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Parte III

La psicocirugía revolucionaria en cámara lenta

 

Tres operaciones de efectos reversibles y una  nueva vía revolucionaria...

·      Se desvencijan las estructuras del Estado sin desmontarlos todavía. (Sistema jurídico institucional – autonomías – Corona)

·      Corrosión de las instituciones en la sociedad (Propiedad – familia – educación).

·      Transformación “lúdica” de las mentalidades. (Ambientes – costumbres – cultura y civilización).

… que conduce a una sociedad disgregada autogestionaria, sin Dios ni ley.

 Sección tercera: La reforma de la sociedad

Capítulo 10 - 1er. parte

Al ambiente de despreocupación festiva y ecumenista en el que se van difuminando los límites de las diversas posiciones ideológicas, contribuye la imagen publicitaria que el PSOE presenta respecto al régimen de propiedad privada y de libre iniciativa.

I — El clima de indefinición ideológica mantiene la despreocupación y la apatía

Como ya se dijo, era éste uno de los ámbitos donde, por lo general, los españoles no socialistas y menos afectados por la modorra ideológica concentraban sus preocupaciones y recelos ante la eventual subida del PSOE al Poder: la posibilidad de una eliminación de la propiedad privada con sus secuelas de miseria y pérdida de las libertades individuales.

1- ¿Neocapitalismo felipista?

Pues he aquí que los socialistas instalados en la Moncloa se declaran dispuestos a convivir con los empresarios privados, obtienen la admisión de España en el Mercado Común, toman distancia de las estatalizaciones clásicas (aunque permanecen en el aire los ecos amenazadores del caso Rumasa...), y hasta privatizan algunas empresas, mientras los sectores críticos del PSOE completan el cuadro, acusando al Gobierno de traición por promover un neocapitalismo felipista...

¿No es curioso?

Todo esto equivale a decirnos: "Tranquilos... nuestra revolución es dulce y silenciosa. La prueba de que en España no pasará nada y de que los viejos dogmas marxistas han sido enterrados, es que no estamos haciendo la drástica estatalización de los medios de producción que tanto os asustaba."

¿Puede haber una razón más elocuente que ésta para llevar a muchos a despreocuparse y entregarse cada vez más a la seductora y letal modorra?

2-  Un debate que mantiene la confusión

¿Hay críticas y malestar contra la política socialista? ¿Se citan estadísticas sobre el empobrecimiento real de España? ¿Se hacen previsiones sombrías sobre el crecimiento del paro? ¿Se anuncian efectos nocivos de la entrada en el Mercado Común para los agricultores, pescadores y empresarios pequeños y medianos? ¿Se acusa al Gobierno de no controlar el creciente gasto público? Sí, es verdad. Pero los especialistas no acaban de aclarar estas y otras cuestiones económicas que ocupan los debates políticos, los foros empresariales, los medios informativos y hasta declaraciones episcopales.*

* Entre las perspectivas más inquietantes y sombrías del panorama económico está la grave cuestión del paro. Según la encuesta de Población Activa (EPA), en diciembre de 1985 el número total de parados era de casi tres millones ("El País", 25-2-1986; "Comentario Sociológico", enero-junio de 1986, p. 278).

Según el Centro de Predicción Económica, este número superará los 3,4 millones en diciembre de 1989 ("Comentario Sociológico", julio-diciembre de 1985, p. 681).

Las previsiones acerca del paro en España, calculadas en el proyecto Link, dirigido por el profesor Laurence Klein (premio Nobel de Economía) componen el cuadro siguiente:

(Fuente: "Comentario Sociológico", julio-diciembre de 1985, p. 227)

¿Cuál es la incidencia en todo esto de la coyuntura económica internacional? ¿Hasta qué punto el Gobierno socialista podrá utilizar en su provecho los recursos que le ofrece la adaptación de la economía española a los complejos mecanismos del Mercado Común? ¿Cuáles fueron los errores de los gobiernos anteriores? ¿Qué responsabilidad le cabe a la política específicamente socialista? En nuestra democracia avanzada, la opinión pública ve cómo se debaten intensamente estos asuntos sin que nadie saque una conclusión definida y menos aún categórica. Los contornos de todos estos problemas se vuelven brumosos, las tonalidades ideológicas de las distintas posiciones se desvanecen, los énfasis parecen vacíos, y las informaciones, vaporosas.

3-  Acostumbrando al empobrecimiento universal

En cuanto al empobrecimiento gradual, ya se oyen voces que se levantan para decir que el paraíso de la abundancia es un mito inalcanzable. Detrás de él han corrido las sociedades industrializadas de Occidente, abandonando a lo largo del camino valores históricos, culturales y morales*. También el capitalismo de Estado fracasó en esta carrera, pero con resultados económicos verdaderamente catastróficos, para no hablar de los morales... Quienes preparan la desarticulación del Estado parecen querer adaptar los espíritus a un paulatino empobrecimiento universal. En ese sentido, ciertos teóricos neosocialistas europeos —cuando especulan sobre la sociedad post-industrial y autogestionaria a la cual pretenden llevarnos— emplean eufemismos como: "limitación voluntaria y colectiva de la esfera de la necesidad".

* Véase, por ejemplo, la autorizada palabra del cardenal Willebrands, entonces presidente del Secretariado para la Unión de los Cristianos, en el discurso de apertura de la sesión plenaria de este organismo el 17 de febrero de 1975: "En junio de 1974, la conferencia de Bucarest clausuró cinco años de estudio de la sección del Concilio ecuménico 'Iglesia y Sociedad' sobre el hábitat humano, los problemas de la técnica, la calidad de vida, en una perspectiva de esperanza cristiana. Esta reunión ha mostrado cómo estamos de alguna manera obligados, a fin de sobrevivir, a llevar una vida compartida, más austera, en la cual sin duda cada uno tendrá menos espacio vital personal, pero que permitirá a un mayor número de hombres, y progresivamente a todos, respirar. Estamos obligados a la dimensión espiritual de una vida de austeridad y de participación" ("Service d'Information", n° 27, 1975/2, pp. 10-11).

4- Un error que los socialistas no están dispuestos a cometer

Los socialistas no están dispuestos a cometer lo que en esta primera fase sería un grave error: embestir contra la propiedad privada a bombo y platillos. Ello haría despertar a la opinión pública y comprometería gravemente la situación económica más allá de lo que los españoles están dispuestos a tolerar*.

* El PSOE lo vio con claridad. Una resolución de su XXVII Congreso, de diciembre de 1976, ya lo prevenía: "La transformación de los mecanismos fundamentales de la sociedad capitalista no puede llevarse a cabo de la noche a la mañana". Se requerirá "una etapa de transición y un proceso con unas condiciones necesarias y con una lógica que no pueden violentarse sin incurrir en un coste social enorme, que podría llegar a levantar a amplios sectores de la clase media contra el socialismo. La experiencia del pasado demuestra que muchos intentos esperanzadores y preñados de fe socialista han fracasado por no haber prestado atención suficiente a los posibles traumas a corto plazo de una transición sin condiciones previas adecuadas, por haberse dejado llevar por voluntarismos suicidas" (PSOE, XXVII Congreso del PSOE, p. 255).

Se diría que la lección de Chile —entonces todavía reciente— estaba fresca en la memoria de los socialistas.

A su vez, la dirigente Carmen García Bloise, en su condición de secretaria de organización del PSOE, declaró que "el objetivo final del partido continúa siendo la transformación de la sociedad, pero nosotros pensamos que hay que transformar por medio de reformas paulatinas. Es una simple cuestión de ritmo. Hay compañeros que, aprovechando que tenemos el poder político en nuestras manos, quieren ir deprisa (...). Una mayoría electoral no es suficiente; necesitamos una mayoría social” ("Comentario Sociológico", julio-diciembre de 1984, pp. 699-700).

El propio Felipe González no tuvo reparos en reconocer que el margen de maniobra en materia económica es por ahora muy limitado y que el ser progresista en estos momentos significa avanzar en otros terrenos como las costumbres, la educación y la familia [1].

Así, ya sea por la imagen moderada proyectada por el PSOE, ya sea por el debate confuso sobre su política económica, la hostilidad socialista contra la propiedad privada y la libre iniciativa va desapareciendo del horizonte mental de los españoles, que tienden a adormecerse mecidos en las perspectivas del neocapitalismo felipista.

II — Método y estrategia socialistas

Todo esto contribuye para que pocos se den cuenta de lo que realmente está sucediendo.

1- La meta socialista no ha cambiado: el colectivismo autogestionario

En primer lugar, y conforme a las resoluciones oficiales reiteradas por los congresos del partido, los socialistas continúan manteniendo las metas colectivistas de su antiguo Programa Máximo:

"El Partido Socialista declara que tiene por aspiración (...) la transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o común", afirma la Resolución Política del Congreso Extraordinario de 1979. Por "instrumentos de trabajo", entiende el PSOE "la tierra, las minas, los transportes, las fábricas, máquinas, capital, moneda, etc., etc.". O sea, prácticamente todos los medios de producción [2].

Continúa más adelante la mencionada Resolución: "La sociedad socialista será aquélla en la que todo el poder se halle socializado: el poder económico, el poder político y el poder social." Añadiendo después: "Afirmamos el principio de la autogestión como base de la ordenación de la futura sociedad socialista." [3]

Las resoluciones del 29 y 30 congresos del PSOE, realizados en octubre de 1981 y diciembre de 1984 respectivamente, se encargaron de reafirmar una vez más la vigencia de los principios del Programa Máximo*.

* "La declaración de principios del programa máximo del PSOE no ha necesitado modificarse a lo largo de más de un siglo de lucha por el socialismo. Por el contrario, la rica y plural experiencia extraída de la historia ha permitido a los socialistas adoptar en cada etapa una estrategia acorde con aquellos principios y con las necesidades y demandas de esa mayoría social de trabajadores que siempre ha otorgado al PSOE la confianza de su representación política" (PSOE, Resoluciones — 29 Congreso del PSOE, 21-24 de octubre de 1981, p. 5).

Por su parte, “el XXX Congreso del PSOE expresa la plena vigencia de los principios e ideales desarrollados en el Programa Máximo del Partido que orientaron la acción del PSOE desde su fundación en 1879" (PSOE, Resoluciones — 30 Congreso del PSOE, p. 5).

2-  Cambio de prioridades y métodos: preparación de las mentalidades

Ya hemos visto, al analizar el atolladero en que se encuentra la revolución socialista mundial y la fórmula concebida por sus teóricos de vanguardia para salir del mismo, que el socialismo español ha alterado sus prioridades [4].

La idea es simple y puede sintetizarse así: de poco servirá y hasta puede resultar desastrosamente prematuro suprimir la propiedad privada en las leyes, si no se consiguen extirpar las raíces psicológicas que tiene en el alma humana.

Como veremos, dicha extirpación forma parte esencial de la psicocirugía revolucionaria a que están siendo sometidos los españoles.

3-  Extirpación de las raíces psicológicas y sociales de la propiedad privada

Las reformas parciales llevadas a cabo por el socialismo, sólo se comprenden cuando vistas dentro del conjunto de transformaciones que operan en las mentalidades y en las estructuras político-sociales.

Quienes se dejan anestesiar creyendo que el PSOE no va a estatalizar los medios de producción, tampoco miden las consecuencias del cambio global de mentalidades —intentado por el socialismo a través de la psicocirugía revolucionaria— en nuestro sistema económico. En una España donde el orden jurídico, las estructuras políticas, las tradiciones y los principios morales se volatilizan, las raíces psicológicas y sociales del régimen de propiedad privada también serán extirpadas con el tiempo.

De no haber una reacción decidida, un número creciente de españoles sin certezas ni convicciones, quedarán a merced de sus impresiones y preparados para dejarse llevar por lo que dice el consenso ecumenista. Estos individuos ya no comprenderán el papel de la propiedad como factor fundamental de civilización y progreso y estarán dispuestos a aceptar las intromisiones del Estado en su vida particular.

4- Relativización institucional de la propiedad privada

Los socialistas, claro está, no se limitan a aplicar la psicocirugía a las mentalidades. El PSOE ha proyectado una hábil y cautelosa estrategia que —sin despertar de la anestesia a la mayoría de la opinión pública— hace sentir ora a un sector, ora a otro, ora al conjunto, que en la legislación y en la vida económica la condición de propietario tiene cada vez menos efectos prácticos, aun cuando no sea formalmente eliminada. En ese sentido, el ideólogo socialista Ignacio Sotelo habla de desplazar "de su pivote central a la propiedad privada" [5].*

* En las resoluciones del XXVII Congreso (1976) el PSOE declara que en lo referente a la propiedad será necesario crear "el convencimiento de que ciertos objetivos tradicionales, como la posesión individual de bienes de producción, han sido injustamente supervalorados por las generaciones pasadas". Por consiguiente, en la etapa de transición al socialismo se deberá impulsar la valoración opuesta, "el sentido de conciencia social"; es decir, la idea de que la propiedad existe sobre todo para atender las necesidades colectivas y no las particulares "incluso en aquellos grupos que ahora se muestran recelosos a las ideas progresistas" (PSOE, XXVII Congreso, p. 288)

a) Características generales.— Esta estrategia fue caracterizada con bastante precisión por los socialistas Gregorio Peces-Barba y Ramón García Cotarelo.

El ex presidente del Congreso expuso, ya en 1976, que la "estrategia para incorporar a la protección de los derechos fundamentales las perspectivas socialistas" requeriría "una doble tarea": primero, "desfundamentalizar y apartar algunos derechos considerados como fundamentales", como lo son "el derecho de propiedad y las libertades de comercio o de industria". En segundo lugar, a lo largo de esta tarea, "y con el ritmo que nuestras fuerzas estratégicamente estudiadas permitiesen, habría que ir progresivamente a una propiedad social o estatal de los medios de producción, según los casos, y a regular las libertades de industria y comercio en relación con la planificación democrática de la economía..." [6]

García Cotarelo fue más sutil y denominó a este método "relativización". Lo define así: "Respetar la estructura básica de la propiedad privada, al tiempo que se relativiza su movimiento o sus resultados". O sea, se trata de debilitar el régimen de propiedad privada, sin destruirlo por ahora, mediante una legislación radicalmente colectivista. "[Una] relativización funcional de la propiedad privada que, sin ser de carácter expropiatorio, —continúa García Cotarelo— pondría en manos del socialismo un instrumento material poderoso para la realización de un modelo distinto de sociedad." [7]

No podía estar más claro: los propietarios conservarán sus títulos, pero en la práctica habrán perdido el dominio "funcional" de sus bienes: el "movimiento". Es decir, los modos de gestión y los "resultados" de la producción quedarán "en manos del socialismo". Dueños sólo en apariencia, se habrán transformado de hecho en concesionarios-ejecutivos.

b) Fórmulas variadas que ocultan la estrategia única.— En con­secuencia, no nos encontraremos en presencia de una socialización global de la economía. La nueva estrategia económica del PSOE es sutil y hasta cierto punto camaleónica, en búsqueda del "progresivo control social de la economomía." [8]

En los terrenos que los socialistas consideran más propicios harán los primeros asaltos directos contra la propiedad privada, como en el caso de la reforma agraria. Incluso aquí el ataque no será uniforme. Por ejemplo, en algunas regiones dejará en segundo plano el camino confiscatorio, prefiriendo vaciar de contenido el derecho de los propietarios como ocurre en Extremadura y en Aragón.

En otros ámbitos el dirigismo estatal aparece definidamente, como ocurre con la reforma de la Medicina o el intento de someter a las farmacias al control del Estado.

Además, los socialistas intervendrán en la actividad económica en general aumentando los métodos de control del crédito, intentando copar la dirección de centros financieros como la red de Cajas de Ahorros, o elevando la carga tributaria a niveles confiscatorios como en el caso de la herencia y de las donaciones patrimoniales. Mientras tanto, la cogestión obrera en empresas públicas, bajo el comando de las grandes centrales sindicales, es presentada como un primer paso hacia la autogestión, y se reivindica su paulatina ampliación al sector privado.

Vemos así cómo las tácticas son variadas y parecen dictadas por circunstancias más bien pragmáticas. En esto consiste la capacidad de avanzar del socialismo sin ser claramente notado por todos.

III — La relativización de la propiedad en las leyes agrorreformistas

En esta lenta y camaleónica erosión del derecho de propiedad, el PSOE parece haber considerado que el terreno más propicio para los golpes directos era el campo.

1-  El papel de la reforma agraria

a) Un objetivo agrorreformista radical.— Ya en 1976, en su XXVII Congreso los socialistas se fijaban como meta "una reforma agraria avanzada que implante la autogestión en todas la empresas del sector y suponga la cesión de la tierra a cooperativas de trabajadores". Se trataría de imponer una "generalización del espíritu cooperativo y de explotación comu­nitaria entre agricultores y ganaderos (...) renunciando a buscar un beneficio empresarial privado y rechazando las posiciones y actuaciones individualistas dentro de cada comunidad." [9]

Es decir, en este campo el PSOE esperaba acelerar los efectos de su psicocirugía por medio de una legislación agrorreformista. Tal vez los socialistas hayan pensado que si el sector agrario fuese atacado aisladamente tendría menos recursos para defenderse que el industrial y el comercial; y que, por otra parte, desde el ambiente urbano donde se desarrolla lo más dinámico de la revolución cultural, ésta acabaría alcanzando la vida rural, pudiendo originar una reacción conservadora eventualmente peligrosa. Esta preocupación trasparece en un documento de estrategia política elaborado por el Comité Federal para el 28 Congreso, realizado en 1979, donde se afirma que es necesario "un cambio en las bases sociales y residuos pre-capitalistas (en zonas rurales) en que han tenido la base de su poder las clases sociales tradicionales más reaccionarias." [10] Sin embargo, la reforma agraria de los socialistas no se ha­rá de golpe y con los métodos clásicos.

b) Métodos actualizados y graduales.— Las cautelas y los recursos del PSOE en su política de relativización de la propiedad en el campo fueron expuestas con pormenores por el especialista del PSOE, Enrique Ballestero, en su obra La política agraria del socialismo español.

Los socialistas sabían que se iban a enfrentar con un sector conservador, incluso en sus categorías más modestas: "Es equivocado —explica Ballestero— hacerse pasar por extremista en los mítines campesinos"; agregando más adelante que es "un principio elemental de racionalidad (...) avanzar paso por paso." Ballestero insiste: "Un desmontaje rápido y global del modelo de organización, no sería aceptado seguramente por los campesinos en las áreas más tradicionales e individualistas (...) Hay que emprender una etapa de educación y convencimiento." [11]

La reforma agraria deberá, pues, tener en cuenta estos obstáculos y no insistir tanto en la expropiación y el reparto igualitario de las tierras, como en exigir de los propietarios una sumisión a los criterios de explotación dictados por la tecno-burocracia socialista: "En una 'primera fase' —es el mismo Ballestero quien escribe— hacia la sociedad socialista, como dice el programa, habrá que coexistir con las explotaciones terratenientes, no con todas, sino con las que cumplan unas ciertas condiciones sociales, empezando por la eficiencia social (que es algo distinto de la rentabilidad privada) (...). Los empresarios terratenientes tienen que aceptar niveles de riesgo más altos, (...) cambiar los cultivos seguros y rentistas. (...) La clavija que hay que apretar en este caso son los precios."

Para que no queden dudas, Ballestero advierte: "No seríamos socialistas ni honrados si tratáramos de salvar al olivar de los ricos." [12]

Como veremos, los socialistas podrán ir estableciendo gradualmente explotaciones agropecuarias colectivas, en las que los agricultores vayan perdiendo la conciencia de su condición de propietarios, transformándose en meros concesionarios-funcionarios de la tecno-burocracia*.

* Recomendamos la lectura del opúsculo Las Reformas Agrarias de Andalucía, Extremadura y Aragón, paso pionero del PSOE rumbo al comunismo, de la Sociedad Española de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad—Covadonga, Madrid, 1987. Puede pedirse a Editorial Fernando III el Santo, Lagasca, 127 - 1˚ dcha., 28006 Madrid.

2- El agrorreformismo en Andalucía abre el camino

En consecuencia, cuando el PSOE en 1984 hizo aprobar en Andalucía su primera ley de reforma agraria, se trataba de una iniciativa de carácter nítidamente ideológico-político, cualesquiera que fuesen las alegaciones técnicas para justificarla. Comenzaba a ponerse en práctica, con las referidas cautelas, la intervención legal contra el derecho de propiedad privada.

a) Las dos justificaciones para una reforma agraria.— Las izquierdas siempre presentan dos razones para promover la reforma agraria:

• Que la agricultura privada tiene un desempeño deficiente en el cumplimiento de su función de alimentar a la población, atentando de este modo contra la justicia social.

• Que es necesario dar acceso a la tierra al trabajador rural fomentando, mediante la distribución igualitaria de las grandes fincas, la creación de nuevas propiedades agrícolas familiares más eficientes.

Ahora bien, la Reforma Agraria del PSOE en Andalucía difícilmente podrá justificarse con estas alegaciones. Su carácter ideológico sectario trasparece claramente, pese a todas las sonrisas y moderaciones tácticas.

b) La agricultura andaluza, una de las más productivas de España.— La Exposición de Motivos de la ley reconoce que dentro del actual sistema de propiedad privada "durante estos años [cincuenta y especialmente en la década de los sesenta] se produce un fuerte proceso de modernización"; que "el desarrollo productivo de la agricultura andaluza ha sido notorio"; y que "gran parte de los grandes propietarios acometieron la modernización de sus explotaciones." [13]

El socialista Rodríguez de la Borbolla tuvo que admitir esta realidad: "Tenemos la suerte de que en Andalucía, por mucho que se diga que hay latifundios, hay grandes extensiones de tierra y grandes propiedades, pero están dejando de ser latifundios en el sentido peyorativo que tenía la palabra, de explotarlas malamente o no explotarlas." [14]

Además, innumerables estudios confirman esta pujanza de la agricultura privada andaluza, que la hace aportar "más de la cuarta parte de la producción final agrícola de toda España" [15]. Andalucía tiene hoy una productividad por hectárea superior al promedio nacional, y ha pasado a ser "la primera productora nacional de trigo, arroz, aceite de oliva, algodón, semillas oleaginosas" [16]. Posee también "la tecnología más moderna de España, como lo prueban los cultivos de primor de Almería o Huelva. Andalucía es hoy la región mejor cultivada de España"; es lo que informa José Bohórquez Mora-Figueroa, presidente de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Andalucía [17].

c) Las nuevas causales para imponer sanciones tributarias y expropiaciones.— ¿Cómo justificar, pues, una intervención del Estado si la evolución de la actividad agrícola en estas dos últimas décadas muestra que la tendencia de los propietarios es la de aumentar la producción y modernizar sus explotaciones?

No habiendo base para justificarla, decretarán la necesidad de optimizar la producción, aduciendo el ambiguo concepto de eficiencia social de las explotaciones.

Los socialistas continúan queriendo imponer su quimera re­volucionaria*.

* Al respecto conviene señalar una contradicción flagrante de la política económica socialista. El especialista Luis Alberto Pérez Calderón comenta que con la entrada al Mercado Común "la política impuesta al sector agrario español será restringir la producción de cereales e ir aumentando los precios de los mismos" (C.E.E., La aridez de España, "Mundo Financiero", marzo 1986). De hecho, en 1986, "la caída de la producción real observada en el sector de agricultura y pesca, del 5,5 por 100, refleja una buena parte del impacto de la adhesión" a la C.E.E. ("Comentario Sociológico", enero-junio 1987, p. 335). Al hacer entrar a España en estos mecanismos económicos, el PSOE obliga a nuestros agricultores a disminuir la producción agrícola. Pero al mismo tiempo con el pretexto de aumentarla inicia una costosa reforma agraria en Andalucía, Extremadura y Aragón. Dicha reforma castiga fiscalmente y hasta expropia las fincas mal explotadas alegando falta de productividad. ¿Qué sentido tiene esta contradicción? Evidentemente no son razones de orden económico sino doctrinal las que mueven a los promotores de la Reforma Agraria. Esta misma contradicción fue denunciada por agricultores extremeños a quienes la política socialista exige mayores inversiones y más productividad (cfr. Jovellanos, "ABC", 6-9-1987).

En efecto, el hecho de que pretendan llegar al colectivismo por la relativización del derecho de propiedad, no disminuye en nada el carácter esencialmente utópico de su concepción de la vida socioeconómica.

Continúan contrariando el orden natural de las cosas y negando el papel de la iniciativa y del interés de los individuos, familias y grupos intermediarios en el desarrollo de la sociedad, sustituyéndolos por la planificación del Estado, o si se quiere —en términos más actuales— por una minoría tecno-burocrática. Esta minoría pretende dictar —muchas veces sin experiencia de la vida rural— la cuota de trabajo de cada uno de los miembros del cuerpo social, los riesgos que deben asumir, las técnicas que deben aplicar para cumplir los niveles de eficiencia artificialmente establecidos.

Este es el espíritu de la reforma agraria socialista en Andalucía.

Talando...la propiedad rural La vega de Antequera Enrique Ballestero, especialista del PSOE, explica en su libro "La política agraria del PSOE” (derecha) que para llegar a la sociedad socialista, en una primera fase "habrá que coexistir con las explotaciones terratenientes, no con todas, sino con las que cumplan unas ciertas condiciones sociales, empezando por la eficiencia social (que es algo distinto de la rentabilidad privada).... Los empresarios terratenientes tienen que aceptar niveles de riesgo más altos, cambiar los cultivos seguros y rentistas....La clavija que hay que apretar en este caso son los precios". Para que no queden dudas, Ballestero advierte: "No seríamos so­cialistas ni honrados si tratáramos de salvar al olivar de los ricos''.

"...la ley de Reforma Agraria prevé que las tierras expropiadas pasen a ser propiedad pública y que sólo se ceda el uso de la tierra" (José M. Sumpsi, ex presidente del IARA) Pese a haber reconocido públicamente el alto nivel de explotación de las grandes fincas andaluzas, el presidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, se declaró dispuesto a acelerar a fondo la Reforma Agraria. En la foto, Rodríguez de la Borbolla (derecha) brinda tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional favorable a la constitucionalidad de la ley de Reforma Agraria.

A pesar de reconocer, como dijimos, la modernización llevada a cabo por los propietarios agrícolas andaluces, la Exposición de Motivos de la ley los acusa de mantener todavía "importantes niveles de infrautilización de la tierra", lo que representa "un aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales de Andalucía". Siempre según la Exposición de Motivos, los agricultores privados han "contribuido a la agudi­zación de los problemas sociales" en la región [18].

Por otra parte, la ley socialista estima que "en grandes rasgos, el grado de concentración de la propiedad en términos de titularidad ha permanecido básicamente inalterado". Todo ello no ha hecho "más que acentuar la necesidad de la reforma agraria."[19]

Es decir, las autoridades socialistas decidieron meter la mano de hierro de la tecno-burocracia en el agro andaluz, sin haber presentado estudios globales ni estadísticas pormenorizadas y concluyentes sobre la alegada ineficacia de los propietarios. Menos aún ha sido demostrado que la única solución sea una política intervencionista del Gobierno y la socialización gra­dual de la agricultura*.

* Tanto la ley como los estudios técnicos socialistas hacen básicamente cuatro acusaciones de dudosa validez al campo andaluz: 1˚) Aprovechamiento de la tierra y del agua predominantemente en cultivos extensivos; 2˚) Minimalización del riesgo empresarial; 3˚) Bajo nivel de empleo; 4˚) Deforestación y erosión del suelo.

El presente estudio no tiene por meta tratar de estas cuestiones, pero constata que dichas críticas no tienen un fundamento que justifique la limitación o eliminación del derecho de propiedad y la libre iniciativa en nombre de la función social.

Desde el punto de vista técnico, la mayor o menor proporción entre cultivos extensivos e intensivos, el nivel de empleo y el riesgo están condicionados, entre otros factores, por la política agrícola y económica general. Máxime después de la entrada de España en el Mercado Común. En las agriculturas más avanzadas del mundo, estas características —cultivo extensivo, bajo riesgo, poca mano de obra— se consideran en general como altamente positivas. Esta consideración no significa, evidentemente, que no haya que tener la mayor preocupación con el problema del paro, como también por la conservación del suelo.

Por otra parte, diversos estudios muestran que en los índices de concentración de la tierra se suele ignorar que los ayuntamientos, el Instituto Nacional de Colonización y grandes sociedades figuran en primer plano entre los mayores propietarios, tanto en Andalucía como en otras comunidades autónomas, y que el control abusivo de la tierra por un reducido número de familias de antigua nobleza, no pasa de un mito ideológico de la izquierda (cfr. Manuela LEAL MALDONADO y Salvador Martín Arancibia, Quiénes son los propietarios de la tierra).

La ley establece las normas para un complejo índice de aprovechamiento de las tierras, dividido en niveles "óptimo" y "medio". Este índice surge de una combinación de varios sub-índices fijados por el legislador socialista, tales como el producto bruto, el número de empleados y la inversión que la finca debe tener por hectárea, o criterios como la intensidad y racionalidad del uso del suelo [20]. Todo, pues, está preestablecido en las actividades del propietario-funcionario...

Quien no alcanza el rendimiento estipulado por la ley agrorreformista, incurre en incumplimiento de la función social de la propiedad, mereciendo la sanción respectiva: están sujetas a inmediata expropiación de dominio o de uso aquellas fincas que no produzcan el 50 por 100 de un nivel "medio" y las que alcanzando ese 50 por 100 no cumplan los dictámenes de un plan de mejora forzoso. Los propietarios que no alcancen el 80 por 100 del nivel considerado "óptimo", quedan sujetos a un impuesto progresivo [21].

Las fincas expropiadas en razón del "incumplimiento de la función social", lo serán por un precio-sanción (en caso de expropiación del dominio) o por una cuota anual (en caso de expropiación del uso) muy inferiores al valor real del bien [22].

Además, en combinación con la legislación nacional anterior, la reforma permite expropiar incluso las fincas más productivas por la ambigua cláusula de "interés social", aunque en este caso el Gobierno está obligado teóricamente a pagar el precio real [23]. Por último, puede éste recurrir a la expropiación por "utilidad pública", cuando realice o apoye obras de regadío, supuesto en el que el propietario no podrá conservar más de 50 hectáreas de riego [24].* De esta manera, el Gobierno queda en condiciones de someter el campo andaluz a sus dictámenes en forma casi irrestricta.

* José María Sumpsi hace notar que la ley del 3-7-84 hace más severas las condiciones que la legislación nacional vigente estipula para considerar una tierra como exceptuada de expropiación, en las áreas declaradas "zona de riego". Y "fija como límite máximo para reserva de tierras una cantidad igual al triple de la unidad de explotación individual, (aproximadamente unas 15 hectáreas), lo cual significa que ninguna explotación puede quedar, después de transformada la zona con más de 50 hectáreas de regadío" (Estructura agraria y política de reforma in "Pensamiento Iberoamericano", n° 8, julio-diciembre de 1985, p. 257).

Las autoridades socialistas tratan la actividad agropecuaria —en espera de hacerlo con toda la actividad económica— como si fuese una sola y gigantesca empresa a su disposición. Los respectivos propietarios titulares, transformados de hecho en funcionarios, deben seguir los parámetros del productivismo y de la rentabilidad social fijados por la tecno-burocracia.

d) La finalidad primordial confesada: establecer explotaciones colectivas bajo tutela estatal.— La ley agrorreformista fomenta que la propiedad o el uso de las fincas pase al Estado, el cual las cederá por tiempo determinado y primordialmente para su explotación en común [25]. José María Sumpsi, ex presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), destaca al respecto: "La ley de Reforma Agraria de Andalucía, sin eliminar la posibilidad de promover la agricultura familiar en algún caso determinado, ha optado claramente por los asentamientos asociativos en unidades de medio y gran tamaño y sin acceso a la propiedad. Es decir, se trata de apoyar a las cooperativas de cultivo en común económica y técnicamente viables, y por otro lado, considerar que lo importante no es la propiedad sino el uso de la tierra. (...) La ley de Reforma Agraria prevé, como norma preferente, que las tierras expropiadas pasen a ser propiedad pública y que sólo se ceda el uso de la tierra” [26].

El espíritu y la meta de esta legislación son tan colectivistas y utópicos como los que animaron las fracasadas reformas agrarias socialistas que el marxismo promovió en Europa oriental y en ciertos países de Iberoamérica [27].