramiro Rivera "entre otras medidas ha obligado contra su voluntad a integrarse en el régimen general de la Seguridad Social a un millón de trabajadores autónomos y sus familiares que antes recibían asistencia en regímenes especiales, mutualidades o entidades de seguro libre, etcétera, y han conseguido desbordar sus propios centros (largas listas de espera, camas en los pasillos, etcétera)” ("ABC", 25-6-1987). En cuanto a la descentralización, que podía esperarse de la adaptación del sistema a las autonomías, la Organización Médica Colegial así evaluó lo dispuesto por la ley: "Las Comunidades Autónomas quedan no sólo vacías de potestades legislativas, sino incluso de la propia potestad ejecutiva de reglamentar en materia sanitaria en su propio ámbito" ("Profesión Médica", 15-6-1985).

Ahora bien, ¿cómo hacer funcionar este enorme y pesado aparato tecno-burocrático que no cuenta con el impulso de la libre iniciativa? Un descalabro atrae otro. La salida, típicamente socialista, sólo podía ser una omnipresente planificación y fiscalización, que bajo la amenaza constante de las sanciones someta a médicos y personal sanitario a los dictámenes de la dirección general*.

* La revista "Informativo Médico" se refiere en su editorial a este aspecto de la ley: "Otra de las consecuencias absolutamente perniciosas de la Ley es el considerable aumento de la burocracia que acarreará su aplicación. Quizás como en ningún otro proyecto, se ha constatado en éste la tendencia a la planificación de los socialistas, empeñados en controlarlo todo, en fiscalizarlo todo, en convertir a los agentes sanitarios en funcionarios-robots alineados a las órdenes de un poder superior que coarta, hasta ahogarla, la iniciativa individual y de grupos. Se ha aprobado una ley estatificadora" (n ° 92, Madrid, diciembre de 1985, p. 5)

Véanse, especialmente, los artículos 23, 29, 30, 31, 43, 54, 59, 60 y 70 a 77 y el capítulo VI de la citada ley General de Sanidad.

El mastodóntico sistema promete una atención sanitaria gratuita a los españoles. De hecho, la gratuidad es bien relativa si se tiene en cuenta que el financiamiento termina siendo hecho por los propios pacientes a través de los descuentos para la Seguridad Social y de las imposiciones tributarias. Naturalmente la libre elección del médico dentro de tal sistema no pasa de un mito*.

* El informe oficial de la Organización Médica Colegial (OMC) hizo notar que el proyecto de la ley de Sanidad "olvida del derecho fundamental que ha de tener el ciudadano en virtud del principio de libertad, que es el de la libre elección de médico y de centro hospitalario" (Informe de la OMC aprobado en la Asamblea General del 1 de Junio in "Profesión Médica", 15-6-1985). La misma OMC, durante la tramitación de la ley, propuso alternativas que garantizasen de alguna manera la libertad del enfermo, dentro del sistema sanitario único, para escoger su médico y su hospital, pero el Gobierno no oyó tales iniciativas. La ley, como lo destacó la revista "Informativo Médico" (de la OMC), "pone de manifiesto grandes limitaciones para el ciudadano en la elección de médico en asistencia primaria, y el práctico desconocimiento de dicha posibilidad de opción para el médico especialista y para los centros hospitalarios" ("Informativo Médico", n° 94, febrero de 1986, p. 8).

Es cierto que la ley hace hincapié en un supuesto respeto a la libre empresa en la medicina, conforme al artículo 38 de la Constitución. A ello dedica su título IV. En resumen, tal respeto consiste simplemente en no prohibir el ejercicio libre de la medicina particular —sujeta a la competencia estatal— y en admitir a centros hospitalarios privados a concertaciones precarias con el sistema único. La medicina privada queda, pues, en unas condiciones de inferioridad que la hacen difícilmente practicable. Se ve así condenada, para poder subsistir, a elevar progresivamente los precios de sus servicios a una clientela cada vez menor, disminuyendo por eso mismo su posibilidad de expansión y caminando lentamente hacia su virtual desaparición*.

Estas son las consideraciones de sentido común que, en un estudio necesariamente sumario, puede hacer un observador no especializado que considere la realidad a la luz de la experiencia y de los principios de la doctrina social católica.

* El Dr. Ramiro Rivera dice que para mejorar la calidad de los servicios médicos "no había más que una motivación, que estaba al margen de la medicina pública: la medicina privada, y se está cometiendo la insensatez de intentar acabar con ella" ("El Médico", n° 166, 22 a 28 de noviembre de 1985, p. 44).

c) El diagnóstico de los especialistas.— ¿Qué dicen, mientras tanto, especialistas que viven el problema sanitario por dentro? Dejémosles la palabra.

El Dr. Ramiro Rivera, declaró al respecto: "El PSOE se ha encontrado ante una difícil alternativa porque se ha dado cuenta de que el sistema sanitario estaba enormemente estatalizado y sólo se le ha ocurrido aumentar más el sistema con todos sus defectos y ninguna de sus virtudes (...). La calidad va a bajar lentamente, insensiblemente, y esto es lo malo, porque nos acostumbramos a ese paulatino desarrollo [deterioro] y no reaccionamos."[77]

El dirigismo estatal invade nuevos campos… El sistema nacional de salud
Resultaba patente la necesidad de una reforma del sector de la salud que abriese campo a la agilidad inventiva y emprendedora de la iniciativa particular. En cambio, el PSOE decidió unificar todo el complejo conjunto de organismos públicos existentes en una sola y gigantesca red de servicios estatalizados. Por si fuera poco, viene coartando y ahogando progresivamente la medicina privada.
	El anteproyecto de ley sobre control y distribución de medicamentos De haber sido aprobado este proyecto, los farmacéuticos se habrían transformado en auténticos funcionarios del Estado y la amplia red de farmacias privadas habría sufrido un golpe mortal. La reacción de los farmacéuticos fue vehemente y prácticamente unánime obligando al Gobierno a retirar el anteproyecto. Arriba se reproduce uno de los sugestivos carteles editados por el Colegio de Farmacéuticos.

El mismo Dr. Rivera, en conferencia en Pamplona el 17 de enero de 1986, señalaba que "la progresiva hipertrofia de la sanidad estatal ha ido anulando paulatinamente las iniciativas sociales" [78]. La revista "Informativo Médico" publicó un resumen sobre la evaluación de la reforma sanitaria socialista, que el entonces presidente de la OMC hizo en su conferencia: "Rivera consideró que las víctimas de ese sistema sanitario eran los enfermos, que han perdido la confianza en los médicos; los facultativos, que se hallan ante el ciudadano sin los medios y el tiempo precisos para ejercer en él una buena me­dicina; la sociedad, que paga por este tipo de asistencia sanitaria más de lo que vale, y los médicos jóvenes, sometidos cada vez más al desempleo y a la imposibilidad de realizar una especialización médica." [79]

Por su parte, el Dr. Enrique González González, periodista del Colegio de Santa Cruz de Tenerife, describe así el problema: "Los ambulatorios no tienen capacidad para que los médicos cumplan el horario que les corresponde, ni existen servicios de laboratorio ni de radiología para hacer las exploraciones en un tiempo razonable en relación con la gravedad del proceso. Algunas especialidades médicas no existen, otras no tiene medios y otras conciertan, por insuficiencia de profesionales, las visitas con seis o más meses de atraso.

"Los hospitales del INSALUD, debido a las deficiencias de los ambulatorios, tienen sobrecargados los servicios de urgencias hasta límites tan exageraos que el tiempo que disponen para cada enfermo es insuficiente, y todo ello en un ambiente desagradable para los enfermos, familiares y médicos. Las consultas externas de los hospitales son tan numerosas que roban el tiempo que hay que dedicarle a los enfermos ingresados. La insuficiencia en camas de esos mismos hospitales hace aparecer los llamados centros concertados, clínicas y hospitales no pertenecientes al INSAL UD, que admiten enfermos mediante el pago de una cantidad por día y cama. Estos centros se encuentran en estos momentos con graves problemas económicos, porque el pago es inferior al coste real, los aumentos son insuficientes y cobrados con mucho atraso. Por otra parte, reciben enfermos muy crónicos y de edad muy avanzada, con lo que sus resultados no son muy brillantes. No hay centros para crónicos, que ocupan camas que precisan los enfermos agudos." [80]

Por otro lado, el economista Enrique Costas Lombardía constata que "más de cuatro millones de asegurados-cotizantes y sus beneficiarios de la Seguridad Social pagan a la vez voluntariamente una póliza de seguro de enfermedad a entidades privadas, que son a las que solicitan asistencia." [81]

Las categóricas y masivas manifestaciones de protesta de los médicos —que se resisten a aceptar la deterioración de la atención sanitaria y a transformarse en funcionarios-robots de una máquina anónima— corroboran de modo clamoroso el conjunto de estas evaluaciones. Los médicos de Madrid denunciaron, en un manifiesto dado a conocer en febrero, "la injusta situación de los pacientes, agobiados física y psíquicamente por una asistencia masificada y deshumanizada en ambulatorios y hospitales, en tanto establecimientos concertados con el INSALUD languidecen sometidos a conciertos económicos precarios." [82]

Las propias cifras oficiales son también muy reveladoras. El déficit de INSALUD en 1986 fue de más de cien mil millones de pesetas. Según informó al Congreso el nuevo ministro de Sanidad García Vargas, a comienzos de 1987 había 107.000 enfermos en lista de espera, 13.000 más en relación al año anterior [83]. Con la persistencia de los fallos del sistema y las huelgas médicas, la cifra de pacientes en lista de espera, hasta agosto de 1987, se estimaba en 200.000 [84].

Nada de lo anterior ha obstado a que el Gobierno socialista continúe impertérrito, manteniendo su programa colectivizante. Esto muestra una vez más que su meta es ideológica, pese a las siempre alegadas necesidades de modernización y eficiencia social.

2-  El intento de transformar también a los farmacéuticos en virtuales funcionarios públicos

Paralelamente, los tentáculos de la tecno-burocracia intentaron envolver a los profesionales farmacéuticos.

Se trató esta vez del anteproyecto de ley del Medicamento puesto en circulación en marzo de 1985 [85]. En realidad, no era sólo un proyecto de ley sobre control y distribución de medicamentos. Implicaba una encubierta pero radical reforma de estructuras en las farmacias*.

* El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Pedro Gómez de Agüero, analizó con perspicacia los motivos alegados para justificar la reforma: “El derecho a la atención farmacéutica no sólo lo defienden a ultranza los farmacéuticos como ciudadanos, sino que, además, su instrumentalización es el ejercicio de la propia profesión. Pero cuando se habla de disponibilidad y uso racional uno supone detrás de ello la nacionalización del medicamento; cuando se habla de eficaces se presume el intervencionismo; y cuando se dice coste razonable inevitablemente se recuerda el economicismo" (1. Crítica, Suplemento de "Informativo Farmacéutico", junio de 1985, p. 7)

Mediante los más diversos controles y limitaciones, el texto legal transformaría también a los farmacéuticos privados en auténticos funcionarios del Estado: el sistema sanitario único fijaría el número límite de sus pacientes atendibles por cada farmacia particular, siendo que tales pacientes constituyen para ésta la mayor fuente de ingresos. La circulación de medicamentos podría ser limitada a aquellos considerados esenciales. Los farmacéuticos particulares estarían obligados a realizar servicios administrativos diversos para el sistema sanitario estatal. Las farmacias privadas no podrían estar abiertas al público sin el titular presente en el recinto. El volumen de ventas sería limitado por toda serie de controles. Tan perjudicados quedarían los farmacéuticos privados, que el anteproyecto pro­pone el establecimiento de una especie de sueldo base a modo de compensación. Por otra parte, el texto abría la posibilidad de que los servicios farmacéuticos de urgencia que funcionan en los centros de salud del sistema sanitario estatal, se transformasen en una verdadera red de farmacias paralelas, dadas las facultades de dispensar medicamentos que se les otorgarían. Esta red aplastaría rápidamente al sector privado con una competencia clamorosamente desigual [86].

Dado el carácter necesariamente sucinto con el que presentamos las múltiples reformas socialistas, resulta imposible describir todos los elementos contrarios a la propiedad privada y a la libre iniciativa reunidos en este anteproyecto.

La reacción contraria de los farmacéuticos fue vehemente y prácticamente unánime. En carta abierta dirigida en mayo de 1985 a sus asociados, el presidente del Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Ernesto Marco, señalaba, poco después de la publicación del anteproyecto, que éste colocaba a la profesión frente a "la situación más grave que nos ha tocado vivir"; precisando que "supone la desapropiación de lo que hoy es la oficina de farmacia" [87]. Por su parte, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Pedro Gómez de Agüero, en un informe crítico, presentado ante sus colegas el 18 de junio de ese año, desenmascaraba la socialización encubierta en las sutilezas del articulado de la reforma, advirtiendo: "Esto es la desprofesionalización de nuestra actividad. Seremos, si no lo evitamos, unos funcionarios públicos a las órdenes de la Administración. No al servicio de la sociedad". Hacía hincapié, finalmente, en que el anteproyecto no era susceptible de correcciones parciales sino que debía ser retirado lisa y llanamente [88].

Los farmacéuticos pasaron a la acción, lanzando lo que se conoce como "huelga a la japonesa", o sea, las farmacias de todo el país, en lugar de cerrar, permanecieron abiertas también de noche. La protesta, que impresionó por su unanimidad y el modo original y hábil de manifestarse, obligó al Gobierno a retirar el anteproyecto.

Sin embargo, la Administración echó mano de un nuevo recurso para intentar someter a los farmacéuticos a los dictados de la política socialista de relativización de la propiedad: una orden de la Presidencia publicada el 16 de agosto de 1985, redujo drásticamente los márgenes de beneficio en la venta de medicamentos [89].

Los farmacéuticos presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo, que el 9 de mayo de 1986 ordenó la suspensión del citado Acto Administrativo. El Gobierno simplemente quiso eludir el cumplimiento de dicha orden, declarando en acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de junio de 1986, la "imposibilidad material y legal" de cumplirla. Pero el 18 de noviembre, la Sala Tercera del Tribunal ratificó la orden del 9 de mayo, indicando al Ejecutivo que debía cumplirla "en sus propios términos". El máximo tribunal recordó al Gobierno que "la exorbitante prerrogativa de negarse a cumplir cualquier sentencia o demorar su ejecución" por parte del Consejo de Ministros, no existe en las leyes de España… [90]

Un tercer pronunciamiento del Tribunal Supremo, el 2 de marzo de 1987, zanjó definitivamente la cuestión, reponiendo los márgenes de beneficio en el antiguo porcentaje y retrotrayendo las cosas a la situación anterior a la resolución gubernamental de agosto de 1985 [91].

¿Insistirá en la reforma el Gobierno socialista? La propia ley General de Sanidad estipula entre otras cosas que "las oficinas de farmacia estarán sujetas a la planificación sanitaria en los términos que establezca la legislación especial de medicamentos y farmacia" [92]. Lo que hace suponer que nuevos pasos, dentro del espíritu colectivizante de la ley de Sanidad, podrán ser intentados más adelante.

El socialismo es uno, constante, meticuloso y pertinaz en su política de colectivización de las instituciones y de las mentalidades. Incluso en el caso de este meritorio triunfo de los farmacéuticos privados, las oposiciones, como hemos visto, son parciales. Es decir, ya sea por la habilidad socialista en velar su plan global, ya sea por la apatía fomentada por el consenso ecumenista, los opositores del PSOE difícilmente consiguen advertir a la opinión pública sobre el conjunto de la demoledora obra socialista.

3- El control intervencionista del crédito

También en este terreno los socialistas parecen haber escogido el camino del control dirigista, capaz de hacer paulatinamente ineficaz la titularidad del derecho de propiedad. En asunto tan sensible para la vida económica de la nación como es el sistema financiero, el PSOE no puede aplicar una socialización radical. Sin embargo, el Gobierno ha mostrado su disposición de exagerar los mecanismos de control monetario, invocando razones de coyuntura y de saneamiento económico.

a) Colocar la banca privada al servicio del Estado.— Ya en 1976 Miguel Boyer, el futuro ministro socialista de Economía, en la escuela de verano del PSOE usaba la fórmula: "Es necesario que el Estado ponga a su servicio a la gran Banca española." [93]

De hecho, desde que el socialismo subió al Poder, las entidades crediticias privadas vieron drásticamente limitado el derecho de disponer de sus propios recursos, mediante el manejo estatal de los coeficientes de caja y de inversión; al punto que Felipe González consideraba en 1984 que la nacionalización de los bancos era superflua: "El Gobierno controla a los ban­cos a través del BOE, lo que hace innecesaria su nacionalización". Tras agregar que es imposible controlar el sistema bancario más de lo que está, concluye celebrando que "la Banca funciona a golpe de Boletín Oficial." [94]

La realidad de la cual se jacta el líder socialista se reflejó en la preocupada advertencia que, en el mismo año, hizo el presidente del consejo de Administración del Banco de Bilbao, José Ángel Sánchez Asiaín, señalando el "creciente grado de intervención en las operaciones del sistema bancario que ha caracterizado la política económica de 1983 y, todavía más, en J984, Podemos llegar, en este año, a tener controlado el destino del 57 por 100 de nuestros recursos, frente al 29,75 por 100 en noviembre de 1982". En la misma ocasión advirtió: "Un banco es una institución financiera que asume riesgos y presta servicios en libertad. Esta libertad de decisión se está limitando hasta extremos desconocidos y, desde luego, nos está impidiendo la adecuada atención al sector privado de nuestra economía". Además criticó la "dirección coactiva de nuestros recursos hacia la financiación del sector público." [95]

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de la Banca, Rafael Termes, señaló un año después, que los bancos se habían convertido en recaudadores por cuenta del Estado para sufragar el déficit provocado por el incremento del gasto público [96].

A comienzos de 1987, el Gobierno consideró oportuno reducir el coeficiente de inversión obligatorio al 11 por 100 y adoptó otras medidas tendientes a volver menos drástica su intervención [97]. Como el Gobierno socialista controla la economía, aumenta o disminuye sus intervenciones según las conveniencias del momento o la oposición que encuentre, acostumbrando así a los propietarios a ser tratados como meros concesionarios-ejecutivos.

b) El control de la dirección.— Al mismo tiempo, los socialistas prepararon otra ofensiva dirigida principalmente a politizar las Cajas de Ahorro —en buena parte de fundación privada— y controlarlas. Como es sabido, estos organismos compiten activamente con los bancos. Al término de 1983 tenían 43 millones de cuentas con un importe global de cerca de seis billones y medio de pesetas; en 1986 los depósitos superaron los diez billones. A fines de ese año las Cajas ya controlaban más del 40 por 100 del mercado financiero [98]. Mediante la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA), el PSOE abre las puertas a un nuevo aspecto de la relativización del derecho de propiedad [99].*

* Naturalmente, la aprobación de la ley ha dado origen a conflictos entre Cajas de Ahorro y gobiernos autonómicos, especialmente los dirigidos por socialistas. El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, José Joaquín Sancho Dronda, condenó enérgicamente el texto legal cuando éste fue presentado. Sancho Dronda destacó lo innecesario de la reforma que afectaría a unas instituciones de comprobada eficacia, de notoria solvencia financiera y actividad creciente. El presidente de la C.E.C.A., al criticar la politización de las Cajas que el proyecto suponía, insistió en que se comprende la representación de las entidades públicas en las Cajas que son de fundación pública pero no en las privadas ("Diario 16", 10-9-1986 y "Comentario Sociológico", n° 47-48, julio-diciembre de 1984, p. 430 y n° 49-50, enero-julio de 1985, p. 375). La Junta Directiva de la Federación Nacional de Asociaciones Profesionales de Empleados de Cajas de Ahorro (APECA) también advirtió que con la nueva ley "se politiza a las Cajas y se mata el sentido profesional de sus integrantes". Alberto Eguilaz, miembro de la Junta Directiva de APECA, acusó al Gobierno de ejercer un "acoso" contra las Cajas y sus empleados y vio en la referida ley un intento socialista "de estatalizar las Cajas" para "autofinanciarse", resaltando que, una vez que no existen accionistas en dichas instituciones, el Gobierno socialista podrá dirigirlas mediante la nueva ley ("El Alcázar", 27-3-1985).

La función del director profesional de las Cajas de Ahorro es despojada, por la nueva ley, de gran parte de sus atribuciones en beneficio de los consejos de Administración y de las Asambleas Generales, en las que el nuevo sistema de representación permite a los ayuntamientos y a las respectivas comunidades autónomas llegar a tener el control [100].

Para tener una idea del alcance político de este control, basta recordar lo que significa gobernar Cajamadrid con su billón de pesetas en depósitos o dirigir la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA) [101].

También son frecuentes los rumores recogidos por la prensa, indicando que el PSOE se movería para introducir hombres de su confianza en los Consejos de los grandes bancos privados [102].

VII — Cogestión en las empresas públicas: comienzo de un proceso...

Llegamos ahora a uno de los aspectos más relevantes de la política económica del PSOE en el orden profundo de las cosas, porque se relaciona directamente con su objetivo final. Sin embargo, en el orden práctico de los hechos, el PSOE, por razones tácticas, dio tan sólo pequeños pasos en esta dirección. Hagamos una breve recapitulación.

El objetivo confesado de los socialistas es la demolición del Estado y de la sociedad actuales para implantar una democracia socialista radicalmente igualitaria y autogestionaria. Para ello, el poder en todos los niveles y actividades tendría que desmembrarse —hasta un grado que los teóricos neosocialistas no precisan— en una miríada de colectivos autónomos, políticos, sociales, culturales y económicos*. Se trata de un desmontaje lento y controlado de las estructuras, que supone una correlativa transformación de las mentalidades para erradicar las tendencias, aspiraciones y hábitos de afirmación y progreso individual, que son incompatibles con la nivelación propia del micro-colectivismo autogestionario**.

* Para llegar a la “democracia integral” socialista hay que aplicar paulatinamente la co-gestión obrera: "El socialismo es la democracia integral. Los socialistas perseguimos además que la democracia se extienda más allá del ámbito de las instituciones políticas, porque el socialismo no es sino la democracia integral. Una democracia que se extienda a todos los ámbitos de la vida colectiva: desde la escuela hasta la empresa. Una democracia que requiere la redistribución del poder social y económico así como la extensión de mecanismos de participación.

"La participación de los trabajadores en las empresas. A este fin procuraremos que se habiliten de modo paulatino cauces de participación de los trabajadores en los órganos de administración y gestión de las empresas, en la política económica y social de la nación a través del consejo económico y social, y en las diversas políticas sectoriales" (Ponencia marco para el 31° Congreso del PSOE de enero de 1988, separata de "El Socialista", 15 de octubre de 1987, p. 2. Los destaques figuran en el original).

** Sobre este tema ver capítulo 6, ítems I a VIII.

En el complejo proceso de cambios a la vez psicológicos, morales, culturales y de estructura que conducen a la quimera de esta democracia socialista, ¿en qué momento comenzará la transformación de la empresa industrial y comercial?*

* La cuestión emerge como hemos señalado, tanto en el debate socialista mundial como en el español. En 1976, en el libro de presentación del PSOE como nueva alternativa, Juan Manuel Kindelán escribió:

"En nuestra circunstancia histórica, sería iluso pensar en la implantación rápida y completa de un sistema que pudiera llamarse socialista, aun si esto fuera deseable. Se puede adoptar como hipótesis de trabajo que, en España, se mantendrá una economía de mercado durante bastante tiempo, con intervención cada vez mayor del Estado, pero permaneciendo posible la iniciativa y el lucro del empresario individual.

"El objetivo político a largo plazo de una política socialista consiste en la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción; pero (...) un socialismo adecuado a las necesidades y problemas del último cuarto del siglo XX deberá buscar todos los caminos posibles de implantar un control democrático de las empresas productivas y, en general, de los centros de poder económico. En la práctica será preciso ir experimentando y avanzando en esta dirección por medio del desarrollo de empresas autogestionarias o de otras dependientes de organismos autónomos locales y de las regiones federadas, de organismos sindicales, de instituciones económicas estatales controladas adecuadamente. No cabe duda, sin embargo, que sólo a medida que se vayan conquistando sólidamente parcelas cada vez mayores de poder político se podrán dar pasos importantes en la dirección deseada. Para conseguirlo así, además, será precisa una fuerte dosis de prudencia, de modo que se eviten situaciones coyunturales poco afortunadas que alejen a la mayoría del país y, en particular, a la clase obrera de la política llevada a cabo por un gobierno socialista, provocando la vuelta al Poder de fuerzas de la derecha" (Una política económica hacia el socialismo in EQUIPO JAIME VERA, La alternativa socialista del PSOE, pp. 233-234).

Ya se ha visto hasta qué punto los actuales dirigentes socialistas son conscientes de que eliminar antes de tiempo la propiedad privada significa correr el riesgo de echar por tierra su bien montada psicocirugía.

Nada más prudente, entonces, que iniciar la reforma de la empresa a partir del sector público y, mucho mejor aún, difuminando las connotaciones ideológicas de las medidas que se toman, bajo la alegación de que es necesario adaptar las leyes e instituciones españolas a la Comunidad europea.

Es así como la cogestión obrera hace su entrada discreta y cautelosa en la estructura de la empresa española, dentro de los marcos del Acuerdo Económico y Social (AES) tripartito, Gobierno — empresa privada — sindicatos, firmado en 1984.

En efecto, el artículo 21, letra b) del AES estipulaba iniciar la cogestión obrera en las empresas públicas bajo la forma de un pacto entre el Gobierno y la UGT. El convenio prevé que dos representantes sindicales tendrán asiento en esos consejos, y que se crearán comisiones paritarias de vigilancia y control de la gestión, que amplían el nivel de participación sindical. El pacto no obliga a que esta última sea ejercida por obreros de las respectivas empresas. Según "El País" del 14-1-1986: "[El acuerdo] no obliga a que la representación sea ostentada por sindicalistas vinculados laboralmente con la empresa afectada, dejando, en consecuencia, a las organizaciones obreras la posibilidad de nombrar los representantes que consideren más idóneos." Queda así la cogestión en manos de la dirección de la UGT y otras centrales como CC.OO., que vengan a beneficiarse en los convenios establecidos en cada empresa. A pesar de las vacilaciones del Ministerio de Economía, el sistema puede ser aplicado al delicado sector financiero [103].*

* Esta cogestión manejada por las grandes centrales sindicales socialo-comunistas, si llegara a aplicarse al Banco de España, principal órgano ejecutor de nuestra política económica, podrá ser un factor de tensión si no de caos. Tanto más cuanto el propio Nicolás Redondo, secretario general de UGT declaró que el Banco de España actúa en los hechos como un "poder fáctico" y que se ha convertido en una "oligarquía dentro de la economía nacional" ("ABC", 1-9-1986).

El socialismo está actuando con habilidad. Todavía no ha aprobado leyes que transformen la empresa atentando directamente contra el derecho de propiedad privada y de libre iniciativa*. Estableció un mero convenio Estado-Centrales Sindicales que de algún modo compromete a la Confedera­ción Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ya que el pacto bipartito se inscribió dentro del acuerdo AES del cual participó también la organización patronal. Es decir, al aprobar este comienzo de cogestión para el sector público, la CEOE aceptó tácitamente un sistema que podrá extenderse próximamente al sector privado.

* El Papa Pío XII enseña: "Un peligro similar se presenta igualmente cuando se exige que los asalariados pertenecientes a una empresa tengan en ella el derecho de cogestión económica, sobre todo cuando el ejercicio de ese derecho supone, en realidad, de modo directo o indirecto, organizaciones dirigidas al margen de la empresa. Pero ni la naturaleza del contrato de trabajo ni la naturaleza de la empresa implican necesariamente por sí mismas un derecho de esta clase. Es incontestable que el trabajador asalariado y el empresario son igualmente sujetos, no objetos, de la economía de un pueblo. No se trata de negar esta paridad (...). Pero nada hay en las relaciones del derecho privado, tal como las regula el simple contrato de salario, que esté en contradicción con aquella paridad fundamental. La prudencia de nuestro predecesor Pío XI lo ha mostrado claramente en la encíclica Quadragésimo Anno; y, en consecuencia, él niega en ella la necesidad intrínseca de modelar el contrato de trabajo sobre el contrato de sociedad" (Nous vous adressons. Alocución del 3-6-1950 al Congreso Internacional de Estudios Sociales, § 10). Nótese la especial preocupación del Pontífice con la intromisión de poderes extra-empresa, como lo son en nuestro caso las grandes centrales sindicales de ámbito nacional UGT, CC.OO. y CNT.

En otra ocasión recordaba: "Por ello se explica la insistencia de la Doctrina Social Católica, precisamente en lo que toca al derecho de la propiedad privada. Es la razón profunda por la que tanto los Papas de las Encíclicas sociales como nosotros mismos hemos rehusado el derivar directa o indirectamente de la naturaleza misma del contrato de trabajo el derecho de copropiedad del obrero en el capital de la empresa y por lo tanto, su derecho de cogestión. Importaba negar este derecho, porque inmediatamente se seguía otro gran problema. El derecho de propiedad, en el individuo y en la familia, se deriva inmediatamente de la naturaleza de la persona, derecho, por lo tanto, unido a la dignidad de la persona humana, que lleva consigo, ciertamente, obligaciones sociales, pero el derecho en sí, no es solamente una función social" (“Radiomensaje al "Katholikentag" de Viena, 14-9-1952 in Discorsi e Radiomessagi, vol. XIV, p. 314).

José Luis Daza, de la UGT, afirmó que, en su opinión, el paso siguiente deberá ser el de ampliar la representación sindical a los órganos directivos de las empresas del sector privado. Fue respaldado por Joaquín Almunia, ministro de Trabajo, quien señaló los próximos pasos de la política socialista: "Es deseable que este marco desborde a la empresa pública y se introduzca en la privada, negociándose por la vía de los convenios colectivos” [104].*

* La verdad es que el Gobierno podrá ampararse para ello, por enésima vez, en una interpretación socialista de la Constitución. En efecto, su artículo 129 está redactado de modo tan genérico y ambivalente que abre las puertas para intentar la imposición legal directa o indirecta de una participación que llegue hasta la autogestión. Dice el texto constitucional; "Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".

Más explícito, el economista ugetista Francisco López Romito, en la revista "Técnicas y Cuadros", editada por el sindicato socialista, revela, una vez más, la táctica procesiva del PSOE, al decir que la participación sindical en la empresa pública "se inscribe dentro de un proceso de ampliación gradual de la participación en la planificación y gestión económicas". Es decir, el convenio del 16 de enero de 1986 dio comienzo a un proceso que llevará, a través de la cogestión, a la autogestión de las empresas [105].

Este control sindical creciente tiende a abarcar toda la vida económica del país, de acuerdo al plan expuesto por el economista ugetista: "la puesta en marcha de esta experiencia generará una influencia positiva hacia las empresas públicas de comunidades autónomas y municipales, así como hacia el conjunto de las empresas privadas." [106]

El sistema permitirá a los socialistas graduar el avance del proceso según las reacciones de los empresarios y de los obreros. Tendrán la posibilidad de extender —valiéndose de la presión de las centrales sindicales socialo-comunistas y quizás hasta de ciertos sectores del empresariado— la cogestión obrera a todo el sector privado. Este podrá ser forzado a entrar en un camino de concesiones crecientes que lleve a la autogestión.

VIII — La “neorrevolución” tiene su punto débil

Son pocos los españoles con tiempo y condiciones de abarcar, en una visión de conjunto, las reformas socioeconómicas parciales que el Gobierno socialista multiplica a cada momento. Sin embargo, todas estas reformas forman parte de un impresionante plan de conjunto camuflado en la diversidad de los textos legales.

En consecuencia, las reacciones de los sectores afectados han sido hasta el momento parciales y no alteran el curso general de los acontecimientos impuesto por el PSOE. Dichos sectores no consiguen interesar a categorías más amplias de la opinión pública por su lucha específica, la cual es planteada muchas veces en un plano técnico y circunscrito, poco definido ideológicamente y que no remonta a los principios capaces de unir y galvanizar a una vigorosa mayoría de españoles*.

* La Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que en 1982 promovía una meritoria campaña para denunciar que el PSOE nos "aproximaría en gran medida a los modelos marxistas de la Europa del Este (...) tres años más tarde [dio] un giro de 180 grados [guardando] un silencio absoluto ante las elecciones legislativas (...) Ni anuncios publicitarios, ni análisis públicos de programas, ni actos empresariales de galvanización (...) ni nada" ("El País", 7-6-1986).

La omisión de este alto organismo —que naturalmente debería coordinar, dirigir y estimular la oposición antisocialista en el campo económico— contribuyó poderosamente a la desarticulación y apatía de la clase empresarial.

También produjo desconcierto la declaración del secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar: "No nos preocupa demasiado quien gane las elecciones (...) Lo que importa a la sociedad española no es que gane la derecha o la izquierda, lo que importa es contar con un Gobierno (...) que se mueva por el interés público" ("Ya", 10-6-1985). A su vez, el presidente del Banco de Vizcaya, Pedro Toledo, declaró: "La gestión del Gobierno socialista en materia de política económica, en los grandes temas, está siendo acertada (...) Prescindo de la ideología al analizar los hechos económicos" ("El País", 1-2-1987).

Situación lamentable, puesto que la táctica del PSOE tiene su punto débil: si los sectores afectados y el público en general se dieran cuenta del plan de conjunto, harían impracticable la política socialista.

Con avances y retrocesos, tensiones y distensiones, el PSOE lleva a cabo su neorrevolución, cuyo alcance pocos consiguen medir exactamente. El desinterés del público tiende solamente a aumentar, tanto más cuanto ninguno de estos episodios hace perder los aires de despreocupado optimismo a los principales líderes del Gobierno y de la oposición.

La meticulosa demolición de nuestros valores tradicionales, la desarticulación del edificio jurídico e institucional, el resquebrajamiento de la unidad política del Estado, la relativización de la propiedad privada y la libre iniciativa, el fermento auto-gestionario en la empresa, todo esto constituye la "asombrosa" revolución del socialismo.

Pero hemos visto que, paradójicamente, esta revolución es a la vez "tranquila", debido al apagamiento del espíritu polémico y de la vivacidad de reacción que siempre caracterizaron a nuestro pueblo. De esta manera, la psicocirugía va extirpando del público la capacidad de enjuiciar, querer y reaccionar enérgicamente, mientras las reformas del PSOE siguen su curso... A lo largo de este capítulo hemos visto los avances del socialismo en el campo económico, en el cual —según Felipe González— tenía escaso margen de maniobra. Pasemos a considerar ahora sus reformas en los terrenos en que podía mostrar con más nitidez su verdadero rostro: la familia, la educación y las costumbres [107].