Los socialistas, como muchos dirigentes de otras fuerzas políticas a su derecha y a su izquierda, prefirieron cultivar el sopor de la opinión pública ante ésta y otras cuestiones de la vida nacional. Solo cuando el atroz atentado de la ETA en el supermercado Hipercor, en Barcelona, llevó a trescientos mil barceloneses indignados a las calles de la ciudad condal y amenazó sacudir la apatía en toda España, el PSOE empezó a actuar con más determinación.

1- EI pacto nacional

Los éxitos policiales en combinación con Francia y el pacto antiterrorista de noviembre de 1987, entre los socialistas y los partidos de ámbito nacional —al que se adhirieron los marxistas legalistas de Euskadiko Esquerra y un tanto restrictivamente el PNV— constituyeron un paso importante para aislar políticamente a la ETA mientras no abandone sus actividades terroristas (cfr. "ABC", 31-12-1987; "Diario 16", Dossier del Domingo, 15-11-1987, p. I; "El País", 19, 21 y 23-11-1987; "Ya", 21-11-1987). Después de la nueva atrocidad de la ETA en Zaragoza, la indignación popular subió notoriamente. Se calculan en cuatrocientos ochenta mil los zaragozanos que proclamaron su indignación en las calles. En esta ocasión los manifestantes no ahorraron los pedidos de castigo a los culpables, de reinstauración de la pena de muerte y de exterminio del terrorismo, ni las acusaciones contra el propio Gobierno. Incluso dirigentes del nacionalismo vasco —exceptuado, claro está, Herri Batasuna— no dejaron de asistir a la manifestación de Zaragoza. Esto no les impidió continuar con sus ambigüedades, como lo dijo claramente el vicesecretario general del PSOE vasco, Juan Manuel Eguiagaray, en unas declaraciones mucho más categóricas que lo acostumbrado (cfr. "ABC" 20-12-1987).

2- El pacto de Vitoria

De cualquier modo, la evolución del estado de la opinión pública fuera y dentro del País Vasco hizo posible un nuevo paso para aislar a la ETA: el pacto de Vitoria, suscrito un mes después del atentado de Zaragoza entre todos los partidos vascos excepto Herri Batasuna. Sin nombrar a la ETA, el pacto condena a "quienes pretenden imponer de forma violenta o totalitaria sus criterios sobre el conjunto de la sociedad". Y afirma que "es la voluntad mayoritaria del pueblo (...) quien debe juzgar en cada momento de la validez o invalidez del estatuto y decidir (…) su reforma y desarrollo", dentro del marco constitucional. Los firmantes se comprometen a desarrollar "en su plenitud" el Estatuto de Guernica ''de conformidad con los principios que lo inspiraron". Consideran urgente coordinar una acción entre la comunidad autónoma y el Estado "para combatir el terrorismo, en la que se contemple la asunción progresiva de responsabilidades en la materia por parte del Gobierno vasco", implicando esto el pleno desarrollo de la competencia policial de la comunidad autónoma. Comparten la afirmación

El duque de Veragua, almirante don Cristóbal Colón de Carvajal, vilmente asesinado por la ETA.

de "la necesidad e importancia de la acción policial que contribuya a la erradicación del terrorismo"; consideran que la ruptura entre los que optan por las vías democráticas y estatutarias para buscar el desarrollo del autogobierno y los que optan por la violencia "sólo podrá superarse como consecuencia del cese de esta última"; estiman que "si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben revolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular" (cfr. "El País", 13-1-1987).