|
(Haga click en la foto para una explicación de la portada) |
|||||||
Parte III
Tres operaciones de efectos reversibles y una nueva vía revolucionaria... · Se desvencijan las estructuras del Estado sin desmontarlos todavía. (Sistema jurídico institucional – autonomías – Corona)· Corrosión de las instituciones en la sociedad (Propiedad – familia – educación).· Transformación “lúdica” de las mentalidades. (Ambientes – costumbres – cultura y civilización).… que conduce a una sociedad disgregada autogestionaria, sin Dios ni ley. Capítulo 7 - final Sección
segunda: En un primer paso, desvencijar las estructuras del Estado sin desmontarlo III — El "caos controlado" entra en la vida cotidiana: drogas y delincuencia
La cartilaginización del sistema jurídico e institucional no queda en esto. Se introduce en la propia vida cotidiana.
1- La erosión de las leyes penalesEl desmantelamiento gradual del Estado supone la disminución del poder coercitivo del aparato estatal. Así, se reducirán las penas para determinados delitos y se despenalizarán otros, lo cual por otra parte, constituye la consecuencia lógica del ideario revolucionario socialista. La revolución tranquila del PSOE irá generando leyes que erosionan las barreras que hasta aquí separaban al delito de la conducta lícita, al delincuente del hombre honrado. De esta forma, se irán extinguiendo los hábitos y costumbres considerados como expresión de una moral represiva*.
* Es altamente ilustrativa también en este sentido la síntesis que presenta sobre el pensamiento socialista más avanzado uno de los divulgadores del neosocialismo en Francia, François de Sainte Marie: "Disminuir el carácter coercitivo del Estado significa también transformar en profundidad el sistema penal de nuestras viejas sociedades. (...) El antiguo sistema represivo (desgraciadamente todavía en vigor en la mayoría de los Estados) está esencialmente basado en la vieja idea de punición (que no era, en realidad, sino un camuflaje de la venganza social) y sobre la creencia en la virtud de la ejemplaridad. "La idea de punición, de pena, es ella misma una secuela de las concepciones religiosas primitivas o medievales. (...) "El pensamiento cristiano de hoy se ha desembarazado felizmente de esta herencia sospechosa (...). "Más patente todavía es la evolución de la psicología moderna. Esta se ha liberado totalmente de los maniqueísmos antiguos (los buenos y los malos, las cualidades y los defectos, las virtudes y los vicios) (...). En el plano práctico, estos principios nuevos implican profundas reformas de la Policía, de la Justicia, y del sistema 'penitenciario'" (Changer de socialisme, pp. 77, 78, 80).
Nuevamente nos encontramos frente a reformas institucionales que aceleran el cambio de las mentalidades, el cual a su vez crea condiciones para nuevas reformas. La propaganda neorrevolucionaria estimula y exacerba un clima de hostilidad hacia la moral católica tradicional, a la que califica de rígida y represiva. Provoca, al mismo tiempo, una amnesia respecto a los principios morales que pocos osan defender para no ser tachados de maniqueos, inquisitoriales, etc. Es entonces cuando los socialistas exageran la presión social a favor de una liberalización de las costumbres y de las leyes para introducir — sin ostentar radicalismo ideológico— reformas que adapten la legislación a la progresiva permisividad de la sociedad... Esto, a su vez, estimulará el crecimiento de la corrupción moral y la delincuencia. Más tarde será necesario emprender nuevas reformas modernizadoras... ¿Hasta dónde se llegará? Bastante más allá de lo que el español psico-operado se imagina... En realidad, no se consigue de modo durable el cumplimiento de las leyes a no ser cuando en cierta medida ellas correspondan al nivel de moralidad del pueblo. La capacidad coercitiva del Estado en un régimen no totalitario —y conforme el caso incluso en éste— nunca tiene la fuerza suficiente como para obligar al conjunto de la población a proceder como no quiere. Pues si los hombres no están persuadidos de que una acción condenada por la ley es intrínsecamente mala, tenderán a no acatarla. Y el sistema jurídico, poco a poco, se irá volviendo inútil. Ahora bien, hasta hace unos cien años la moral cristiana era generalmente admitida por la mayoría de los pueblos de Occidente como válida y como punto de referencia para juzgar la conducta individual. Por el contrario, es un hecho notorio que hoy en día esta convicción se está apagando por causa del hedonismo neopagano y de la dilución relativista de todos los principios a que nos hemos referido en capítulos anteriores. Así, al Estado se le va haciendo cada vez más difícil imponer el cumplimiento de la ley penal. Ahora bien, si a todo esto se le suma la propaganda revolucionaria destinada a acelerar el alejamiento temperamental de incontables españoles en relación a la moral cristiana, si se exageran las ansias de permisividad de la población y, en consecuencia, se aflojan las leyes penales, el dinamismo de la revolución cultural e institucional hará cada vez más difícil no sólo la aplicación de la facultad coercitiva del poder público, sino la propia existencia del Estado. Donde la ley penal pierde su vigencia, el Estado va disolviéndose inevitablemente.
2- Despenalización de la tenencia de la droga para su consumo y reducción de penas por el tráfico
a) La reforma penal antirrepresiva.— La revista de las juventudes socialistas preguntó en 1977 al entonces secretario general del PSOE, Felipe González: "¿Te gusta el porro?" A lo que respondió: "Yo creo que es bastante sano, ¿no?" [29]. Más claro fue Tierno Galván cuando, en su condición de alcalde de Madrid, se dirigió a los jóvenes en una fiesta promovida por organismos públicos incitándoles: "Rockeros: quien no esté colocao, que se coloque, y al loro"... [30] La neorrevolución socialista preparaba pues, con aires festivos —lúdicos, diría el ministro de Cultura Javier Solana— el establecimiento de un nuevo factor de aflojamiento del orden legal y de liberación de las energías culturales para el cambio social. La reforma socialista del Código Penal, en lo que dice respecto a las drogas, sólo tipificó como delito su cultivo, fabricación o tráfico y la posesión con este último fin. También se despenalizó la elaboración, transporte, tenencia y posesión de cualquier tipo de drogas —blandas o duras— para el consumo, e igualmente los actos que promuevan, favorezcan o faciliten su uso, con tal que no configuren las conductas tipificadas como delito arriba mencionadas. Además, dicha reforma disminuyó drásticamente las penas al tráfico [31]. No sorprende además que, en su labor informativa y liberadora, TVE dé tranquilamente explicaciones sobre cómo servirse de las drogas*; ni que Ayuntamientos como el de Coslada subvencionen la revista "Jabato", en la que un movimiento juvenil describe meticulosamente la forma de drogarse y cuáles son los deleites que esto trae**.
*De entre las muchas Cartas al Director publicadas sobre este tema en la prensa, transcribimos aquí la de un médico de L'Hospitalet del Llobregat que resume la cuestión en pocas palabras: "Informar sobre la forma de preparar y administrar drogas como la heroína, el tono sensacionalista y la falta de objetividad pueden fácilmente promocionar el consumo" ("El País", 17-5-1983). ** La denuncia del hecho partió de la diputada por el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Pilar Vidagor, y alcanzó considerable repercusión en la prensa. En realidad los socialistas, con éstas como con otras medidas liberadoras, están aplicando la teoría de la utilización alternativa de la Constitución para alterar sin rupturas el orden social vigente. Lo dijo Rodríguez de la Borbolla: "Ha de ser una legislación dinámica, una legislación de apoyo a los movimientos sociales, políticos y sindicales generadores del cambio para que sean éstos, con su acción cotidiana, los que vayan elaborando y aplicando en la práctica los principios y criterios por los que haya de regirse la sociedad futura" ("Leviatán", II época, n° 1, pp. 127-128).
Sin embargo, jugar a la permisividad con el consumo de drogas es jugar con explosivos. La cuestión se ha transformado en un caso de supervivencia social. Se entiende, pues, que la legislación socialista haya causado desconcierto y hasta escándalo en Europa. Así se refirió al caso "Le Quotidien de Paris": "El poseedor de droga ya no será punido en España. Es la primera vez en Europa que se legaliza el uso de la droga. Uno puede preguntarse por qué los españoles tomaron tal decisión, rechazada por todos los parlamentos europeos. El principal argumento de los españoles: las drogas legales (tabaco, alcohol, etc.) son igualmente peligrosas, y sin embargo se permiten. El segundo argumento: el uso de la droga es consecuencia de la libertad individual." [32] Según informó "Le Point", el narcotic-bureau norteamericano y diversos gobiernos europeos llegaron a pedir al Gobierno español una modificación de la legislación permisiva, preocupados al ver transformarse nuestro país en una pieza maestra del comercio internacional de la droga [33]. Alfonso Guerra puede, con sobrada razón, jactarse de que los "eurobarómetros" indican que España es la más "progresista en sus costumbres"... [34].
b) Consecuencia: aumento asustador del número de drogadictos.— La noción más elemental de economía enseña que donde hay mercado comprador activo aparecen los vendedores. Destruidas las barreras psicológicas, morales y legales que detenían a muchos jóvenes en el comienzo de la rampa del vicio, el mercado para los traficantes amplió enormemente sus posibilidades. Estos se benefician de la facilidad legal que los socialistas les otorgan ya que —si son detenidos por la policía— pueden alegar que la cantidad de droga que llevan consigo es para su propio consumo. Por otra parte, el consumidor habitual es un traficante en potencia. Entrando fácilmente en el mundo del vicio, el drogadicto no tendrá escrúpulos en pasar a vender tóxicos. Tanto más cuanto que la droga es cara y la necesidad de consumirla obliga al viciado a conseguir cada vez más dinero. Sin salir completamente de su apatía, y desinformado del alcance ideológico de la legislación socialista sobre la droga, el público sintió el aumento de inseguridad que ésta acarreó. Las encuestas revelan que la absoluta mayoría pide una política enérgica contra la droga [35]. El Gobierno decidió entonces tomar algunas medidas. Los Ministerios del Interior, Justicia y Sanidad convinieron en desarrollar una acción conjunta para "reducir los niveles de expansión de la droga" [36]... Por su parte, Felipe González declaró: "El problema de la droga tiene que generar una conciencia social de respuesta generalizada. Tiene que ser un problema que asuman las propias familias, la sociedad en su conjunto. (...) Todo el esfuerzo que se haga en recuperación, a partir de un determinado grado de dependencia, resulta poco exitoso." [37] Mientras tanto, el boom de la droga continuaba. En 1984, en Cataluña, el consumo de heroína, droga letal, subió un 200 por 100. De los viciados en esta droga tan sólo el 3 por 100 consigue recuperarse [38]. En Madrid, el 2 por 100 de los jóvenes entre los 14 y 16 años se inyectan heroína diariamente; el 3,3 por 100 ocasionalmente; el 15 por 100 fuma porros diariamente o con frecuencia; el 14 por 100 ya ha sido detenido alguna vez por la Policía [39]. Por su parte, la Comisión de Prevención y Control de la Droga en el Ejército (PYCODE) —organismo del Ministerio de Defensa— estimó que el 15 por 100 de los soldados españoles consume habitualmente drogas [40]. En un bien documentado libro, el penalista P. López Riocerezo evalúa el fenómeno: "En los últimos años el tráfico y consumo de drogas en España se ha multiplicado por mil, quizá por más, según el tipo de estupefaciente. No se trata de un crecimiento más o menos 'normal', como el sufrido por todos los países occidentales, sino de un aumento casi increíble, que ha sido capaz de asombrar a las policías y gobiernos de toda Europa. España se ha convertido en el auténtico paraíso de los traficantes, en un punto neurálgico que está empezando a dejar pequeños los grandes centros europeos 'tradicionales' de la droga: Ámsterdam y Marsella (RUMER, C.B.; Se ha disparado el tráfico de estupefacientes, Madrid, 1984). (...) Las cantidades de droga que se consiguen capturar son mínimas partes de la que realmente circula: 'creemos que sólo se incauta el 10 por 100 de la droga que entra en España, cuyo tráfico continúa en ascenso'. Esta triste y desesperanzadora afirmación fue hecha el 15 de octubre de 1984 por el fiscal especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas, José Jiménez Villarejo." [41] El fiscal especial, Jiménez Villarejo, puso de manifiesto, en unas declaraciones al Congreso en mayo de 1985, los graves problemas que condicionan la eficacia del combate contra los tóxicos, cuando reconoció que de las drogas incautadas un "porcentaje significativo" se pierde [42]. El propio Gobierno publicó en julio de 1985 un informe oficial en el que registraba el aumento del tráfico de cocaína y heroína en los últimos cinco años. La estimativa oficial fue que existían en ese momento en España entre 60.000 y 80.000 cocainómanos; entre 350.000 y 500.000 consumidores de anfetaminas; entre 18.000 y 21.000 que se drogan con inhalables y entre 1.200.000 y 1.800.000 consumidores de cannabis [43]. A pesar de todo ello, en lo fundamental los socialistas no volvieron atrás. La contradicción se instala también en este punto capital como un factor estable: el Gobierno hace declaraciones y toma actitudes que manifiestan la intención de combatir la circulación de las drogas, pero mantiene intacta en lo esencial su legislación permisiva. En efecto, los expertos del PSOE acabaron por reconocer, a fines de 1984, la necesidad de aumentar las penas para los traficantes de estupefacientes y el propio ministro Ledesma afirmó —supremo argumento para los adoradores del consenso— que "se está produciendo una concienciación universal en cuanto al agravamiento de penas para el tráfico de drogas"[44]. Pero el Gobierno no mostró mucha prisa en aumentarlas. Fue sólo en 1987 que presentó a las Cortes un proyecto de ley — todavía en trámite al terminar de redactar estas líneas— que aumenta las penas y declara punible, además del cultivo, la fabricación o tráfico de drogas, como también "cualquier otro modo" de favorecer o facilitar su consumo ilegal. Queda pues intacta la legislación permisiva en cuanto a la tenencia de la droga para el consumo y la facilidad que ello ofrece al traficante, cuya condición no se presume. Se mantiene la distinción entre drogas duras y blandas, con sanciones menores para el tráfico de estas últimas. En cuanto al aumento de las penas, como lo hizo notar la Comisión Justicia y Derecho que preside el catedrático Andrés de la Oliva, sólo pesará efectivamente sobre los escasos traficantes al por mayor que se dejen sorprender en flagrante delito [45]. Los socialistas se mantienen así coherentes con su peculiar concepto de libertad que va institucionalizando el famoso "prohibido prohibir" del Mayo del 68 francés*. Mientras tanto, España continúa siendo un paraíso para los traficantes. El propio fiscal general reconoció en su memoria anual de 1987 el "crecimiento del tráfico de las drogas que causan gran daño a la salud." [46]
*Javier de Paz, secretario general de las Juventudes Socialistas fue más allá. En los encuentros sobre el consumo de drogas celebrados en Bilbao, en diciembre de 1984, el dirigente socialista reiteró la posición ya tomada: "La necesidad de legalizar las denominadas drogas blandas, el hachís y la marihuana, ya que consideramos que es una realidad su consumo generalizado" ("Diario 16", 7-12-1984). Sorprendentemente, la posición de Nuevas Generaciones de AP en cuanto a la impunidad del consumo de drogas se aproxima a la del PSOE. Preguntado al respecto su entonces presidente, Gonzalo Robles, declaró: "Nosotros no somos partidarios de aplicar penas a los consumidores de drogas. (...) No se debe penalizar al consumidor" ("ABC", 3-10-1984). Rafael González Fraile, recientemente elegido presidente de Nuevas Generaciones, confirma esta tendencia en una entrevista a "Cambio 16": "Droga: Prohibiría el tráfico de drogas, duras y blandas, porque creo que es un negocio indigno. El consumo es cuestión de cada persona" ("Diario 16", 19-9-1987 apud "Fuerza Nueva", 26-9 al 10-10-1987).
El binomio contradictorio, liberalización del consumo-lucha contra el tráfico, desconcierta a la mayoría de los españoles que, sin saber bien a qué atenerse, prefieren pasarlo bien mientras les sea posible. El país se habitúa así a una situación en que la conducta viciosa y delictiva va invadiendo furtivamente la vida cotidiana, mientras el Estado aparece medio complaciente y medio impotente. Situación particularmente nociva porque deforma las mentalidades y paraliza las reacciones. Mientras más dure, más profunda será su acción disolvente.
3- La teoría "liberadora" llega al ámbito de la delincuencia en general
a) El consumo de drogas, puerta para el delito.— La secuencia de catástrofes, que se abre con la transformación de España en un paraíso para los traficantes de drogas, no se detiene en el circuito funesto de la toxicomanía. Todo aquél que conserve un poco de sentido común sabe que el consumo de drogas es, al mismo tiempo, una puerta de entrada para el mundo de la delincuencia.
La Brigada Central de Estupefacientes ve en el incremento del consumo de drogas uno de los más activos factores de criminalidad. Los robos y atracos a farmacias, por ejemplo, se han multiplicado por 400, en los últimos años [47]. El ex fiscal general del Estado, Antonio Burón, fue más terminante al respecto. En la memoria anual ya citada, afirmó que "la drogo-dependencia es el componente fundamental en que se asienta lo que se ha venido en llamar 'la inseguridad ciudadana' que perturba la convivencia pública de nuestra sociedad democrática". Según él, del "80 al 90 por cien de los delitos tienen origen en la droga" [48]*. Durante el año 1984, de acuerdo con el informe del fiscal general, se ha notado también un aumento de la violencia en los delitos contra la propiedad. Esta "creciente delincuencia violenta" puede tener, según Burón, como trasfondo psicológico, "el apremio por drogodependencia" [49].*
* El P. López Riocerezo, refiriéndose a los efectos de la “despenalización del consumo de drogas, reñida con toda la legislación comparada y carente de precedentes propios", presenta el siguiente cuadro: "Una ola de pánico se extiende a lo largo de todas las ciudades y pueblos de España ante el regalo que a la pacífica ciudadanía le hizo una legislación incomprensible, reñida con la doctrina y con la experiencia penal y contraria a la realidad sociológica del país. Un país frondoso ya en problemas de toda clase, con una seguridad ciudadana precaria, una Policía cuya organización y espíritu atraviesa momentos críticos, con un Poder Judicial desmoralizado, unas cotas de paro creciente y por añadidura en plena euforia turística, no puede ser sembrado gratuitamente por miles de delincuentes comunes que campean por sus respetos" (op. cit., p. 167). La cuestión ha causado una lógica inquietud en el ámbito de los pequeños y medianos empresarios. Primitivo Sanz, presidente de la Asociación Madrileña de Empresarios Minoristas de Alimentación y líder de las APYMES (Asociación de Autónomos, Pequeños y Medianos Empresarios) afirmó en un discurso durante una manifestación de comerciantes contra la delincuencia, en el Palacio de los Deportes: "Queremos que se adopten medidas duras contra la delincuencia; que se prohíba la droga, su comercio y su uso, porque el 92 por 100 de todos los delitos se cometen por esta causa" ("ABC", 22-2-1984). Los comerciantes madrileños han manifestado en diversas ocasiones su justa protesta ante el aumento de la delincuencia y la falta de medidas gubernamentales. El 28 de enero de 1987 hubo un cierre de los establecimientos del comercio minorista de Villaverde, en la zona sur de la capital. El 3 de marzo los comerciantes de todo Madrid efectuaron una multitudinaria marcha desde la plaza de Dalí hasta la de la Independencia, pidiendo más seguridad así como mejores condiciones para ejercer sus actividades (cfr. "ABC", 28-1-1987, 4-3-1987). Una encuesta divulgada por la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM) revela que el 97 por 100 de los empresarios madrileños piensa que el clima de inseguridad es "alto o muy alto". Los empresarios consultados creen que el aumento de la inseguridad se debe al consumo de drogas (con un 75 por 100) y la impunidad en que quedan incontables delitos (con un 69 por 100) (cfr. “ABC", 17-6-1987). El periodista Alejandro Pistolesi señala un aspecto de la cuestión que importa mucho tener en cuenta: "Está ampliamente demostrado, además, que el tráfico de los estupefacientes y el de las armas y explosivos destinados al terrorismo tienen un desarrollo paralelo y se integran y complementan recíprocamente. Son como los dos rieles de un mismo ferrocarril, sobre el cual corre el tren de la delincuencia y de la desestabilización internacional" ("ABC", 28-4-1986).
b) Disminución de las penas contra la delincuencia.— No obstante, y pese al tan alardeado pragmatismo de Felipe González, el Gobierno socialista se mantuvo inflexible en llevar adelante la reforma de la legislación penal, haciendo prevalecer sus razones ideológicas y políticas, sobre el bien común. Así como el Gobierno ha sido tenazmente permisivo con el consumo de drogas, igualmente pareció desafiar la más elemental prudencia al aplicar, en la reforma Ledesma, su ideología liberadora al problema de la delincuencia. Dicha reforma modificó el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mediante la ley Orgánica 8/83 del 25 de junio y la Ley Orgánica 7/83 de 23 de abril, respectivamente. Significó, de entrada, nada menos que la puesta en la calle de más de 7.000 presos, la mayoría de ellos por la reducción de los plazos de prisión preventiva. Además de disminuir las penas para los traficantes de droga, las rebajó también para los delitos de hurto, robo y estafa, de un modo que imposibilita o hace muy difícil, según los casos, la prisión preventiva.
c) La ofensiva publicitaria contra instituciones que son símbolo del imperio de la ley, del orden y de la seguridad.— A la permisividad legal en lo referente a las drogas y a la delincuencia se sumó una ofensiva publicitaria demagógica contra las instituciones que representan el imperio de la ley, del orden y de la seguridad nacional: la Magistratura, las Fuerzas Armadas y los Cuerpos Policiales. Antonio Burón reconoce, en su citada Memoria, que se levanta una onda de críticas contra los procesos, resoluciones y sentencias en materia penal, que tiene como consecuencia que ''nuestro sistema penal va perdiendo pie en el suelo social" [50]. Esto le parece especialmente notorio en los juicios contra actividades terroristas: "Los procesos penales, o bien son utilizados como plataforma de propaganda, o bien son rechazados como ilegítimos. Raras veces es pacifico el curso de los procesos y pocas veces son aceptadas como justas las sentencias." [51] Si se piensa en lo que hemos
dicho sobre el proceso de politización y control socialista del Poder
Judicial y su desacralización, que lo pone al alcance del vilipendio
demagógico, se comprende también que la Asociación Profesional de la
Magistratura haya advertido: "A partir de ahora va a ser difícil que
ningún juez en España deje de pensar a la hora de dictar un fallo, en
las consecuencias que pueda acarrearle resolver en contradicción con un
aireado estado de opinión, aunque sea la conducta que le dicte su
conciencia, y en tales condi
* Vizcaíno Casas comenta el entorpecimiento creciente que sufre la Administración de la Justicia por la insuficiencia de personal y la falta de recursos presupuestarios. El autor cita la revista especializada "Món Jurídic", boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, que extrae del acta de un juzgado de distrito de Barcelona un acuerdo de suspensión del procedimiento porque "no se han recibido los fondos necesarios para proveer a los agentes judiciales para que puedan llevar a efecto la citación y hasta tanto sea dotado el juzgado de dichos fondos". Transcribe también la resolución de otro juzgado que suspende el trámite de cumplimiento de las actuaciones hasta que la pagaduría del juzgado disponga del numerario necesario para la práctica de la diligencia de emplazamiento de las partes (Vizcaíno Casas, art. cit., p. 47). Al mismo tiempo, las cárceles se encuentran abarrotadas y la falta de nuevos edificios penitenciarios es un problema agudo que continúa sin solución adecuada.
En cuanto al Ejército y a las Fuerzas de Orden Público, son conocidas las campañas de detracción movidas en su contra por ciertos órganos informativos de izquierda, a las cuales sirve de caja de resonancia y amplificador la televisión socialista*.
* Es frecuente encontrar en la prensa no comprometida con el socialismo comentarios como éste del "ABC" de Madrid; "El diario gubernamental, en apoyo de los sectores radicales del PSOE y del Gobierno, se ha lanzado a una obsesiva campaña contra la Policía, en la que todo se deforma y exagera. (...) Se trata de quebrantar y paralizar la acción de la Policía, la Guardia Nacional y los Servicios de Inteligencia" ("ABC", 11-6-1985).
Evidentemente, el delincuente común o el terrorista también tienen derechos esenciales. Y no es sólo legítimo, sino digno de alabanza, que la aplicación de la necesaria justicia contra sus fechorías se ejerza con ejemplar severidad, pero sin violar tales derechos. Sin embargo, partiendo de una tendenciosa interpretación del alcance de tales derechos, tanto en círculos de la llamada izquierda católica, como del socialismo, se difunde cada vez más la idea, de fondo rousseauniano, de que el delincuente no debe ser considerado un malhechor culpable, sino una víctima del sistema capitalista*.
* Sobre esta presentación del delincuente como víctima de las estructuras capitalistas, el P. Evaristo Martín Nieto, capellán de Carabanchel, declaró en el Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria, realizado en septiembre de 1986 en el Seminario de Madrid: "La primera causa que genera delincuencia es la injusticia. Actualmente se lucha por la supervivencia, considero por tanto que el delito pueda llegar a ser una rebeldía, una protesta ante la sociedad" ("El Alcázar", 13-9-1986). En el mismo sentido ver, sobre las conclusiones del referido congreso, el ítem I, 1, b) del capítulo 17. Por su parte, Jaime Campmany comenta con acierto en su columna de "ABC": "En la tradición de nuestra izquierda política existe una vieja repugnancia a la palabra 'orden', que parece un vicio y un abuso de la derecha. La Policía, la legislación penal, el juzgado y la cárcel han sido, para un sector de la izquierda, algo así como instrumentos de represión del capitalismo explotador. La despenalización de actos delictivos ha sido casi una constante de las peticiones políticas de izquierda" ("ABC", 27-3-1984).
Bajo el fuego publicitario adverso, la Policía se sintió desmoralizada una vez que pasaron a ser incontables los casos de delincuentes que, detenidos in fraganti y llevados al juzgado, debían ser puestos en libertad a las pocas horas, cuando no a los pocos minutos, en virtud de la reforma Ledesma. A esto debe agregarse el temor de las víctimas, que quedan expuestas a la venganza de los malhechores denunciados y liberados a veces antes de terminarse los trámites de consignación de la denuncia... Las crónicas periodísticas pasaron a relatar con frecuencia hechos sorprendentes y absurdos. La Asociación Profesional de la Magistratura, sección de Madrid, se vio obligada a publicar, ante las justas reclamaciones por las insólitas liberaciones de detenidos, una nota de prensa explicando que los jueces no hacían sino cumplir las disposiciones legales de la reforma Ledesma [53].
d) El aumento exorbitante de la delincuencia.— Todo este conjunto de factores actuando simultáneamente provocaron — como era de esperar— un salto en los índices de la delincuencia a niveles nunca vistos. Según las estadísticas oficiales, el número de delitos conocidos en 1981 era de 428.502, en 1982 pasó a 447.330, en 1983 saltó a 589.350 (un 31 por 100 de aumento en relación al año anterior), en 1985 llegó a 776.531 y en 1986 a 879.000... (ver gráfico abajo) Todo el mundo lo ve. Las encuestas revelan que el 74,14 por 100 de los españoles ya no se atreven a salir solos a la calle por la noche y que el 68 por 100 ha sido víctima de algún acto de violencia. Por todas partes, en casas, bancos y establecimientos comerciales se colocan rejas y cristales blindados, se instalan alarmas y sofisticados sistemas electrónicos de seguridad, se contratan guardias jurados, se constituyen grupos de autodefensa y no faltan ocasiones en que vecinos de algún barrio intentan aplicar la justicia por su cuenta.
No obstante, tal es la inhibición que la narcosis ecuménica ha producido que, a pesar de sentir en la propia carne los efectos de este desmantelamiento del orden jurídico, son muy pocos los que comprenden todo su alcance dentro del proceso revolucionario socialista. Es evidente que la mayoría siente la gravedad de la situación, una vez que adopta tantas medidas para garantizar su seguridad individual, pero parece extrañamente insensible frente a las causas ideológicas del problema. No es difícil concluir que la inseguridad pública, no siendo combatida en sus causas, irá aumentando. Bastó que el Gobierno diera medio paso atrás, atenuando la reforma Ledesma, para que incontables personas se sintieran aliviadas. El sistema que Felipe González emplea para tranquilizar es simple: para cada ministro encargado de hacer avanzar el proceso revolucionario hay otro encargado de frenarlo un poco cuando las reacciones de la opinión pública lo exigen. El ministro del Interior, José Barrionuevo, se levantó en defensa del orden y de la seguridad y acordó con el ministro Ledesma volver a permitir, en ciertos casos, la prisión preventiva y el aumento de las penas [54]. Todo quedó en familia. Es decir, este medio paso atrás no alterará gran cosa el proceso de cartilaginización del orden jurídico español. El aflojamiento del imperio de la ley, la sensación de que los poderes del Estado se muestran cada vez más ineficaces y tienden a desarticularse, el establecimiento lento y envolvente de un caos institucional va afectando al hombre de la calle y le habitúa a convivir con la ruptura gradual de todos los padrones de orden, de cultura y de civilización*.
* El P. López Riocerezo O.S.A., conocido penalista, en su obra sobre la droga y la delincuencia, aporta ilustrativos datos sobre las absurdas consecuencias de la política socialista. Informa, por ejemplo, que de los más de 7.000 presos puestos en la calle por la reforma, "aproximadamente 2.000 (...) volvieron casi inmediatamente a los recintos carcelarios acusados de la comisión de nuevos hechos delictivos" (La droga en España, crimen de lesa humanidad, p. 169). Y que "se quejan los policías desmoralizados de que la inmensa mayoría de los atracadores sorprendidos 'in fraganti' y detenidos son puestos en libertad unos días después" (ib., p. 160). El periodista Lorenzo López Sancho, entre otros, supo interpretar el malestar popular fustigando, con ironía, las situaciones creadas por la política del Gobierno en materia penal. De hecho, detrás del humor la realidad descrita revela una degradación clamorosa del principio de contradicción: "Cuando, al fin, llega la Policía hay que llevar al expropiador privado a la Casa de Socorro. Se ha roto un dedo al caer en el asfalto. "Como el delincuente tarda veintitantos días en curar, los taxistas 'agresores', cuya filiación ha sido tomada junto a la del atracador en Comisaría, acaban viéndose obligados a pagarle cuarenta y tantas mil pesetas de indemnización. "Avanzamos
tan rápidamente hacia una sociedad futurista que el respetable oficio de
atracador ya ha obtenido las siguientes reivindicaciones (...):
indemnización en caso de lesiones, equivalentes a accidentes de trabajo;
indemnización en caso de fallecimiento durante la labor —caso Loinaz— a
los deudos del honrado trabajador del atraco, muerto, y, grata
innovación gubernamental, subsidio de paro al salir de la prisión. Les
falta a los honestos atracadores un derecho que es de esperar, que
"Es de esperar que tan acertadas medidas sean completadas con la formación de un escalafón de atracadores con baremo de méritos para el ascenso a superior categoría. Por ejemplo, diez detenciones en una semana, darían al atracador el ascenso a segunda categoría. Lesiones en acto de servicio, ascenso a primera. "Evidentemente, el paisanaje no está a la altura. ¿Pues no pretendían los vecinos de Caparroso (Pamplona) linchar a tres laboriosos ladrones por el simple hecho de que, en ejercicio de su respetable profesión, hubiesen intentado expropiar algunas mercaderías en una tienda repugnantemente burguesa?" ("ABC", 18-2-1985). El caso Loinaz, aludido por López Sancho, es característico. Relata "ABC" que Ignacio Loinaz era propietario del restaurante Gure-Etxea. El 9 de diciembre de 1984 el establecimiento fue asaltado por tres individuos armados, uno con escopeta, otro con pistola y el tercero con un estilete. El propietario, intimado a dar el dinero, reaccionó. Fué apuñalado dos veces en el pecho, pero consiguió darle un tiro a uno de los ladrones. Con el tiroteo los ladrones huyeron. Uno de ellos cayó muerto en la calzada. Ignacio Loinaz fue preso, obligado a pagar un millón de pesetas como fianza y, más aún, dos millones y medio como indemnización a la familia del ladrón muerto (Cfr. "ABC", 13-12-1984 y 3-2-1985). Comenta el periódico: "Ignacio Loinaz, tuvo que ingresar en prisión y fue tratado como un malhechor por defender su vida, la de una de sus empleadas y su hacienda. (...) Ya son varios los barrios madrileños los que pagan impuestos de protección a los delincuentes. Se comprende que el señor Loinaz haya llegado a dudar del significado de la palabra justicia" (3-2-1985).
3- ¿Un amanecer de la pseudo-mistica?Al terminar estas consideraciones, no pueden evitarse algunas preguntas. Nadie puede negar a los dirigentes del PSOE una gran amplitud de horizontes. El gobierno socialista no legisla sólo para resolver problemas inmediatos, sino que tiene en vista la transformación simultánea de las mentalidades y de las instituciones para construir la nueva sociedad autogestionaria. Ahora bien, ¿no se dan cuenta los socialistas que la legislación permisiva sobre la droga hará incontenible el aumento de su consumo y de la delincuencia? No han faltado personalidades nacionales y hasta gobiernos extranjeros que lo advirtieran. ¿Por qué, entonces, el PSOE insiste en su política? Por otra parte, ¿no cree que el alto nivel de consumo de drogas es incompatible con el normal funcionamiento de cualquier sociedad organizada? ¿Esperan acaso que dicho consumo cesará espontáneamente o no crecerá más allá de un cierto límite, pese a la legislación liberalizante? ¿Quien ha visto en la historia algún vicio que cese espontáneamente? ¿Cómo resolverán los socialistas este dilema? Todos saben que el consumo de drogas está frecuentemente vinculado al deseo de pasar por experiencias místicas. Tanto es así que en España, como en otros países, se comienza a intentar la cura de la drogodependencia por medio de prácticas de misticismo oriental. ¿Es concebible que, para reducir el consumo de drogas sin verse obligados a prohibirlo, los socialistas recurran a una fórmula de éstas? Sería sorprendente que ellos cifren sus esperanzas en estimular los deleites de la pseudo-mística para sustituir los que proporciona la droga. En este caso, el apogeo del consumo de drogas daría lugar a un amanecer de la mística. No la de los santos, claro está... Una cuestión de tanto alcance c importancia como ésta pide que los dirigentes socialistas expongan claramente su pensamiento sobre el particular. NOTAS
[29] "Renovación", n°. 3 y 4, 27-9-1977, p. 29. [30] "ABC", 29-1-1984. [31] José Luis Alvarez, La contrarreforma y la droga in "Ya", 23-11-1984. [32] "Le Quotidien de Paris", 19-7-1983. [33] "ABC", 11-12-1984. Cfr. también "ABC", 13-11-1984. [34] "Diario 16", 5-7-1985. [35] José Luis Alvarez, art. cit. [36] “ABC", 13-11-1984. [37] “Diario 16", 12-12-1984. [38] Cfr. "La Vanguardia", 27-4-1985. [39] "El Alcázar", 7-9-1984. [40] Cfr. "Comentario Sociológico", julio-diciembre de 1984, p. 961. [41] José María LÓPEZ RIOCEREZO; La droga en España, p. 23. [42] “Diario 16", 22-5-1985. [43] "Ya", 26-7-1985. Ver también "El País", 14-6-1985. [44] “La Vanguardia", 23-3-1985; "Ya", 23-11-1984. [45] “Ya”, 4-11-1987. [46] Ibídem. [47] “Ya”, 26-7-85. [48] “ABC”, 10-9-1985. [49] Ibídem. [50] Ibídem. [51] Ibídem. [52] “ABC”, 18-5-1986. [53] “ABC”, 9-3-1984. [54] Cfr. “ABC”, 27-3-194.
|
